La consejera de Salud del Gobierno balear, Manuela García, ha desvelado en el Parlamento regional que entre un 60% y un 96% de las adjudicaciones del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) superiores a 100.000 euros realizadas durante la pandemia incumplían la Ley de Contratos del Sector Público . Así lo reflejan los resultados preliminares de la auditoría externa encargada por el actual Ejecutivo autonómico sobre los expedientes tramitados por la vía de emergencia bajo el Govern presidido por Francina Armengol. Según ha explicado García, la auditoría ha revisado 60 expedientes correspondientes a compras y adjudicaciones ejecutadas durante la gestión del Covid-19. La consejera ha asegurado que en la «mayoría de los casos», el informe que justificaba la contratación de emergencia se redactó una vez ejecutado el encargo, y no antes, como exige la normativa. Asimismo, señala que prácticamente ningún contrato estaba formalizado por escrito, que en «casi la totalidad» de los expedientes no constaba acta de conformidad ni documento de recepción del material, y que una «parte muy importante» de las adjudicaciones nunca se publicó en el perfil de contratante, incumpliendo las obligaciones de publicidad y transparencia. «No existían documentos firmados en prácticamente ningún expediente» , ha reiterado García, quien ha subrayado que estas deficiencias suponen anomalías graves incluso bajo el marco flexible de la contratación de emergencia durante la pandemia. Los contratos afectados incluyen, entre otros, adquisiciones de mascarillas caducadas y equipamiento sanitario cuya trazabilidad resulta difícil de acreditar por la ausencia de documentación formal. Los resultados definitivos de la auditoría, elaborada por una empresa independiente, se harán públicos en las próximas semanas, pero los resultados preliminares adelantados por la consejera de Salud concluyen que las contrataciones del anterior Govern -liderado por la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Congreso- se realizaron en un contexto de «ausencia total de controles, de documentación y de garantías legales» . El informe apunta a fallos sistémicos en la supervisión, tramitación y registro de los expedientes durante la gestión de la pandemia. García, visiblemente crítica, ha arremetido además contra la anterior consejera de Salud, Patricia Gómez, ahora diputada del PSIB-PSOE, a quien acusó de haber faltado a la verdad en la comisión de investigación sobre el llamado caso mascarillas. «Debe dejar su acta de diputada por haber mentido en sede parlamentaria» , ha afirmado. Las conclusiones de esta auditoría coinciden con la investigación abierta por la UCO de la Guardia Civil sobre los contratos de mascarillas y material sanitario adquiridos en Baleares a través de la presunta trama del comisionista Víctor de Aldama, en la que también figura el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, colaborador cercano del entonces ministro José Luis Ábalos . La investigación judicial examina si existieron sobrecostes, irregularidades en los procesos de contratación y una posible red de intermediación fraudulenta que habría operado durante los momentos más críticos de la pandemia.
