Punchana: viviendo al margen de un ‘río’ de desagüe e infección
Cuatro gallinazos intentan romper una bolsa de basura asentada en el agua. Otros tres, incólumes como estatuas, reposan sobre un puente de madera instalado para cruzar un desagüe a cielo abierto. Los residuos sólidos y tóxicos expanden un olor fétido en el ambiente. Son las 11 de la mañana y sobre el cielo de Loreto un sol intenso castiga con temperaturas de casi 35 grados.
Apenas a unos metros de esta escena, 15 niños de entre 3 a 5 años se apresuran a sacar sus loncheras. El aula del PRONOEI Abejita no mide más de 10 metros cuadrados. Tiene dos mesas cuadradas, un bidón de agua que es usado también como lavadero y una puerta y ventana que, por la fuerte sensación de calor, deben permanecer abiertas. No hay forma de impedir el ingreso del hedor.
“Los primeros días que llegué me dolía la cabeza, pero ya me he acostumbrado”, relata la profesora Jessica García. Tiene ya 5 años enseñando a los niños de inicial que viven en los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de septiembre en el distrito de Punchana, en Iquitos. Durante el tiempo que lleva trabajando en la zona, ha sido testigo de constantes casos de infección, fiebre y diarrea en los menores.
El foco de contagio nace en el desagüe a cielo abierto que cruza estos dos asentamientos humanos. Son aproximadamente siete cuadras de esta acequia acumulada de basura y desechos tóxicos, donde el agua se ha tornado de un tono marrón y negraseo. La situación de riesgo no es actual ni aislada, desde hace más de 20 años los habitantes de este sector conviven en un territorio insalubre.
La indiferencia de las autoridades a otorgar calidad de vida a las casi dos mil familias de Iván Vásquez y 21 de septiembre se agrava teniendo en cuenta que desde el 2023 existe una sentencia del Tribunal Constitucional a su favor, que declara inconstitucional la falta de agua y desagüe. Además, ordenaba el recojo adecuado de los desechos sólidos y cubrir el alcantarillado.
En ese entonces, a la contaminación con que convivían se sumaba el agua residual proveniente del camal municipal. Las imágenes que quedan como registro de esos años muestran la acequia teñida de rojo por la sangre proveniente del matadero. Si bien ya no se evidencian estos últimos desperdicios, aún están expuestos a los vertimientos del Hospital de EsSalud Loreto III, que desemboca en el canal.
Sobre estas condiciones están instaladas las más de 700 viviendas, muchas de ellas construidas con maderas y algunas de material noble. Existen varias tiendas, otros comercios más grandes y tres escuelas. Para llegar a sus aulas los niños deben cruzar el desagüe a cielo abierto. Una madre de la zona cuenta que en ocasiones cuando los menores juegan en las calles, sus pelotas caen a la alcantarilla y deben entrar para recogerlos.
“Cuando hace demasiado sol, el olor es insoportable. Con esa sensación los niños tienen que comer. Todos son niños que viven acá. Muchos vienen con diarrea o dolor de estómago. La basura viene del hospital”, relata Angela Sinoire mientras trata de calmar a los 10 niños que corretean en el aula.
Cada salto de los pequeños hace retumbar el salón. Se trata de otra de las escuelas ubicadas en el sector, en este caso para alumnos de entre 6 a 10 años. La estructura está construida sobre pilotes de madera, dando la impresión de que se está en un segundo piso. Debajo, montículos de basura permanecen acumulados y se han formado pozos de agua contaminada. El mismo entorno se repite en varias de las viviendas.
La sentencia del TC de 2023 impulsada por una demanda de los dirigentes de Iván Vásquez y 21 de septiembre, no solo alertó de las condiciones de riesgo en que conviven, sino marcó un precedente para la región. En ella se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en todo Loreto, es decir, se estaba vulnerando masivamente el derecho al agua potable y la falta de acceso a un sistema de agua y alcantarillado.
