La investigación a tres mossos por la fuga de Puigdemont se decide en septiembre
Un año después de la tocata y fuga de Carles Puigdemont, la investigación judicial no apunta a posibles negligencias en el dispositivo policial o a una dejación de funciones por parte de las autoridades políticas. El expresidente de la Generalitat, fugado de la Justicia siete años atrás, anunció su regreso a España para el acto de investidura en el Parlament y, pese a una orden de detención en vigor contra él y tras haberse solicitado sin éxito su entrega a varios países, asistió a un acto independentista en Barcelona y, cual Houdini, se esfumó de nuevo sin ser arrestado.
Pero la única causa abierta en relación a ese virtuoso ejercicio de escapismo tiene como imputados por un delito de encubrimiento en un juzgado de la ciudad condal –a raíz de una denuncia de Hazte Oír– a tres mossos dEsquadra que ya han sido «indultados» por la Generalitat, pues Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea se han reincorporado a sus puestos en la Policía catalana.
Tras doce meses de investigación, la magistrada María Antonia Coscollola, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, debe decidir a partir de septiembre si archiva la causa o procesa a los tres agentes, dado que ella misma ha apuntado en una de sus últimas resoluciones que la causa está «prácticamente concluida».
Antes, el próximo 29 de septiembre escuchará –a instancias de la acusación popular– a dos agentes de los Mossos que examinaron las grabaciones de las cámaras de la zona cercana al Arco del Triunfo, donde Puigdemont asistió a un acto independentista antes de desaparecer de nuevo, algo que según el en esas fechas jefe de la Policía catalana Eduard Sallent les pilló por sorpresa porque los Mossos no habían previsto ese escenario.
Las imágenes de las cámaras del Ayuntamiento
Y también resta conocer la decisión que adopta la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la negativa de la instructora a reclamar al Ayuntamiento de Barcelona las imágenes captadas por las cámaras municipales en las inmediaciones del lugar donde reapareció y desapareció el líder independentista, una solicitud impulsada por Hazte Oír que no encontró eco en la magistrada.
Otro recurso de la acción popular que estaba pendiente ya se ha resuelto, puesto que la Audiencia barcelonesa ha ratificado la innecesariedad de llamar a declarar como testigos, entre otros, al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y al actual presidente del Parlament, Josep Rull, uno de los condenados por su papel en el «procés».
Después de que reclamara a los Mossos «el informe operativo-dispositivo» adoptado para la detención de Puigdemont, la instructora se ha negado a indagar más en el «diseño, planificación, ejecución y desarrollo» del dispositivo policial para ejecutar la orden nacional de detención cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para cuyo esclarecimiento entiende que son suficientes los dos informes elaborados por los Mossos al respecto.
Una vez constatada la fuga del líder de Junts, Llarena ordenó a Interior y a los Mossos que le detallasen en sendos informes «los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial», pero el ministerio de Grande-Marlaska se cruzó de brazos y atribuyó toda la responsabilidad a los Mossos, los que según explicó pusieron en su conocimiento que desplegarían «un dispositivo específico y especial» para detener al líder independentista.
Interior señaló a los Mossos
Interior informó al juez Llarena que ofrecieron a la Policía autonómica «cualquier apoyo operativo» que necesitasen de Policía y Guardia Civil para ejecutar esa orden de arresto. Sin embargo, según puso de manifiesto desde los Mossos nunca se descolgó el teléfono para pedir ayuda, por lo que Interior se limitó a desplegar una operación jaula para intentar detener al expresident una vez se confirmó que se había perdido su rastro.
Uno de los informes de los Mossos en los que la instructora se basó para abrir diligencias, elaborado por la División de Investigación Interna de la Policía catalana, se centra en señalar a los tres agentes imputados, quienes acompañaron a pie a Carles Puigdemont camino del escenario del acto independentista en Arco del Triunfo y posteriormente «le escoltaban y ocultaban (junto a otras personas)». Por lo que a juzgar por el comportamiento observado, «pudieron realizar actos conjunta y coordinadamente para el logro de la finalidad perseguida», que era «evitar la detención y posibilitar la fuga» del expresident. Una actuación que requirió, según los Mossos, de un «concierto y preparación previa» que allanó el hecho de que estuvieran entrenados «en técnicas propias de escolta y protección de personalidades».