Organizaciones feministas alertan de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025

Organizaciones feministas (Alianza contra el Borrado de las Mujeres y Federación Mujeres Jóvenes) han alertado de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025.

En este sentido, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia en declaraciones a Europa Press una "acumulación de déficits en la gestión pública", marcado por fallos en servicios esenciales "sin explicaciones inmediatas y suficientes", así como por "incumplimientos reiterados" de compromisos legislativos y un "control deficiente" del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.

También critica la "falta de transparencia" en la aplicación de determinadas normas, lo que para la organización "dificulta de manera objetiva su evaluación y limita la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para realizar una valoración fundada de sus efectos reales".

Asimismo, indica que los fallos registrados en el sistema de pulseras para maltratadores "evidencian graves deficiencias" en el contrato firmado durante la etapa de la exministra de Igualdad, Irene Montero.

"Dicho contrato presentaba lagunas que permitieron el traspaso del servicio de una empresa a otra sin las garantías técnicas y de control necesarias para un dispositivo que afecta directamente a la seguridad de mujeres en situación de riesgo extremo", subraya.

Igualmente, señala que esta "debilidad contractual" no es "problema menor", ya que "se trata de un servicio crítico cuya interrupción o mal funcionamiento tiene consecuencias directas sobre la protección de las víctimas y sobre la confianza en el sistema institucional de respuesta frente a la violencia machista".

Una vez identificados los problemas derivados del contrato, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que "la reacción del Ministerio no estuvo a la altura de la gravedad de la situación", ya con la socialista Ana Redondo al mando.

"Era imprescindible una comparecencia inmediata para ofrecer explicaciones, tranquilizar a las víctimas y trasladar pautas claras de actuación mientras se resolvían los problemas técnicos. Resulta igualmente negativa la tardanza en la elaboración de un informe exhaustivo que identifique con precisión dónde se produjeron los fallos y si existe responsabilidad por parte de la empresa adjudicataria. A día de hoy no se ha aclarado si se han activado las salvaguardas previstas en el contrato ni si se aplicarán las sanciones correspondientes", indica.

Por otro lado, la organización destaca que el retraso con la ley contra la trata "resulta especialmente grave en un contexto en el que España sigue siendo uno de los principales países de destino de redes de trata con fines de explotación sexual, y las víctimas no cuentan con todos los mecanismos de protección, atención y reparación que un marco legal integral debería garantizar".

En la misma línea, reprocha al PSOE, como partido mayoritario en el Gobierno, que no esté explorando otras mayorías parlamentarias que permitirían avanzar en la lucha contra la explotación sexual, "lo que impide conocer la posición de la derecha española en esta materia".

También recalca la "absoluta falta de transparencia" del impacto de la aplicación de la Ley Trans sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. "Desde hace meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres viene formulando preguntas al Gobierno sobre datos, evaluaciones y efectos concretos de la norma, encontrando como única respuesta un muro de silencio, dilaciones administrativas y excusas formales", asevera la organización.

De la misma manera, precisa que se ha documentado "un número creciente" de casos en los que hombres que se autoidentifican como mujeres han utilizado esa oportunidad para obtener beneficios o ventajas en el ámbito de la violencia contra las mujeres, desvirtuando los mecanismos de protección diseñados para corregir una desigualdad estructural basada en el sexo". "Negar la existencia de estos casos o calificarlos de anecdóticos no contribuye a fortalecer las políticas públicas, sino a debilitarlas, y supone una falta de respeto tanto a las víctimas como al principio de evaluación rigurosa de las leyes", apunta.

Respecto a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres detalla que el Ministerio de Igualdad no ha ofrecido información pública sobre en qué casos ha exigido la devolución de dinero usado incorrectamente ni qué criterios ha aplicado para fiscalizar su correcta utilización.

Para la organización, "esta falta de control efectivo y de rendición de cuentas consolida una pauta preocupante de permisividad institucional". Así, afea al departamento que dirige Ana Redondo que no haya actuado "con la firmeza necesaria" para garantizar que los recursos públicos destinados a combatir la violencia machista se empleen realmente con ese fin.

"La ausencia de sanciones claras y de informes públicos debilita el Pacto de Estado, erosiona la confianza ciudadana y vacía de contenido una de las principales herramientas consensuadas contra la violencia hacia las mujeres", insiste.

Por su parte, la Federación Mujeres Jóvenes alerta de un "preocupante retroceso marcado por la normalización de discursos antifeministas, la radicalización misógina de internet y la reproducción estructural de las dinámicas patriarcales" en los distintos partidos políticos.

"El balance de este año en materia de igualdad confirma una realidad preocupante: el feminismo es aceptado sólo cuando no incomoda, cuando no cuestiona privilegios y cuando no exige cambios reales en las relaciones de poder que vertebran nuestra sociedad", asegura en declaraciones a Europa Press.

En la misma línea, la Federación lamenta que una "ola misógina" se haya hecho este año con el control del discurso dominante en redes sociales. "Movimientos como el denominado 'incel' o 'red pill' han alcanzado tal nivel de visibilidad e influencia que están empujando a sectores de la juventud a cuestionar consensos en materia de igualdad que hasta ahora gozaban de una amplia aceptación social", expone.

A su juicio, estos entornos "no solo normalizan el odio hacia las mujeres o la violencia sexual, sino que erosionan principios democráticos básicos vinculados a los derechos humanos".

Además, advierte de la "pérdida de confianza" de las mujeres en los espacios políticos "como posibles herramientas para el cambio de las estructuras patriarcales de poder, puesto que quienes dicen defender la igualdad no son capaces de sostenerla en sus propias organizaciones".

Igualmente, critica la "incoherencia" entre el discurso público y las prácticas internas en cuestiones como el consumo de prostitución y la violencia sexual, señalando que esta "hipocresía" genera un efecto negativo sobre la participación femenina en la política.

De cara al próximo año, la Federación exige un refuerzo de los recursos contra las violencias machistas, blindar las políticas públicas frente a los cambios ideológicos y garantizar la aplicación íntegra de la legislación vigente.

"En 2026, la igualdad tiene que dejar de ser un mero elemento discursivo para convertirse en un pilar esencial de la democracia que exige responsabilidades y consecuencias para quienes incumplan sus compromisos", explica.

En todo caso, la Federación reclama "coherencia" y agrega que sin ella "los discursos desde el poder no son más que hipocresía que conllevan un coste democrático" que terminarán "pagando" las mujeres.