Fujimori, Toledo, Humala y más: los que se beneficiaran con la resolución del TC sobre ley de extinción de dominio
En un golpe a la lucha contra la corrupción, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la aplicación de la extinción de dominio a bienes ilícitos adquiridos antes de 2018, limitando así la recuperación de propiedades vinculadas a delitos graves. El efecto de este fallo traería noticias positivas para algunos expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o a quienes corresponda quedarse con los bienes del exdictador Alberto Fujimori.
La disposición no alcanzaría solo a los citados exmandatarios, sino también a figuras relacionadas con su Gobierno. Tal es el caso Vladimiro Montesinos o Nadine Heredia, por citar algunos casos.
Alberto Fujimori: entorno del exdictador se vería beneficiado
Los efectos de esta disposición se remontarían a las corruptelas tejidas desde la dictadura fujimorista de la década de los 90. Desde entonces hasta el 2018, bienes fueron incautados desde instituciones con la facultad para hacerlo desde la Ley de Extinción de Dominio.
Según informó en su momento el entonces fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, se recuperaron dieciséis millones de dólares relacionados con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, entre cuentas bancarias y propiedades, de los cuales una parte fue destinada a asegurar la reelección del exdictador.
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Del mismo modo, la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima confirmó que, a través de una resolución judicial, se ordenó que el inmueble perteneciente a Víctor Venero Garrido, considerado testaferro de Vladimiro Montesinos y valorizado en 4 millones 450 mil 395 dólares, sea transferido al Estado.
Tanto lo recuperado alrededor de las figuras de Fujimori y Montesinos como dentro de su entorno cercano sería devuelto a quienes corresponda tras la decisión tomada por los magistrados del TC.
Alejandro Toledo y Ollanta Humala: otro de los que sale librado con esta disposición
El expresidente Alejandro Toledo enfrenta una pena privativa de la libertad de 20 años tras ser encontrado culpable de recibir dinero de parte de la empresa Odebrecht. En medio de las investigaciones en su contra, Fiscalía dispuso la incautación de una serie de bienes patrimoniales que se encontraban a nombre del expresidente y de su círculo familiar, entre los cuales se encuentra su esposa Eliane Karp, también investigada por delitos de corrupción ligados a la mencionada empresa brasileña.
Los inmuebles ubicados en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y en la Torre Omega, que fueron comprados por más de cinco millones de dólares, así como más de 42 mil dólares en una cuenta a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, estarían relacionados con delitos de corrupción y lavado de dinero. Se sospecha que fueron adquiridos con dinero ilegal proveniente de sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el marco del proyecto IIRSA Sur.
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El entorno del expresidente Ollanta Humala también sería beneficiado por la disposición del TC. Y es que en mayo de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la incautación de al menos cinco inmuebles, además de cuentas y vehículos, como parte del proceso contra Humala y su entorno por lavado de activos, mucho antes de 2018.
Reacciones ante el fallo del Tribunal Constitucional
Distintas personalidades de la política nacional han reaccionado al fallo del Tribunal Constitucional. Tal es el caso de la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), quien señaló que esta decisión muestra que el TC esta alineado con intereses ajenos al cuidado de la democracia nacional.
"La decisión del Tribunal Constitucional sobre extinción de dominio es grave. Desnaturaliza una herramienta que ha sido clave para desmantelar redes de corrupción, minería ilegal, contrabando, trata de personas, lavado de activos y otros. El TC, que es parte de la coalición autoritaria, permite que condenados, investigados, y sentenciados conserven sus bienes, incluso si son producto de actividades delictivas. (...) El TC se pone del lado de las mafias, les otorga privilegios patrimoniales de quienes se han beneficiado del crimen y la impunidad", indicó en sus redes sociales.
Desde la otra vereda, la presidenta, Luz Pacheco, consideró que la decisión tomada por el organismo constitucional que ella preside ha sido correcta: "No puede haber una frase tan amplia que, además, bajo sospecha vaya contra el derecho fundamental reconocido constitucionalmente como es el de la propiedad"