William Navarro Sajami fue uno de los que interpuso la demanda contra el Gobierno Regional de Loreto en 2016. Hoy con 63 años, no pierde la esperanza de llegar a ver con vida la construcción de un sistema agua potable y desagüe para su sector. Aclara que los lotes donde viven no fueron productos de una invasión, sino de terrenos reconocidos legítimamente y donados por el Aserradero Vergara.
Su optimismo, lamentablemente, se disipa ante la falta de voluntad política. Reconoce que hubo algunas mejoras tras el fallo, pero lamenta que el GORE Loreto no tenga interés en subsanar una necesidad tan básica como el abastecimiento de agua. Resulta irónico que en la región que acumula la mayor reserva hídrica del país, los pobladores de estos dos asentamientos humanos deban corretear, pagar y pelearse para poder cocinar o asearse.
Cada balde lleno cuesta un sol. Hasta 10 soles al día puede gastar una familia para comprar agua. Estas llegan en unas cisternas privadas, pero que no logran abastecer la cantidad de demanda. La calles estrechas y enlodadas tampoco permiten que puedan ingresar a las zonas colindantes al desagüe abierto, por lo que los vecinos deben recorrer cuadras cargando sus baldes y en varios viajes.
Esto en ocasiones genera disputas entre los mismos habitantes, ya que aducen que la cisterna es solo para su calle. Para el monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos y miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú), la situación con el desabastecimiento de agua responde también a un tema deshumanización. Las autoridades propician un entorno para que comunidades que deberían estar unidas para un fin común, entren en discusión.
“Lo que está sucediendo aquí es un problema de ciudadanía. Ellos son ciudadanos en los papeles, pero no en la práctica, pues se les niegan los derechos básicos. Las autoridades no solucionan este problema porque tienen una visión muy corta de la política y se dedican únicamente a administrar, no a tratar el bien común”, señala.
El último 8 de setiembre el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez Silvano, realizó una ceremonia para la colocación de la primera piedra del sistema de ampliación del alcantarillado en la calle Buenos Aires, desde donde inicia el desagüe a cielo abierto. Han pasado dos años desde la sentencia del TC y nueve desde que inició la demanda de amparo, para que las autoridades pongan sus ojos en estas comunidades de Punchana.
Sin embargo, la situación seguiría igual. Solo se trata de 180 metros de alcantarillado. La extensión de la obra terminará donde desemboca el caño que bota los desperdicios del hospital de EsSalud y que origina en gran parte la contaminación residual.
Maria Casique, actual dirigente del asentamiento humano Iván Vásquez, es consciente del panorama político que se avecina y con ello el interés por acumular votos. Algunas casas ya cuelgan en sus fachadas carteles de candidatos. "Antes venían a tomarte las manos, te besaban, te regalaban un polo, que iban a hacer tal cosa, que iban a poner un tanque, pero solo es para que nosotros caigamos en su juego y decirle que sí vamos a votar por ello", cuenta con desazón.
Para ella, si bien la obra iniciada por el gobierno regional podría marcar un avance, se debe mirar con cautela. A casi dos semanas de la ceremonia donde participaron también autoridades de la Municipalidad Distrital de Punchana, el avance es nulo. Los gallinazos, la contaminación, la basura y el olor fétido continúan.
Victoria Peñafiel vive al frente de la zona donde termina el desagüe abierto. El terreno es pantanoso y desembocan los desperdicios que recorren la alcantarilla. Confiesa que evita que sus hijos salgan de su casa para que no se enfermen, aunque la tarea parezca imposible. El menor de ellos de 5 años, casi fallece por una infección.
"Esta es la parte más vulnerable de esta zona, donde desemboca este río de basura. Los que están más adelante por lo menos pisan tierra, acá está todo inundado. Mis hijos se enferman de gripe, fiebre y la infección de zancudos, por la humedad del agua”, cuenta mientras abraza a dos de sus cinco hijos.
Su caso, podría ser uno de los más afectados, frente a la ya vulneración que habita en Iván Vásquez y 21 de setiembre. La indiferencia de las autoridades pretende dejar caer en papel muerto una sentencia que significó un gran logro. Hoy siguen siendo los mismos vecinos quienes continúan luchando por que se les respete el derecho a vivir dignamente.