El paso al frente del TJUE condiciona los amparos por la amnistía
Tras la fractura que vivió el Tribunal Constitucional (TC) en la tramitación de los recursos contra la Ley de Amnistía y su polémico aval, duramente contestado en sus votos particulares por los magistrados conservadores discrepantes, la corte de garantías parece dispuesta a exhibir unanimidad en esta espinosa cuestión en el rechazo a la batería de recusaciones planteadas por los condenados y procesados por su papel en el desafío independentista en Cataluña en 2017 y, también, por la propia Abogacía del Estado.
Un cierre de filas que no se dio cuando la mayoría progresista apartó al exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías y que ahora, sin embargo, servirá para tumbar, entre otras, las recusaciones planteadas por Carles Puigdemont para intentar a apartar de su recurso de amparo –y de su petición de suspensión cautelar de la orden de prisión que el juez Llarena mantiene en vigor contra él– tanto a Macías como a los también magistrados conservadores Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.
El previsible rechazo a las recusaciones –la ponente en la petición del expresident, la magistrada Laura Díez, apuesta por la desestimación, en la misma línea que el resto de propuestas– permitirá no solo abordar de una vez la orden de prisión de Puigdemont, que el líder de Junts quiere que el TC suspenda de forma cautelar, sino también los requerimientos de Oriol Junqueras de que se deje sin efecto la inhabilitación que pesa sobre él (tras ser indultado y sortear la pena de prisión) y que le impide ser candidato hasta 2031.
Último asidero de los detractores de la amnistía
Pero en este escenario ha irrumpido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), último asidero de los detractores de la amnistía, una vez el abogado general del tribunal de Luxemburgo, Dean Spielmann, ha anunciado que hará públicas sus conclusiones sobre la adecuación de la norma al derecho comunitario el próximo 13 de noviembre. Un paso al frente que, según las fuentes consultadas, anticipa una decisión del TJUE sobre la Ley de Amnistía como muy tarde en enero de 2026.
Así las cosas, no parece probable, según esas mismas fuentes, que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido resuelva los amparos de Puigdemont y Junqueras, entre otros –que acudieron al TC para intentar revertir la negativa del Tribunal Supremo (TS) a amnistiarles el delito de malversación– antes de conocer el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE. Una resolución que, en caso de descartar que la ley violente el derecho europeo –como han planteado tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional junto a otros dos tribunales españoles– supondría un balón de oxígeno para la mayoría progresista del TC.
Fuentes del Constitucional, no obstante, se muestran cautas y aseguran al respecto que la corte de garantías estará «atenta» al dictamen del abogado general mientras «se van tramitando los recursos de amparo». No será hasta que concluya esa tramitación (todo apunta a que no será antes de primavera), apuntan, cuando «se resolverá lo procedente» en esta cuestión.
En todo caso, matizan que el objeto de ambos procedimientos «es diferente», pues al TC le corresponde «examinar el espíritu y finalidad de la norma, desde la perspectiva del principio de legalidad y los derechos fundamentales» que los recurrentes esgrimen para justificar que se les aplique la ley.
El pulso con el Tribunal Supremo
Aunque esas mismas fuentes no dejan de reconocer que es posible que el pronunciamiento del TJUE «deje sin objeto una eventual cuestión prejudicial» que se plantee el Tribunal Supremo ante el TJUE si finalmente el Constitucional concede el amparo a Puigdemont. Y es que un aval de la corte de Luxemburgo a la amnistía implicaría, hacen hincapié, que «la supuesta vulneración del derecho europeo ya se haya descartado, y sea un “acto aclarado”, que excluye la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales».
Más concluyentes se muestran sobre las recusaciones que verá el Pleno el martes, pues en el seno del TC se confía en que la inadmisión «se apruebe por unanimidad», en la medida en que los diversos ponentes defienden «un criterio unánime». Si esa inadmisión prospera, no solo se desbaratarán las recusaciones de Puigdemont, sino también las planteadas por la Abogacía del Estado (que ha recusado a Macías), Vox (que quiere apartar al propio Conde-Pumpido), el exconseller Toni Comín (alineado con el expresident al compartir abogado), el líder de ERC Oriol Junqueras, que al igual que Raül Romeva cuestiona la imparcialidad del exvocal del CGPJ, y los también exconsellers Jordi Turull (que únicamente recusó a Macías) y Dolors Bassa (con el magistrado conservador Macías igualmente en el punto de mira).