La instrumentalización de la migración en campañas electorales: un análisis crítico de discursos que vulneran derechos fundamentales
En esta última semana de campaña electoral, he observado con preocupación cómo diversos actores políticos han intensificado sus discursos sobre migración, presentando propuestas que contravienen tanto la Constitución chilena como los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Esta columna busca reflexionar sociológicamente sobre dichos discursos, invitando a la ciudadanía a analizar con profundidad las propuestas de los candidatos y candidatas, antes de tomar una decisión que impactará el desarrollo del país.
¿Qué entendemos por instrumentalización?
Desde la perspectiva crítica de Max Horkheimer, la instrumentalización se refiere a una forma de razón orientada exclusivamente a fines utilitarios o políticos, sin considerar los valores de la dignidad humana. En el contexto electoral, esto se traduce en el uso de la migración como herramienta para captar votos, a costa de vulnerar derechos fundamentales.
El caso Walker y la reacción política
En una entrevista radial, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señaló que Chile no cuenta con suficiente mano de obra nacional para cubrir la temporada de cosecha de cerezas, estimando la necesidad de 250 mil trabajadores. A partir de esta urgencia, propuso regularizar a personas migrantes para reforzar la fuerza laboral agrícola, llamando al mundo político a “dejar el populismo”.
Su declaración generó una ola de reacciones. Algunos candidatos presidenciales respondieron con frases como: “La solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales” o “Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas”.
Incluso, un miembro del equipo de campaña de una candidata afirmó: “Quienes entraron al país de forma ilegal deberán salir de Chile voluntariamente en 120 días. Si no lo hacen, serán expulsados y no podrán solicitar un ingreso legal”.
¿Es viable expulsar a todos?
Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones, existen cientos de miles de personas migrantes empadronadas, además hay una cantidad considerable en situación irregular que no ha sido empadronado.
Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿Tiene el Estado chileno los recursos para expulsar a todas estas personas? Rodrigo Sandoval, exdirector del Departamento de Extranjería y Migración, respondió en una entrevista que el Estado no cuenta con la capacidad logística ni financiera para ejecutar expulsiones masivas. Este dato revela la desconexión entre ciertas propuestas políticas y la realidad institucional del país.
Migración y sistema de salud: mitos y verdades
Otro candidato presidencial respondió a Walker con una frase que evidencia desconocimiento: “Si el señor Walker quiere hacerse cargo personalmente de recibir a esa gente en su casa, perfecto. Si él se va a hacer cargo de sus cuentas en Fonasa…”.
Este tipo de declaraciones refuerzan la percepción de que las personas migrantes son una carga para el Estado. Sin embargo, quienes trabajan ya sea de forma regular o irregular, contribuyen al ingreso fiscal. Aquellos con empleo formal pagan cotizaciones previsionales y muchos se atienden en el sistema privado de salud.
La Ley 21.325 de Migración y Extranjería, en su artículo 14, establece que: “Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral sin perjuicio de la condición migratoria irregular del extranjero contratado”. Esto implica que las cotizaciones deben ser pagadas, aunque en la práctica muchas empresas incumplen esta obligación.
Nacionalidad y derechos de la infancia
Algunos candidatos han propuesto negar la nacionalidad chilena a niños nacidos en el país cuyos padres están en situación irregular. Sin embargo, el artículo 10 N°1 de la Constitución es claro: “Toda persona nacida dentro del territorio nacional adquiere la nacionalidad chilena al nacer, con excepción de los hijos de extranjeros en servicio de su gobierno o transeúntes”.
La Ley 21.325 define como “transeúnte” a quien está de paso sin intención de establecerse. Por lo tanto, los migrantes irregulares no son transeúntes, y sus hijos nacidos en Chile tienen derecho a la nacionalidad.
Más grave aún es la intención de restringir el acceso a salud y educación a menores en situación migratoria irregular. Esto vulnera el artículo 19 de la Constitución, que garantiza derechos fundamentales, y el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile ha ratificado. Además, la Ley 21.325 en su artículo 4 obliga al Estado a asegurar el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sin importar la situación migratoria de sus padres.
Los derechos fundamentales no están condicionados por la situación migratoria. Los menores de edad no son responsables de las decisiones de sus padres, y en muchos casos ni siquiera fueron consultados.
Reflexión final
Al comparar los discursos y propuestas de diversos actores políticos con los instrumentos jurídicos y administrativos, tanto nacionales como internacionales, se pueden extraer varias conclusiones relevantes:
Primero, muchos políticos elaboran discursos orientados a captar votos, presentando a la población migrante como una carga para la sociedad y proponiendo la expulsión como solución. Esta narrativa simplista ignora la complejidad del fenómeno migratorio y refuerza prejuicios que estigmatizan a comunidades enteras.
Segundo, se evidencia un desconocimiento profundo sobre el funcionamiento del sistema migratorio, los compromisos internacionales suscritos por Chile y los derechos consagrados en la Constitución. En lugar de promover un enfoque informado y humanitario, se recurre a interpretaciones restrictivas y nacionalistas que distorsionan el sentido de los derechos fundamentales.
Tercero, muchos candidatos no dimensionan el impacto social que puede generar prometer medidas que, en la práctica, no podrán cumplir. Estas promesas, además de ser inviables, alimentan expectativas que pueden derivar en frustración, polarización y descontento ciudadano.
Por último, en una democracia, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos. Una propuesta política que no respeta lo establecido en la Constitución ni en los acuerdos internacionales debe generar alerta. Vulnerar los derechos de personas por su condición migratoria, por ser diferentes o por considerarlas como “otros”, es el primer pasó hacia formas de autoritarismo. El silencio frente a propuestas que buscan restringir derechos no tiene precio, pero sí tiene un costo: social, político, histórico y económico. Por eso, es fundamental que la ciudadanía se informe, reflexione y actúe con responsabilidad. Defender los derechos humanos no es una opción ideológica, es un deber ético.