Carlos Cuadrado y casos de corrupción en municipalidades: “Hay un relajo en la estructura de control existente”

Casos de corrupción en municipios, con exalcaldes declarados culpables por cohecho grave, fraude al fisco y otros delitos —como el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy—, además de denuncias de Contraloría por desorden financiero en municipalidades y ministerios, levantan nuevas críticas hacia el funcionamiento del Estado y los controles sobre la administración pública.

Denuncias por desvío de recursos, licitaciones dirigidas, contratación de asesores sin funciones claras y pagos irregulares han afectado a alcaldías de distinto signo político en los últimos años, mostrando que el problema traspasa coaliciones y territorios. Paralelamente, la discusión sobre la llamada “ley de amarre”, los operadores políticos y la estabilidad funcionaria en el Estado ha encendido un debate mayor sobre probidad, profesionalización y captura de instituciones públicas.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el exalcalde de Huechuraba y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado Prats, entregó su visión sobre la situación actual que sacude a diversos servicios públicos en los últimos años. “Yo creo que el Estado no ha hecho lo necesario para no tener escándalos periódicos”, partió criticando el también diputado electo.

“Yo creo que es necesario que se haga un control magnífico de lo que debe ser un funcionario público, tanto en preparación como en probidad, como en funciones específicas a desarrollar”, manifestó, advirtiendo debilidades institucionales que terminan “desprestigiando la labor pública”.

El exjefe comunal enfatizó que, pese a la multiplicidad de controles formales que pesan sobre los municipios, estos no siempre operan con la eficacia necesaria. Cuadrado recordó que existe fiscalización del Concejo Municipal, del Departamento de Control, de la Contraloría y de los sistemas de transparencia. A ello le sumó la labor de los medios de comunicación. Sin embargo, reconoció que “hay un relajo en la estructura de control existente”.

“Muchas veces los concejales no hacen la labor fiscalizadora que debieran desarrollar. A veces la Contraloría no hace su labor investigativa con profundidad”, cuestionó el exalcalde, asegurando que “el Estado tiene que hacer una revisión de los entes de control existentes hasta el momento”.

Cuadrado subrayó que: “Muchas veces lo que surge con denuncia y castigo para los alcaldes aparece en función de reportajes, no de la investigación que regularmente debiera hacer la Contraloría General de la República, por lo tanto hay una labor de modernización que debería tener la Contraloría para efecto de mejorar el control del servicio público local”.

Cuadrado apuntó también a la idoneidad de las autoridades y funcionarios, señalando que el nivel de complejidad legal, presupuestaria y técnica que hoy enfrentan los municipios exige un estándar superior. “Los requisitos para entrar a cumplir funciones en el aparato estatal tienen que ser distintas a la que existía hace 100 años… la gente que ingresa al Estado tiene que tener un nivel superior de educación”, planteó.

“Es importante considerar que cada vez, a nivel municipal, son más las exigencias técnicas, son más las leyes y son más los presupuestos que disponen los municipios. Y por lo tanto los criterios existentes hasta ahora para ser alcalde, para ser concejal, tener cuarto medio solamente se hace complicado en función no de cuando te va bien, sino en el sentido de cuando no se tienen las competencias suficientes para cumplir a la expectativa de la persona que te nombró”, insistió el diputado electo.

Ante el debate reciente, Cuadrado puso el acento desde su experiencia en la claridad de responsabilidades dentro de los equipos municipales, defendiendo estructuras pequeñas pero altamente calificadas para evitar brechas que lleven a prácticas indebidas.

A su juicio, por otro lado, los desafíos del Estado actual exigen alta preparación técnica y regulatoria, lo que obliga a revisar incluso la política salarial: funcionarios de alto nivel —dice— deben ser remunerados competitivamente para evitar la fuga de talento al sector privado. “El Estado cada vez requiere mejores funcionarios, quizás no tantos si tu tienes buenos funcionarios, pero los funcionarios buenos compitiendo con el mercado tienen que ser pagados como corresponde a precio mercado”, indicó Cuadrado.

Además, Cuadrado sostuvo que el Estado debe revisar integralmente su estructura de control y sus estándares de ingreso, advirtiendo que de lo contrario los problemas se repetirán: “El Estado para el futuro tiene que dotarse de funcionarios que tengan mejor preparación que la que han generado los problemas que hoy tenemos”.

Ley de amarre y operadores políticos

Sobre el debate por la llamada “ley de amarre”, el exalcalde llamó a analizar el contexto político en que surge la discusión, en medio de un cambio de ciclo de gobierno. “Cuando se termina una elección que se pierde… da todos los elementos necesarios para que quienes están al frente piensen que esto es una ley de amarre”, señaló, agregando que el tema es sensible porque cruzó la estabilidad laboral en el Estado y la desconfianza política.

En su opinión, la controversia se amplificó por mal timing político. “Es una discusión que se debe dar, no fue el momento adecuado para hacerlo y finalmente tendrá que hacerse cuando corresponda”, recalcó.

Asimismo, lamentó una utilización del debate y una “doble mala lectura” de lo que se discute. “Porque se habla mal de la política y además se habla más de los funcionarios públicos que se pretende cuidar o dar estabilidad laboral en función de que aparecen como si los funcionarios públicos tuvieran una condición excepcional o fuesen privilegiados dentro del Estado de Chile”, lamentó el exjefe comunal.

Respecto de los operadores políticos y los cargos de confianza, Cuadrado reconoció que el sistema de concursos públicos no ha logrado garantizar estabilidad ni meritocracia plena, porque cada cambio de gobierno termina removiendo a quienes ganaron por Alta Dirección Pública. A la vez, criticó cierta hipocresía política: “Si hay tanta preocupación… de tener disponibilidad de cargos, es porque ellos también quieren hacer lo mismo que hicieron los que estaban antes y que ellos critican”.

En tanto, Cuadrado insistió que el debate sobre estabilidad funcionaria debe darse en un contexto libre de presiones electorales y con un objetivo claro: fortalecer el Estado y no capturarlo políticamente. El desafío, concluyó, es contar con un “aparato público sólido, profesional y éticamente robusto, capaz de enfrentar los problemas del país sin caer en nuevas crisis de legitimidad”.