Asesinato de Ordóñez: el juez cita a declarar el 11 de septiembre a "Mikel Antza", "Iñaki de Rentería" y Atxurra

El juez que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995 comunicará el próximo 11 de septiembre por videoconferencia a tres exjefes su procesamiento por un delito de asesinato terrorista con agravante de alevosía por su supuesta responsabilidad en el atentado que acabó con la vida con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz –en sustitución de su compañero Francisco de Jorge, titular del Juzgado de Instrucción número 1 e instructor de la causa– acuerda la medida que justifica, según expone, la prórroga de la investigación contra cinco antiguos dirigentes de la banda terrorista seis meses más, hasta el 29 de enero de 2026.

Y es que el interrogatorio de Mikel Albisu, «Mikel Antza», Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», y Julián Atxurra, «Pototo» es –como adelantó este periódico– el principal motivo para que la instrucción continúe, pues a ninguno de ellos el juez les había comunicado su procesamiento, un paso indispensable antes de cerrar el sumario.

Tanto la Fiscalía como el resto de las acusaciones –la familia del concejal del PP en San Sebastián (representada por su hermana, Consuelo Ordóñez, quien en 2015 logró reabrir la causa), el PP, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo– habían instando a De Jorge a prorrogar otros seis meses la investigación. Decisión que Pedraz considera «razonable y realista» con el fin de «concluir esta instrucción» dado que –recalca– resultaba «evidente» que era imposible concluirla antes del pasado 29 de julio, cuando expiró la anterior prórroga.

Desde los juzgados de San Sebastián

El instructor sostiene por tanto que «para el buen fin de la instrucción, tras el dictado del auto de procesamiento el 31 de enero pasado, se está en el caso de oír en declaración indagatoria a los procesados en situación de liberta»”, a los que emplaza el próximo 11 de septiembre a las once de la mañana en los juzgados de San Sebastián.

Atxurra ya fue citado en marzo de 2024 –al igual que Aguirre Lete– para comunicarle su procesamiento por videoconferencia desde la cárcel de Zaballa (Álava), pero según fuentes jurídicas ese mismo día salió en libertad y no se pudo celebrar la comparecencia fijada.

Una vez celebradas las declaraciones indagatorias, el instructor tendrá el camino despejado para acordar el cierre de la investigación, puesto que ninguno de los cinco exdirigentes de ETA ha recurrido el auto de procesamiento dictado el pasado 31 de enero. Será entonces el momento en el que las acusaciones formulen, en su caso, sus escritos solicitando las penas que piden para los acusados antes de que la Sala Penal asuma la causa.

Por el asesinato de Ordóñez el 23 de enero de 1995 –fue abatido a tiros en el «bar La Cepa» de la parte vieja de San Sebastián mientras almorzaba– ya fueron condenados Valentín Lasarte, Javier García Gaztelu, «Txapote» (como autor material), y Juan Ramón Carasatorre, «Jon».

El testimonio clave de dos etarras arrepentidos

Los cinco exdirigentes de ETA –que se desvincularon ante el juez de cualquier responsabilidad en el asesinato– desempeñaron un papel clave, según el auto de procesamiento, en la reestructuración de la cúpula terrorista tras la caída del comité directivo etarra en Bidart (Francia) en 1992. La investigación puso de relieve que fueron «Iñaki de Rentería» y «Mikel Antza» quienes se encargaron de reorganizar «estructural y operativamente» la banda terrorista. «Iñaki de Rentería» estuvo al frente de los aparatos «militar» y logístico entre 1992 y septiembre de 2000, cuando fue detenido, y «Mikel Antza» dirigió el «aparato político», una Zuba a la que se sumarían «Kantauri», Aguirre Lete y «Pototo» entre finales de 1994 y principios de 1995.

Tras el cambio de dirección, la nueva cúpula puso en marcha desde julio de 1993 una campaña de «desestabilización» del Estado con militantes del PP y del PSOE en el punto de mira como medio para obligar al Gobierno a sentarse a negociar.

Según la Guardia Civil, la Zuba o dirección de la banda terrorista en la fecha del atentado «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».

De ahí que el instructor les considere responsables de la decisión de atentar contra Ordóñez dado que por su posición jerárquica en la banda terrorista solo ellos podían dar el visto bueno a un atentado contra un político.

El testimonio como testigos protegidos de dos etarras arrepentidos es clave para apuntalar las acusaciones (tanto en esta causa como en otras contra exjefes de ETA impulsadas por Dignidad y Justicia). Ambos aseguraron al entonces juez Manuel García Castellón –en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco– que cuando había que asesinar a un político era la dirección la que daba la orden. Algo que no ocurría cuando se trataba de atentar contra policías o guardias civiles. En ese caso la decisión correspondía al «comando».