Pueblos indígenas de Perú y Ecuador rechazan plan de Boluarte para interconectar Oleoducto Norperuano
Una vez más, el Estado desconoce el derecho a la consulta previa. En su último mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte confirmó la suscripción de un acta de cooperación interinstitucional entre el gobierno del Perú y el régimen de Daniel Noboa, de Ecuador, el cual consiste en la compra directa de petróleo, sin intermediarios, y la venta directa de diesel, gasolinas y asfaltos peruanos entre Petroecuador y Petroperú, con el Oleoducto Norperuano, con el fin de transportar crudos al terminal de Bayovar y la refinería de Talara, en Piura.
Todo ello mientras los pueblos indígenas de ambos países se oponen a la explotación petrolera en sus territorios. Sin embargo, la iniciativa habría sido anticipada por el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, quien declaró a los medios de comunicación que, a la fecha, ya se estaba vendiendo combustible y asfalto a países como Brasil, Ecuador y Bolivia. Además, señaló que el mencionado acuerdo podría sustituir la producción de los lotes 192 y 64, los cuales se encuentran inoperativos desde hace más de cuatro años. La intención ha sido ratificada por el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.
"La idea de construir un oleoducto que conectaría campos petroleros del suroriente de la Amazonía ecuatoriana con el oleoducto y campos petroleros en Perú no es nuevo. Yo diría que son temas aspiracionales, pero hay varias cosas en juego. Esos anuncios tienen todo que ver con los planes de Ecuador de expandir su frontera petrolera. El problema siempre recae, además de los posibles impactos ambientales, en cómo se transportaría el crudo y cómo lo sacarían", cuestiona Kevin Koenig, director de Energía e Industrias Extractivas de Amazon Watch.
En contra de la explotación petrolera en Perú
Durante una Mesa de Trabajo convocada por la congresista Ruth Luque, quien también a presentando un proyecto de ley para prohibir la explotación petrolera en la Amazonía, representantes indígenas de las federaciones FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza), FECONACOR (Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes), ACODECOSPAT (Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca), OPIKAFPE (Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador) y FECONACO (Federación de Comunidades Nativas del Corrientes), expresaron su rechazo a la extracción de hidrocarburos y cuestionaron el rol del Estado en las reparaciones ambientales realizadas por afectación de dicha explotación.
"Venimos a llamarlos la atención y que se ponga en agenda poder ir cumpliendo los compromisos de nuestros pueblos porque (...) son necesidades que los traemos arrancados del corazón nuestras comunidades. No somos beligerantes o terroristas (...) Somos de las personas que apostamos por el diálogo, para poder encontrar la salida a estos grandes problemas históricos que ya van matando a nuestra gente, a nuestros hermanos. Estamos hablando de pueblos indígenas con grandes riquezas, pero viviendo en la pobreza", denunció el apu Alfonso López Tejada, presidente ACODECOSPAT, durante el encuentro.
En esa línea, en una carta pública emitida desde la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), y suscrita por representantes de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, se han opuesto a la iniciativa del Ejecutivo y la posible participación de la empresa estatal Petroperú en la medida anunciada por Boluarte.
"Rechazamos este acuerdo anunciado, del cual no se conoce el contenido ni cuenta con confirmación oficial del gobierno del Ecuador. Este proyecto no ha sido consultado con nuestros pueblos ni cuenta con su consentimiento previo, libre e informado, lo cual constituye una clara violación del Convenio 169 de la OIT (...) El Estado peruano y las empresas petroleras que han operado en la Amazonía mantienen una deuda histórica con nuestros pueblos.", se lee en el pronunciamiento.
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Pueblos indígenas de Ecuador en peligro por la extracción de crudo
Por su parte, el apu Juan Carlos Ruiz, presidente de la Nacionalidad Sápara de Ecuador, declara que sus comunidades tampoco no han sido consultadas por la iniciativa, menos por el gobierno ecuatoriano. Además, afirman que en el país no se ha mencionado la intención de suscribir el pacto mencionado por Boluarte. Rechazan la extracción de petróleo en su comunidad debido a la contaminación de sus aguas.
"Como pueblos y nacionalidades del Ecuador, en ningún momento hemos sido socializados ni tampoco consultado por esta interconexión petrolera. Nosotros como ciudadanos que vivimos en el territorio y convivimos con la naturaleza rechazamos ese tipo de negociaciones. Vamos a realizar una denuncia pública a la presidenta de Perú para que nos pueda responder. Nosotros somos patrimonio oral y material. Está haciendo algo ilegal y sin previa consulta de los pueblos indígenas", declara.
