La cuenta atrás de Puigdemont: se juega su regreso en tres meses

Más de ocho años después de su huida –a raíz de la incipiente instrucción judicial de la causa del «procés»–, Carles Puigdemont afronta con el nuevo año tres meses determinantes para su posible regreso a España. La negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicarle la amnistía, al excluir el delito de malversación por el que está procesado del objeto de la polémica norma, le abocó a fiar su futuro personal y político a la Justicia europea y, también, a lo que diga el Tribunal Constitucional (TC) respecto a su demanda de amparo. Y en uno y otro caso el primer trimestre de 2026 va a resultar clave.

En el entorno del líder independentista están convencidos de que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –que debe resolver las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, sobre la adecuación de la ley al derecho comunitario– será favorable a sus intereses. Y más tras hacerse públicas las conclusiones del abogado general de la UE, que en la gran mayoría de los casos suele anticipar el fallo definitivo que adopta la corte de Luxemburgo.

El pasado noviembre, el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, concluyó que la ley no es una «autoamnistía», que no afecta a los intereses de la UE y que tampoco violenta la directiva comunitaria contra el terrorismo –por la aplicación a los siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo–. Y fuentes próximas a Puigdemont consultadas por LA RAZÓN se muestran convencidas de que el TJUE acogerá esos argumentos, despejando el camino hacia la efectiva aplicación de la Ley de Amnistía tanto a los huidos, con Puigdemont a la cabeza, como a los ya condenados por el Tribunal Supremo, que tras ser indultados por el Gobierno (lo que les permitió salir de prisión) siguen inhabilitados, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Aunque no hay una fecha fijada para que Luxemburgo resuelva esas cuestiones prejudiciales, todo apunta a que el TJUE dará a conocer su decisión como muy tarde el próximo mes de febrero.

El Supremo decidirá

Con esas premisas, consideran que el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente de resolver los recursos de amparo del «procés», entre ellos el del expresidente de la Generalitat, se verá abocado a conceder los amparos por vulneración de derechos fundamentales (previsiblemente antes de marzo), anulando la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación.

Pero, en todo caso, son conscientes de que será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra: decidir si rectifica y aplica la amnistía a procesados y huidos o, por el contrario, plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre el encaje en el derecho comunitario de una ley que obliga a amnistiar delitos de malversación, precisamente en un momento en que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión tramitan una nueva directiva anticorrupción que endurece la lucha contra el desvío de fondos públicos.

Ninguna de las preguntas que han hecho llegar al TJUE los tribunales españoles hace referencia a la interpretación del Tribunal Supremo que concluye que en la malversación del «procés» hubo un «beneficio personal de carácter patrimonial» por parte de los líderes independentistas (al no haber pagado de su bolsillo la financiación del proceso soberanista en Cataluña en 2017). Se trata, precisamente, de uno de los supuestos que la propia Ley de Amnistía excluye de su ámbito de aplicación.

Sin embargo, Puigdemont y su entorno esperan que el TJUE vaya «un poco más allá» de las conclusiones del abogado general y «deje muy claro el tema de la malversación». «Dirá que no hay un enriquecimiento personal en el uso de fondos públicos para actividades políticas», apuntan las fuentes consultadas. De esta forma, señalan, al Tribunal Supremo se le cerraría la puerta para plantear una posible cuestión prejudicial que paralizase la aplicación de la amnistía hasta que Luxemburgo se pronunciase al respecto.

«El TJUE no quiere que se planteen más prejudiciales desde España sobre la malversación», añaden antes de recalcar que un pronunciamiento en ese sentido conllevaría que esta espinosa cuestión se considerase desde ese mismo momento un «acto aclarado», que haría «inadmisible» –recalcan– el planteamiento de cualquier otra prejudicial sobre el mismo asunto».

Reacción en cadena

En Waterloo, por tanto, vislumbran una reacción en cadena tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: en primer lugar, en el Tribunal Constitucional concediendo los amparos y anulando la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía y en segundo lugar, empujando al alto tribunal a rectificar y aplicar la medida de gracia a los condenados y huidos del «procés», sin margen para demorar más la efectividad de la norma acudiendo a la Justicia europea.

«El objeto de los amparos no se vaciaría porque son derechos constitucionales, pero lo que diga el TC estará amparado por el TJUE. No podrán desmarcarse ni un ápice. Por eso están esperando», apuntan fuentes próximas a Puigdemont, que no ven «margen ninguno para que el Supremo vaya al TJUE». «Sería muy penoso para el Supremo que le inadmitan una prejudicial por tratarse de un acto aclarado», inciden.

Pero lo cierto es que, a expensas de lo que diga la corte de Luxemburgo, la posibilidad de que el alto tribunal acuda al TJUE es real, en la medida en que las fuentes consultadas hacen hincapié en que las dudas planteadas sobre la adecuación de la Ley de Amnistía al derecho comunitario no se refieren a la interpretación de la Sala Penal y del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», sobre el delito de malversación de caudales públicos.

Primer "match ball"

La decisión de acudir al TJUE por parte del Supremo supondría la paralización de la aplicación de la amnistía a los condenados y huidos, pero está por ver si acarrearía también mantener en vigor las medidas cautelares contra Puigdemont (sobre quien pesa una orden de detención y prisión que complica su regreso). Si Puigdemont decidiese regresar tras el fallo del TJUE y una vez amparado por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, todo apunta a que quedaría en libertad (incluso con una cuestión prejudicial ya planteada y pendiente de resolver) tras la obligada comparecencia en el Tribunal Supremo para comunicarle su procesamiento por delitos de malversación y desobediencia.

El factor desencadenante de la resolución del TJUE en el que confía Puigdemont tendrá una consecuencia inmediata: tras resolverse las prejudiciales, hasta el Supremo llegarán renovadas peticiones de los condenados y huidos de que se les aplique la amnistía (siempre y cuando Luxemburgo descarte que la ley choque con el Derecho de la Unión). Será el primer «match ball» ante el alto tribunal en un primer trimestre del año decisivo para la vuelta de Puigdemont.