El agujero de las pensiones alcanza ya los 400.000 millones en 20 años
La supuesta bonanza y el superávit de las cuentas de la Seguridad Social son una «mera ilusión contable», ya que una vez que se ajustan los datos con las transferencias que realiza el Estado se descubre el «maquillaje del déficit contributivo que presenta el sistema». Lo constata el último informe del Instituto Juan de Mariana (IJM) sobre la financiación de la Seguridad Social y del sistema de pensiones, que se presenta coincidiendo con la celebración del Día de la Deuda de la Seguridad Social y que confirma que los ingresos totales del sistema solamente cubren los gastos comprometidos justamente hasta hoy, 3 de octubre. Es decir, que a partir de ahora y hasta el 31 de diciembre, la Seguridad Social pagará las pensiones «solamente gracias a las transferencias del Gobierno central», que se financian con el déficit y la deuda resultante. «Hoy, por cada cuatro euros que se abonan en pensiones, las cotizaciones solo aportan tres, de modo que el euro restante procede de transferencias presupuestarias financiadas con más deuda».
Por tanto, los ingresos propios del sistema únicamente cubren 276 días del año, mientras que las 89 jornadas restantes van a cargo del Estado con dinero transferido del Presupuesto Ordinario. «La situación financiera de la Seguridad Social se asemeja a la de una familia que, cada mes, agota sus ingresos en torno al día 23 y, en cambio, llega hasta el día 31 tirando de gasto con tarjeta de crédito para el resto de sus desembolsos. O, en términos de calendario anual, es el equivalente a cubrir tres de 12 meses de gasto a base de emitir deuda».
En concreto, los analistas del IJM apuntan que el Gobierno central, una vez eliminadas las citadas transferencias al sistema de pensiones, alcanzaría una situación de superávit y cubriría 366 días de gasto con sus ingresos. En cambio, en el caso de la Seguridad Social, las cuentas reales arrojan un gasto no financiero de 209.487 millones de euros frente a unos ingresos de 158.187 millones, «lo que deja como resultado un déficit de unos 51.300 millones, en virtud del cual los ingresos por cotizaciones solamente respaldan el 75,51% de los gastos totales. En esta situación, «las pensiones deberían rebajarse un 25% para ser plenamente financiadas con los ingresos propios del modelo», inciden.
La fotografía que dejan estas cifras es la de un sistema «que se sostiene sobre una base cada vez más frágil», ya que la deuda acumulada supera los 126.000 millones de euros y el déficit real equivale a 50.187 millones anuales, lo que ha obligado a desviar más de 400.000 millones de euros en transferencias estatales desde 2005 para mantener el pago de las pensiones.
Para el Instituto, el panorama es muy preocupante. «La brecha entre ingresos y gastos no deja de crecer, alimentada por la revalorización automática de las prestaciones, el envejecimiento de la población y unas cotizaciones que han dejado de ser suficientes incluso en un contexto de presión fiscal récord. «Cada año las pensiones se actualizan sobre la base del incremento anterior, generando un efecto de bola de nieve que amplifica más aún el gasto». Entienden en el IJM que aunque el número de pensionistas y la pensión inicial siguen siendo factores relevantes, la indexación al IPC ha pasado a representar el mayor tensionamiento de las cuentas de la Seguridad Social.
En 2024, esta partida supone ya en torno a una cuarta parte del gasto total en pensiones, lo que explica «por qué, pese a mayores cotizaciones y crecientes transferencias estatales, el déficit sigue ampliándose». Mientras que la pensión inicial aumenta de forma gradual, la revalorización ha experimentado incrementos extraordinarios en los últimos ejercicios, especialmente durante 2022 y 2023, coincidiendo con la crisis inflacionaria. Esto ha supuesto «inyecciones adicionales de cientos de millones de euros cada año, consolidando un patrón en el que el desajuste entre ingresos y gastos se agrava estructuralmente y dificulta cualquier intento de reconducir las cuentas del sistema».
Los datos muestran cómo, desde 2018, el coste de las cotizaciones ha crecido más rápido que el propio coste salarial, lo que implica que una mayor parte del esfuerzo del trabajador se destina a financiar económicamente el sistema. Según concluyen en el informe, «mientras las nóminas han permanecido prácticamente estancadas en términos reales, las cotizaciones han seguido aumentando, erosionando la capacidad adquisitiva de los ocupados y reduciendo su margen de consumo y ahorro».