Lamentablemente, en este país latinoamericano, la oposición de los defensores ambientales a la actividad petrolera se castiga con la muerte. En febrero del 2023, Eduardo Mendúa, uno de los altos dirigentes y líder de la comunidad A’i Cofán Dureno, ubicada al nororiente de Ecuador, que denunció la actividad hidrocarburífera en su territorio, fue asesinado a tiros en la chacra de su casa, dos días después de que acudiera a un encuentro que exigía al gobierno del expresidente Guillermo Lasso, entre otros acuerdos, no ampliar la frontera extractiva minera o petrolera, con el fin de garantizar la seguridad de los pueblos.
"Nosotros seguimos insistiendo al gobierno nacional que se pueda responder por las causas de muerte de nuestro hermano. Seguimos en pie de lucha y unidos en la amazonía ecuatoriana hasta que seamos escuchados", enfatiza el apu.
En la actualidad, el gobierno de Daniel Noboa, que también ha impulsado la llamada 'Ronda Suroriente', también ha decidido fusionar Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas, medida que fue oficializada por decreto ejecutivo. Esta entidad, que se encarga de expandir la minería, ahora también sería responsable de garantizar la defensa de los bosques y territorios indígenas. La decisión se dio luego de un año del plebiscito del Yasuní- ITT, donde la ciudadanía ecuatoriana votó para mantener el petróleo bajo tierra y no explotarlo en campos petroleros de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní.
"Toca mirar el proyecto con una vista más grande. Lo que están haciendo, o queriendo hacer, es una expansión de la frontera petrolera en un área de alta diversidad. [Todo eso] en un momento en que el que la Amazonía está a punto del colapso. Sabemos de los antecedentes de los derrames de Petroecuador y Petroperú; y no hemos visto a las dos compañías con el deseo político remedir o compensar a las comunidades", aclara Koenig.
Constantes derrames e inacción del Estado para atender remediaciones ambientales
En tanto, en el Perú, los gobiernos Achuar, Wampís y Chapra también han denunciado que la capacidad actual del Oleoducto Norperuano genera un promedio de 156 derrames al año. Por tanto, afirman que aumentar su capacidad operativa implicaría "una irresponsabilidad mayúscula que representa una grave amenaza para toda la Amazonía" y para las mismas comunidades que habitan territorios que se superponen a las concesiones petroleras.
Estas zonas, que conforman las cuatro cuencas de Loreto, donde se agrupan más de 90 comunidades nativas de los pueblos kukama, urarina, kichwa, achuar y quechua, afectadas directa u indirectamente por lotes administrados por Petroperú, por años han sido impactadas por el petróleo que contamina sus ríos e infecta la naturaleza que sus ancestros han protegido. Denuncian que el Estado no ha podido realizar las remediaciones ambientales correspondientes a los vertimientos de crudo.
"La gran mayoría de la población en las sucesivas asambleas desde el año 2016 viene expresando su rechazo rotundo a la explotación petrolera y todo tipo de extractivismo (…) El estado no asume remediación de los pasivos y si lo hace son cosas que no ayuda mucho a las personas, que tienen síntomas de infección y manchas de la piel", denuncia Shapiom Noningo, Secretario Técnico de la Nación Wampis.
Por su parte, según Alfredo Pinillos, Gerente de Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética de Petroperú, durante la mesa de trabajo mencionada, el 90% de los derrames de petróleo que ocurren en el Oleoducto Norperuano serían provocados por terceros. Afirma que no tienen información sobre quienes estarían detrás de los ataques que califican de vandálicos. No obstante, declaró que no pueden "señalar a las comunidades. Sería irresponsable de nuestra parte".
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Sin embargo, OEFA contradice dicha versión y señala que, solo en el Lote 192, de las 105 emergencias ambientales registradas por vertimiento de crudo, 77 de ellas se dieron por la antigüedad del ducto. En tanto, Aurelio Piñola Hualinga, presidente FECONACOR, afirmó para La República que esos señalamientos estigmatizan a los pueblos, pese a que la estatal no los acuse directamente.
"Las comunidades van a levantar. Nos tocará pues sacar nuestras lanzas. Se habla sobre que la mayoría de derrames se dan dado por acto de terceros, pero ya estaba mencionado que la mayoría de ellos han sido por el tema del ducto, de lo viejo que está. Eso a nosotros nos incomoda porque están culpándonos injustamente, prácticamente como si fuéramos un grupo de vandálicos", acota.
Hasta el 30 de junio de este año, Petroperú acumula multas por un total de 71,665.6590 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 383,411,275.65, por daños ambientales, según información proporcionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a este medio. En el caso del Oleoducto Norperuano (ONP), la entidad fiscalizadora ha impuesto sanciones por 68,050.9820 UIT, que representan el 94.96 % de las multas, alrededor de S/ 364,072,753.70.
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