Edadismo en la sanidad: cuando los años se convierten en sentencia de muerte

En los pasillos de nuestros hospitales y en las consultas médicas se está librando una batalla silenciosa contra un grupo de la población que resulta especialmente vulnerable: las personas mayores. El edadismo –la discriminación por edad– se ha infiltrado en el sistema sanitario español, contradiciendo abiertamente el artículo 14 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación, incluyendo la basada en la edad.

Uno de los aspectos más preocupantes del edadismo sanitario se manifiesta en los programas de cribado. Mientras personas de mediana edad acceden regularmente a mamografías, colonoscopias y otras pruebas preventivas, muchos mayores se encuentran con una barrera infranqueable: su fecha de nacimiento.

La justificación suele ser económica –el coste-efectividad disminuiría en poblaciones de mayor edad–, pero ¿acaso tiene precio la vida de una persona de 75 años? Numerosos estudios demuestran que excluir a los mayores de los programas de detección precoz condena a muchos a diagnósticos tardíos y tratamientos posteriores más agresivos, cuando no a muertes evitables.

Las salas de urgencias se han convertido en el epicentro de esta discriminación. El sistema de triaje, diseñado para priorizar según la gravedad, está siendo contaminado por prejuicios edadistas. Con demasiada frecuencia, los síntomas de las personas mayores son subestimados, atribuidos automáticamente al «envejecimiento normal» o directamente minusvalorados. Los casos documentados son estremecedores: ancianos con dolor torácico diagnosticados como «ansiedad» que horas después sufrían infartos masivos; mujeres mayores con dolor de abdomen agudo consideradas «estreñidas» que fallecían por peritonitis; infecciones urinarias tratadas como «confusión senil» que derivaban en sepsis mortal...

El aspecto más grave de esta discriminación se manifiesta en las prácticas de sedación y limitación del esfuerzo terapéutico. En los últimos años, hemos asistido a casos preocupantes donde personas mayores competentes y con una buena calidad de vida han sido sedadas contra su voluntad o sin su consentimiento informado, en lo que algunos expertos han denominado «eutanasia encubierta».

La línea entre el cuidado paliativo adecuado y la aceleración injustificada de la muerte se está volviendo peligrosamente delgada. Familias relatan cómo sus seres queridos hospitalizados por patologías tratables fueron sedados profundamente tras ser catalogados como «candidatos no susceptibles de tratamiento activo» basándose principalmente en su edad.

Con la reciente legalización de la eutanasia en España, el riesgo de que el edadismo distorsione la aplicación de esta ley es real y preocupante. Una persona mayor que internaliza el mensaje social de que es una «carga», que carece de valor por su edad, podría sentir presión –explícita o implícita– para solicitar la muerte, cuando lo que realmente necesita son cuidados, apoyo y acompañamiento. El consentimiento informado requiere libertad, y la libertad es incompatible con la discriminación estructural. ¿Podemos asegurar que una persona que ha experimentado el edadismo sanitario durante años toma decisiones realmente libres sobre el final de su vida?

Frente a esta situación, es un imperativo la formación específica para los profesionales sanitarios en detección y eliminación de prejuicios edadistas: protocolos claros que garanticen que las decisiones de limitación de tratamiento se basen en criterios clínicos objetivos, no en la edad; supervisión ética independiente de los casos de sedación paliativa y limitación del esfuerzo terapéutico; accesibilidad universal a los programas de «screening», eliminando las barreras por edad; y establecimiento de mecanismos de denuncia accesibles para pacientes y familias que experimenten discriminación por estas cuestiones.

La sociedad española tiene una deuda con sus mayores, aquellos que construyeron el país que hoy disfrutamos. No podemos permitir que sus años de contribución se conviertan en su sentencia cuando más nos necesitan. La sanidad debe curar, no discriminar; debe aliviar, no apresurar; debe dignificar, no desechar. Nuestra Constitución es clara: la edad no puede ser motivo de discriminación. Es hora de que el sistema sanitario español cumpla con este mandato fundamental. La vida, toda vida, tiene el mismo valor a los 20, a los 60 o a los 90 años. Cualquier política, protocolo o práctica clínica que, de manera directa o indirecta, establezca diferencias de trato, limite el acceso a diagnósticos o tratamientos, o menoscabe la calidad de la atención basándose en la edad de una persona está violando el artículo 14 de la Constitución Española y los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.Por lo tanto, nuestra denuncia de que el edadismo en los «screening», los triajes o las decisiones de final de vida contradice la Constitución, se sustenta en una base legal sólida e incuestionable. La edad no puede ser una sentencia que condene a una persona a una atención médica de segunda clase.

Ejemplos reales de edadismo los hay en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas: protocolos no escritos que establecen límites de edad arbitrarios; subestimación sistemática de síntomas en personas mayores; atribución de patologías al envejecimiento en lugar de investigar causas tratables; exclusión automática de opciones terapéuticas basándose en la edad cronológica; y falta de consentimiento informado adecuado en decisiones de limitación de tratamiento.

Tanto el Defensor del Pueblo como el Consejo General de Colegios de Médicos, y la Sociedad Española de Geriatría han denunciado la practica corriente del edadismo. El edadismo no es una percepción, sino una realidad contrastada que vulnera derechos fundamentales y pone en peligro la vida de las personas mayores en todo el territorio nacional.

Es necesario tomar medidas urgentes y concretas para garantizar la igualdad en la atención sanitaria, reformando la normativa y protocolos clínicos, desarrollando guías clínicas basadas en criterios de capacidad funcional y estado de salud global, no en la edad, y revisando obligatoriamente todos los programas de cribado para eliminar exclusiones por edad. También con Indicadores específicos de calidad asistencial por grupos de edad en el Sistema Nacional de Salud, y estableciendo medidas necesarias para transformar el sistema sanitario español en un modelo donde la atención se base en las necesidades individuales y no en prejuicios. Solo así se puede cumplir con el mandato constitucional de igualdad y dignidad para todas las personas.