Junta Nacional de Justicia consuma golpe a la institucionalidad democrática al suspender a Delia Espinoza
Son momentos difíciles para el Ministerio Público y la institucionalidad democrática en el país. La Junta Nacional de Justicia acordó suspender a la fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela por el plazo de seis meses, en el ejercicio del cargo. La resolución se tomó a pedido de la consejera instructora María Teresa Cabrera, con el voto de los consejeros Gino Ríos Patio (presidente), Cayo César Galindo Sandoval, Germán Serkovic González, Víctor Chanduví Cornejo y Jaime de la Puente Parodi.
El ex presidente del Poder Judicial, el consejero Francisco Távara Córdova fue impedido de participar para que no dejará constancia del abuso que se está cometiendo contra la doctora Delia Espinoza Valenzuela y el Ministerio Público. Es tan evidente el abuso de poder de los consejeros, que en la resolución que impone la suspensión se adelantan a justificar su decisión. Afirman que no rompe la institucionalidad y marcha del Ministerio Público pues cualquiera de los otros fiscales supremos titulares la puede reemplazar en el cargo.
“La medida cautelar de suspensión preventiva no implica afectación a la autonomía constitucional del Ministerio Público, toda vez que no interfiere en la dirección de la política de persecución penal ni en la organización interna de la institución, sino que se circunscribe al ámbito de la potestad disciplinaria que la Constitución y la ley confiere a la Junta Nacional de Justicia respecto de los magistrados del sistema de justicia”, subraya la resolución de la Junta.
La resolución de suspensión tampoco deja un ápice de duda sobre cuál será el resultado final del proceso disciplinario seguido a la fiscal Delia Espinoza: la destitución en el cargo de fiscal suprema y su separación del Ministerio Público.
Los motivos del golpe
En un acto que la convierte en juez y parte, la Junta Nacional de Justicia suspende a Delia Espinoza por supuesto desacato a la irregular resolución, de junio pasado, que reincorporó a la abogada Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.
“La investigada Delia Milagros Espinoza Valenzuela habría incurrido en un uso indebido de su investidura, como fiscal de la Nación, así como del local institucional, con la finalidad de demostrar su resistencia al cumplimiento de una resolución obligatoria, apartándose de los deberes funcionales establecidos en la Ley de la Carrera Fiscal y afectando la imagen, la autoridad y la independencia de la institución”, dice la Junta
Subraya a continuación que se “acredita la existencia de fundados elementos de convicción sobre la presunta comisión de faltas disciplinarias muy graves y graves, las mismas que podrían ser sancionadas con destitución o suspensión”.
La Junta se niega a reconocer que la resolución que repuso a Patricia Benavides como fiscal de la Nación no se podía cumplir dentro de un estado de derecho, pues ese cargo responde a la Junta de Fiscales Supremos. Si la doctora Espinoza le entregaba la fiscal de la Nación a Patricia Benavides habría realizado un abandono de cargo injustificable que si acarreaba su destitución. Ninguno de estos elementos son evaluados por la Junta. Solo dice que su resolución debía cumplirse.
En este contexto, la suspende por 1) negarse reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación según la resolución del 13 de junio; 2) continuar desempeñándose como fiscal de la Nación; 3) No convocar a Junta de Fiscales Supremos y negarse a recibir a Benavides el 16 de junio de 2025 y; 4) Haber instigado al personal fiscal y administrativo, el 16 de junio, a fin de que se constituyeran al piso 9 de la sede del Ministerio Público y permaneciera por espacio de 4 horas en ese lugar.
Además, por criticar el procedimiento disciplinario en su contra y ejercer su derecho de defensa al contradecir los hechos y argumentos expresados por la denuncia de parte y el informe de la consejera instructora, María Teresa Cabrera.
Más allá del contenido de la resolución de suspensión, la realidad es que detrás de la sanción a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza está el pacto de gobierno que controla el gobierno y el Congreso que avanza en su afán de copar todas las instituciones públicas para perpetuarse en el control del Estado en busca de una beneficio personal y de grupos vinculados al crimen organizado.
Lo que viene
La doctora Delia Espinoza puede pedir reconsideración, que lo más probable es que sea rechazada. A continuación podrá recurrir a un juzgado constitucional, en defensa de sus derechos y el Ministerio Público. En la Corte Superior de Justicia de Lima y el Tribunal Constitucional la tiene complicado, lo más seguro es que deba acudir y esperar un pronunciamiento de las instancias internacionales.
En tanto, la Junta de Fiscales Supremos deberá definir la sucesión. En lo inmediato de la hora, el fiscal supremo decano Pablo Sánchez Velarde asumirá la fiscalía de la Nación interinamente. Lo más probable, es que en las siguientes horas decline en el segundo en la línea de sucesión por antigüedad, la doctora Zoraida Ávalos. Si ya tampoco asume el encargo, los siguientes son los fiscales supremos Tomás Gálvez y Patricia Benavides.
La JNJ le notificó a Pablo Sánchez, en su calidad de fiscal supremo más antiguo, que la fiscal suprema Delia Espinoza fue suspendida en el cargo.