La coalición deja crecer las extorsiones en el Perú
El alarmante incremento de las extorsiones en 18 regiones del país —con picos de hasta 72% en Tumbes, 56,3% en Piura y 54,5% en Lima metropolitana— dista de ser una simple anomalía estadística. Constituye, en realidad, la expresión más elocuente de un Estado desarticulado, corroído desde sus entrañas y cada vez más funcional a la lógica de descomposición que lo invade.
La criminalidad organizada en el Perú ha dejado de ser un fenómeno subterráneo para convertirse en una fuerza que convive abiertamente con el poder, se nutre de su desidia y prospera en los márgenes de su permisividad. No son pocos los indicios de que esta expansión se ve favorecida por la connivencia tácita del régimen autoritario que lidera Dina Boluarte junto con su coalición parlamentaria.
Entre enero y julio de este año se han contabilizado 15.989 denuncias, 30 por ciento más que en el mismo periodo el año pasado. De acuerdo con varios reportajes publicados por La República, parte de estas extorsiones se orquestan desde los propios centros penitenciarios.
El co-Gobierno entre el Ejecutivo y el Congreso no solo ha evidenciado una notoria incapacidad para afrontar esta crisis. Ha sido, además, partícipe del socavamiento institucional que facilita su propagación, al auspiciar normativas regresivas como la que debilita la colaboración eficaz o la reciente amnistía, que abren peligrosamente la puerta a la impunidad.
Tales disposiciones deberán ser enmendadas con carácter prioritario por el próximo Congreso bicameral. A este le incumbirá la tarea histórica de reconstruir el andamiaje jurídico esencial para salvaguardar la justicia y restituir la institucionalidad democrática.
Ante las próximas elecciones, los aspirantes a la Presidencia y al nuevo Parlamento deben mostrar un compromiso claro que se demuestre primero en una agenda integral de seguridad ciudadana que corrija las leyes aprobadas por la actual coalición de Gobierno que buscará reelegirse, como le sea posible. La reforma del sistema penitenciario para neutralizar su instrumentalización por el crimen organizado y una transformación profunda de la Policía Nacional, basada en la eficacia operativa, deberían marcar la pauta de manera profesional.
Hoy, el crimen organizado avanza porque el régimen lo tolera y —como han sido testigos los peruanos— lo habilita. El Perú no puede darse el lujo de seguir bajo la tutela de quienes han hecho del desgobierno una forma de supervivencia política a costa del sufrimiento de los ciudadanos.