Delia Espinoza: Un hito y una fiscal valiente, por Cecilia Méndez

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acaba de hacer historia, en más de un sentido.  Su solicitud a la Corte Suprema para declarar ilegal al partido fujimorista, Fuerza Popular, es inédita. No porque sea la primera vez que el Ministerio Público solicita algo así —lo hizo, y con éxito, con el partido de Antauro Humala— sino porque esta vez no se trata de una organización política marginal, sino de una en el centro del poder político, con tentáculos en el poder económico, mediático y varios organismos del estado desde hace más de tres décadas.

Enfrentarse a este de poder en un contexto de profundo deterioro institucional y criminalidad desbordada promovida desde el propio parlamento, en un pacto de impunidad con el ejecutivo que lleva casi 3 años, es muy valiente y prueba de su independencia.  ‘Soy muy incómoda” reconoce Espinoza, recordándonos que su mandato como Fiscal de la Nación es perseguir el delito y velar por los derechos vulnerados de la ciudadanía.

Pedagogía cívica

Pero su solicitud de ilegalizar a Fuerza Popular ha sido también un acto —acaso fundacional— de pedagogía cívica, por la claridad con la que la fiscal Espinoza ha fundamentado sus propuestas, tanto verbalmente, como por escrito.  Lejos del lenguaje técnico al nos tienen acostumbrados los abogados, el alegato, al menos, a juzgar por la primera de las 364 páginas de texto (y más 3,500 páginas de anexos), que es lo único que ha estado a mi alcance directamente, rebosa en claridad.  La fiscal solicita (cito, respetando las letras en negrita, que corresponden literalmente a la ley, y el uso de las mayúsculas): la “DECLARACION DE ILEGALIDAD de la organización política  FUERZA POPULAR, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nro. 28094 - Ley de Organizaciones Políticas, por desarrollar actividades contrarias a los principios  democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales: i) promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas, medios de prensa independiente, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas,  por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión; ii) promoviendo la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política /libertad de conciencia, iii) exculpando atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000) [sic]; y iv) legitimando la violencia como método para la consecución del objetivos políticos; todas estas acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto de la norma citada.

Y prosigue: “en mérito a la CONDUCTA ANTIDEMOCRATICA atribuida a la organización política Fuerza Popular”, la fiscal solicita que se disponga: “a). La CANCELACION de la inscripción de la organización política Fuerza popular…”.

La ciudadanía vindicada

Leer este texto y lo que trascendió públicamente sobre el resto del documento, suscitó en mí una mezcla de vindicación y asombro. Vindicación, porque se trata de la propia cabeza del Ministerio Público la que se enfrenta a un poder tan enorme y vetusto, para defender a la ciudadanía de una serie de atropellos, vejámenes y acoso que hemos sufrido como sociedad, y que han sufrido magistrados de la ONPE y la JNE, periodistas, candidatos presidenciales más. Ya va a ser una década desde que Keiko Fujimori no fue capaz de reconocer su derrota electoral ante PPK (2016) y arrastró al país a una espiral de ingobernabilidad e intentonas golpistas abusando de una cláusula constitucional decimonónica referida la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, de la que, ahora que tenemos el gobierno más moralmente inepto desde la primera era fujimorista, irónicamente, ya nadie se acuerda... Buscó arrollar, más allá de ideologías, a  quien no se sometiera a sus ambiciones de gobernar país, pese a haber perdido las elecciones, siendo Castillo el mayor depositario de los agravios autoritarios, desde antes que asumiera la presidencia, con la campaña del falso fraude y, después, con los numerosos intentos de vacancia, hasta que el propio Castillo se les ofreció en bandeja con un patético gesto golpista, aunque diminuto frente al golpe que sí ocurrió cuando el parlamento comandado por el fujimorismo lo aprovechó  para  hacerse de un poder que no había ganado en elecciones, gracias al pacto con Boluarte, cimentado en la impunidad y la traición.

En este segundo sentido, el pedido de Espinoza a la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular también hace historia: nos ayuda a rememorar un pasado de afectaciones severas a nuestra sociedad y a los derechos ciudadanos, que sigue vigente, pero no debería tener cabida en el ordenamiento político.

Por último, la solicitud me trajo a la mente un artículo que publiqué en marzo de 2012, en la revista Ideele, comentando cuando el MOVADEF quiso inscribirse como partido, lo que fue denegado. Me preguntaba entonteces por qué el argumento de que el MOVADEF era antidemocrático no se aplicaba a otros partidos: “Se le increpó asimismo al Movadef”, escribí, “el no cumplir con el acápite 2 de Ley de Partidos, que exige que estos tengan como uno de sus objetivos la defensa de los ‘derechos humanos […], el sistema democrático y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado’.  Pero, si ese es el caso, con la misma lógica que hoy se rechaza al Movadef no se debió permitir la inscripción de Fuerza 2011, el partido de Keiko Fujimori, que ha avalado un golpe de estado y escuadrones de la muerte, que busca liberar a un preso condenado por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que al igual que Movadef no se ha arrepentido de sus crímenes, y los llama más bien ‘excesos’”.

Tomó una fiscal valiente y catorce años más aplicar la ley de partidos en su integridad, caiga quien caiga. Pero no menos importante es el hecho de que Espinoza formó este expediente en respuesta al pedido que una ciudadana formulara en marzo. Fueron seis meses de meticuloso trabajo.

Un nuevo contexto de movilización

El mensaje que deja Espinoza es que los ciudadanos tenemos voz y que el Ministerio Público está para servirnos. Que las leyes son un arma para defender nuestros derechos, pero no se activan solas; tenemos que hacerlo día a día, y una buena muestra de que se puede y se debe hacer es el efecto que ha tenido muy recientemente la movilización de jóvenes contra la ley de las AFP, que atenta contra sus derechos económicos y una vida digna.

Ayer, la Junta Nacional de Justicia, dirigida por un condenado por violencia familiar, ha suspendido de sus funciones como Fiscal de la Nación a Delia Espinoza, sin razón que lo amerite.  La mafia puede haber dado un paso a favor del hampa que anida en este gobierno. Pero la fiscal Espinoza ha ganado la batalla moral, lo que no es poca cosa.  Ella no se va a callar. Tampoco debemos hacerlo nosotros.