Tercer grado por la corrupción: el PP cerca a Sánchez en el Congreso
Fue el pasado 9 de julio. Hará mañana un mes. Pleno en el Congreso de los Diputados. Por primera vez, Pedro Sánchez se presentaba ante sus señorías para dar explicaciones de los sucesivos escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno. En su intervención, Alberto Núñez Feijóo se presentó con un tocho de cincuenta preguntas debajo del brazo. Una a una, se las formuló a su adversario desde la Tribuna. Después, se las dejó a Francina Armengol. Pero no cosechó gran éxito. No hubo forma. Ni una respuesta. Nada. Cero. Más bien, al revés. Todos los interrogantes se quedaron en el aire, sin resolver.
Ahora, el PP pasa a la acción y somete al Gobierno a un tercer grado parlamentario. Según ha podido saber LA RAZÓN, el grupo que comanda Ester Muñoz ha llevado hasta el registro de la Cámara Baja las cincuenta preguntas, cincuenta, que Feijóo planteó a Sánchez y que éste se negó a contestar en aquel debate.
Así, el Gobierno se verá obligado a resolver algunas dudas como: si Moncloa maniobró con la Fiscalía para retrasar la investigación de las mascarillas fraudulentas, si Sánchez incluyó a José Luis Ábalos en las listas electorales del 23-J para protegerlo con un aforamiento, o si se produjo algún chivatazo por parte del Ministerio del Interior a los miembros de la trama de que se les estaba investigando.
Según explican fuentes populares a este diario, la iniciativa consiste en lo siguiente: «Hemos transformado las cincuenta preguntas de Feijóo en una batería de preguntas parlamentarias que obligará al Gobierno a responderlas por escrito». Esta vez, señalan desde el PP, no habrá escapatoria, pues no se pueden eludir preguntas parlamentarias escritas. Si bien existen mecanismos para evitar algunas de ellas o retrasar su respuesta, el principio general es que obliga algo más que un acuse de recibo. Se trata de la rendición de cuentas, principio básico en el sistema democrático español.
Para que el Gabinete de Sánchez no tenga escapatoria, el grupo popular ha fraccionado las preguntas en seis bloques. El primero, se centra en indagar sobre la posible protección del Gobierno a Ábalos desde el punto de partida, en marzo de 2022, cuando el PP madrileño presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de material sanitario vinculados a la «trama Koldo». Entonces, la UCO comenzó con las primeras actuaciones en instituciones clave del Estado.
A partir de «ese momento», sostiene el grupo popular, «el Gobierno y su presidente conocen sobradamente tanto la existencia de la investigación como los hechos que la motivan y sus ramificaciones». Y, en lugar de «asumir responsabilidades», el PP denuncia que Sánchez «ha usado su posición institucional para encubrir a los implicados, condicionar la actuación de la Justicia y articular un entramado de protección personal y política desde el propio aparato del Estado».
Dicho esto, once interrogantes preliminares, como: «¿Cesó el presidente del Gobierno a José Luis Ábalos por conocer de antemano la existencia de mordidas y contrataciones irregulares durante su etapa al frente del Ministerio. ¿Puede garantizar el presidente del Gobierno, de manera clara y contundente, que no existe ningún tipo de financiación irregular en el seno del Partido Socialista Obrero Español en el momento actual ni en ejercicios recientes desde el inicio del ejercicio de su mandato como presidente?».
El caso Santos Cerdán
En un segundo bloque, el PP centra el tiro en el «caso de Santos Cerdán» que, apuntilla, «no es un episodio aislado: es la prueba de que el Gobierno ha tolerado, facilitado e incluso coordinado el uso de aparatos paralelos de poder para proteger a sus dirigentes implicados en corrupción». Según expone el grupo popular en el preámbulo de las siguientes preguntas, «las conversaciones, grabaciones y vídeos atribuidos a Leire Díez, colaboradora directa de Cerdán, muestran que se urdió una operación para chantajear a jueces, presionar a fiscales y desacreditar a agentes de la UCO». Y todo ello, «con pleno conocimiento del núcleo de poder de La Moncloa».
Para el PP, no hay duda: «El Gobierno ha formado parte activa de una estrategia para entorpecer la acción de la justicia y blindar a los suyos, utilizando información sensible, contactos institucionales y maniobras políticas con fines de impunidad». Al respecto, la primera pregunta del siguiente ramillete es simple: «¿Recibió Sánchez a Cerdán en la Moncloa en fechas inmediatamente anteriores a la publicación del informe de la UCO que le señala en relación con presuntas irregularidades en contrataciones públicas?».
En total, figuran catorce interrogantes sobre la figura del último secretario de Organización socialista. «¿Pactó el presidente del Gobierno con Santos Cerdán retrasar la renuncia a su escaño? ¿Tiene constancia de que éste último pudo dilatar su renuncia para ganar tiempo y así destruir pruebas? ¿Sabia el presidente del Gobierno que el socio de Cerdán en la trama de obras públicas facilitó el apoyo del PNV y Bildu a su investidura? ¿Conoce el presidente del Gobierno al señor Anxton Alonso? ¿Conoce al abogado Jacobo Teijelo, que se reunió con Leire y Cerdán para activar las cloacas del PSOE? ¿Ordenó el presidente del Gobierno una cacería contra agentes de la UCO a cambio de favores de la Fiscalía?».
Los siguientes bloques, abordan otras polémicas sonoras que asedian a Sánchez, tales como el supuesto acoso sexual de uno de sus principales colaboradores, Francisco Salazar, caso que el PP vincula con la contratación de las «amigas» de Ábalos, por lo que denuncia «una segunda trama, en este caso de machismo, con episodios probados como la contratación de prostitutas con dinero público s o el mencionado caso del presunto acoso sexual de un alto cargo de la Presidencia».
Más adelante, el PP también reclama información de Begoña Gómez y el «hermanísimo», envueltos en «hechos bochornosos», sobre los que pregunta por: el rescate de Air Europa, «¿medió el presidente?», las reuniones de su esposa con empresarios que «luego han recibido fondos públicos», o el papel de empleados de Presidencia que «asesoraban a su mujer y a su hermano en sus negocios» particulares.
Las preguntas finales ponen el foco: en las sospechas que pesan sobre Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, señalados por contratos irregulares de mascarillas; y en dos instituciones clave: la Fiscalía, con su máximo responsable imputado por revelación de secretos, y el Constitucional. «¿Por qué cambió de número de móvil el Presidente unos días después de hacerlo el fiscal? ¿Se lo aconsejó este último?». O la pregunta definitiva: «¿Hay temor en Presidencia a que se conozcan conversaciones entre personas con altas responsabilidades en el PSOE o en el Ejecutivo y Conde-Pumpido con motivo de la Amnistía?»