Más problemas con las dietas de los guardias civiles tras la polémica de las vacaciones de Sánchez
Los primeros en alzar la voz fueron los guardias civiles que formaron parte del dispositivo de seguridad de Pedro Sánchez. Los siguiente han sido los agentes que se encargan de escoltar los caudales del Banco de España que han denunciado que tienen que poner dinero de su propio bolsillo para los desplazamientos programados para cumplir con sus labores. Piden que intervenga el Ministerio del Interior.
Este problema ha sido revelado por la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Los miembros de esta entidad se han dirigido a la Secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y al Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Ambos son los firmantes del convenio para cubrir las necesidades de escolta del transporte de las remesas nacionales e internacionales de efectivo del banco. Unos cometidos que son desarrollados por la Compañía de Conducciones Especiales, perteneciente a la Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE) de Madrid.
Para llevarlos a cabo tienen que desplazarse por todo el país recorriendo las ciudades en las que hay sucursales del Banco de España, que se ubican siempre en capitales de provincia. Unos viajes que suponen que el coste de los alojamientos sea considerablemente más elevado que en otras poblaciones más pequeñas.
El problema es que los precios de los alojamientos disponibles en esas ciudades son muy superiores al importe máximo fijado para la dieta por alojamiento correspondiente al grupo 3 (cabos y guardias), que es actualmente de 48,92 euros, cuantía que permanece invariable desde hace veinte años.
Un "perjuicio económico" para los guardias civiles
Eso obliga a que habitualmente deba autorizarse el incremento de la dieta de alojamiento para los guardias civiles que prestan esos servicios, pero cuando eso ocurre no se les anticipa la cuantía. Se ven obligados a adelantar íntegramente el importe de su bolsillo, con el agravante de que además, en demasiadas ocasiones, el pago del gasto real se retrasa durante semanas o meses, generando un "evidente perjuicio económico a los afectados y a sus familias".
Además, AUGC asegura que recientemente la jefatura de la Compañía de Conducciones Especiales ha impartido instrucciones para que el servicio se considere finalizado en las propias sucursales del Banco de España. Eso provoca que no computen como tiempo de trabajo el posterior desplazamiento hasta el alojamiento correspondiente en cada caso. Dicha gestión logística es indispensable tras largas jornadas de escolta.
AUGC considera que esa interpretación vulnera el principio de tiempo efectivo de servicio y agrava el perjuicio personal y organizativo. Por todo ello, la Comisión de SEPROSE ha solicitado a la Secretaria de Estado de Seguridad y al Gobernador del Banco de España que modifiquen el convenio para garantizar la cobertura efectiva de los gastos reales de alojamiento derivados de los servicios de escolta.