9.9 millones de razones para seguir diciendo: primero los pobres

Cada mañana, Teresa se despierta a las cinco. Prepara el desayuno para sus hijos y atraviesa la ciudad para llegar a su trabajo como trabajadora del hogar. Durante años, vivió en la informalidad: sin contrato, sin seguro médico, sin derecho a pensión. Una caída, una enfermedad, cualquier accidente podría ser una oportunidad para la asistencia voluntaria de su patrona o, lo más probable, una catástrofe. Pero hace dos años, algo cambió. Su empleadora, apoyada por un nuevo programa del IMSS, la inscribió en la seguridad social. Hoy, Teresa sabe que si algo le pasa, no está sola.

Su historia no es una excepción, es parte de una transformación profunda que atraviesa al país. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, México tiene menos personas en situación de pobreza que hace dos, diez o incluso treinta años. En 2018, antes del inicio del sexenio del presidente López Obrador, el 43.9% de la población vivía en pobreza. Hoy, esa cifra ha caído a 36.3%. Eso significa que en seis años, 9.9 millones de personas dejaron atrás la pobreza.

Este no es un avance menor, es un logro histórico. Contrasta con décadas donde ser pobre parecía una condena inevitable. En 1996, el 69% de la población vivía en pobreza, y el 37.4% en pobreza extrema. Uno de cada tres mexicanos sobrevivía en condiciones inhumanas. En esos años, la pobreza era una estadística incómoda. Hoy, son la prioridad y eso hace toda la diferencia.

¿Qué cambió? Cambió la visión de país. Bajo el liderazgo del presidente López Obrador, “primero los pobres” dejó de ser consigna para volverse política pública. El gobierno apostó por un modelo de justicia social que puso al centro dos pilares: un aumento histórico del salario mínimo —más de 110% en términos reales desde 2018— y la expansión sin precedentes de los programas sociales, que hoy llegan a más de 25 millones de hogares.

Pero hay otra transformación, menos visible y aún más estructural: la ampliación del acceso a la seguridad social.

Durante décadas, México —como gran parte de América Latina— construyó sistemas de protección social centrados en el trabajo formal y con una mirada francamente orientada en las ciudades, en las profesiones, en los hombres y en quienes generalmente más tenían. Quienes laboraban en el campo, en el hogar, como repartidores o por cuenta propia, quedaban fuera del radar del Estado. Hoy, gracias a una nueva visión dentro de la seguridad social, que termina generando nuevas regulaciones y esquemas de afiliación voluntaria, más personas pueden acceder al IMSS o al ISSSTE, aunque no tengan un empleo tradicional.

Esto no es solo un asunto de salud. La seguridad social significa estancias infantiles, pensiones, ahorro y, sobre todo, gasto menor en medicamentos, consultas o tratamientos. Es una forma concreta de redistribuir el ingreso y de construir dignidad.

Esta ruta no es exclusiva de México. Uruguay implementó un sistema nacional de salud con cobertura para trabajadores formales e informales, financiado de forma solidaria entre el Estado, trabajadores y empleadores. Argentina lanzó una moratoria previsional que permitió que millones de personas, especialmente mujeres, accedieran a una pensión sin haber cumplido todos los años de aportes. Y Costa Rica, con su Caja Costarricense del Seguro Social, ha alcanzado una cobertura casi universal. El mensaje es claro: no se trata de caridad, sino de justicia.

Y en México hay señales de consolidación. El ingreso laboral promedio aumentó 15.7% durante este sexenio. No es solo una cifra: es más comida en la mesa hoy, y una mejor pensión mañana.

La ENIGH 2024 no solo reporta que la pobreza bajó. Reporta que estamos transitando hacia un modelo de bienestar más justo, más estructural y más estable. Uno que no dependa solo del ingreso del mes, sino del reconocimiento pleno de nuestros derechos para la vida.

Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, creemos que este camino debe profundizarse. La seguridad social no puede ser privilegio de unos cuantos: debe ser derecho efectivo, sobre todo para quienes históricamente han sido excluidos. Seguiremos trabajando con los países de la región para construir sistemas que abracen a todas las personas, sin importar su ocupación, su género o su lugar de nacimiento.

Porque cuando el Estado protege, la pobreza deja de ser destino y se vuelve una injusticia corregible.

Y cuando el cuidado se garantiza como derecho, empezamos a hablar de verdadera igualdad.