El informe patrimonial de Ábalos, clave en el estudio de la caja del PSOE
La Guardia Civil tiene ya en su poder la documental entregada por el PSOE a la Audiencia Nacional relativa a sus pagos en metálico entre 2017 y 2014. Se trata de abundante material que para su estudio se cotejará tanto con todo lo incautado en los registros a los cabecillas de la trama como con los informes patrimoniales de José Luis Ábalos elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO).
Así lo confirman fuentes de la investigación a LA RAZÓN, las cuáles precisan que los servicios jurídicos del PSOE han entregado al procedimiento un pendrive con numerosos documentos relacionados con los abonos en metálico de la caja pagadora. El magistrado Ismael Moreno solicitó todo este material tras abrir una pieza separada dentro del caso Koldo para investigar si, como sospecha el Tribunal Supremo, se pudo producir una operativa de blanqueo con estas entregas de sobres que recogía Koldo García y, en ocasiones, su expareja Patricia Úriz o su hermano Joseba García. El instructor actuó a petición de la Fiscalía Anticorrupción que quiere esclarecer si estas entregas cuadran con las liquidaciones de gastos oficialmente contabilizadas en Ferraz.
Tras recabar toda esta documental, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 procedió a declarar secreta la pieza. Según expuso, la gravedad de los hechos investigados y el "carácter reservado" de la documentación aportada por el PSOE hacía necesario declarar el secreto de las actuaciones, toda vez que la misma afecta a "cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios". De esta manera, accedió a lo solicitado por la formación socialista, que pidió que protegiera esta parte de la investigación para evitar que la misma cayera en manos de las acusaciones populares, que integran, entre otros, el PP.
Metálico para toda la Ejecutiva
El objetivo de la solicitud es esclarecer si estas entregas tenían soporte en las liquidaciones contabilizadas por el partido. El PSOE, días antes de que declarase como testigo el exgerente Mariano Moreno, aportó información adicional al Tribunal Supremo en la que desveló que extrajo casi un millón de euros de su cuenta bancaria entre 2017 y 2024 para pagos en metálico de la caja. Estas explicaciones sorprendieron a los investigadores y al propio juez, que durante la testifical de Moreno mostró su sorpresa porque el partido retirara tanto dinero del banco cuando podía retribuir los gastos adelantados a través de transferencia, como hizo Hacienda con los imputados.
Además, el magistrado quiere comparar los reintegros a Koldo, Ábalos y Cerdán con los otros efectuados por Ferraz, especialmente después de que el exgerente explicara que este sistema no solo rigió para la Secretaría de Organización que dirigió Ábalos, sino también para toda la Ejecutiva. Con todo, la UCO pondrá el foco en las entregas de dinero a Koldo y Ábalos, toda vez que estas partidas no coincidieron en las fechas con las devoluciones de gastos contabilizadas por Ferraz. Las mismas se reafirman, además, con los mensajes incautados a los investigados. Destacan especialmente los que se intercambió Koldo García con su expareja Patricia Úriz, a quien le encargó en algunas ocasiones que acudiera a por los sobres.
En otras, fue ella misma la que actuó: "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa" reza un mensaje de febrero de 2019. Para los agentes, se trata de entregas "llamativas" ya que, según la documental aportada por el partido, Ábalos llevaba cinco meses sin cobrar efectivo de la formación y Koldo tres. La UCO plasmó estas novedades en su informe patrimonial sobre Ábalos del pasado 3 de octubre. Precisamente, este oficio va a servir de guía ahora a la UCO para estudiar los papeles del PSOE. El partido, una vez se publicó el contenido de este documento, matizó ante el Supremo que se trataba de abonos que no estaban personalizados, sino que iban destinados a los empleados de la Secretaría de Organización.
Las sospechas sobre Koldo
Pero este alegato, defendido también por Moreno Pavón y la empleada de Ferraz Celia Rodríguez, no convence al juez. Más bien al contrario, Puente mostró su estupefacción durante las testificales con el hecho de que no se comprobara que dichos fondos llegaban a sus destinatarios finales. Tampoco entendió por qué Koldo García (que no tenía cargo alguno en el PSOE) era la persona encargada de recoger este efectivo. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, llegó a preguntar incluso si el entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes tenía despacho en Ferraz, a lo que el exgerente respondió de manera negativa.
A todo ello se añaden las sospechas de la UCO de que la trama operó durante esos años con una cantidad de dinero en efectivo que podría provenir del cobro de mordidas. De hecho, una de las primeras constataciones de la Guardia Civil cuando arrancó esta causa en la Fiscalía Anticorrupción fue el hecho de que no registraron extracciones de efectivo de las cuentas bancarias de Koldo en aquel período. Además, consta también que asumió gastos de todo tipo para su exjefe (desde el pago de la hipoteca hasta la manutención de sus hijos menores) sin que este se los devolviera.
Igualmente cuentan con la confesión de Víctor de Aldama, que dijo que abonó durante aquellos años una media de 10.000 euros al mes a Koldo para que le abriera las puertas de la Administración o, también, los movimientos de dinero una vez se recogían las entregas de Ferraz por parte del entonces matrimonio García-Úriz. De hecho, en el informe patrimonial de Ábalos, la UCO desveló que Patricia se habría llevado parte de los billetes obtenidos para proceder a su cambio en Navarra. A los mismos se referían con el nombre en clave de "chistorras", "soles" y "lechugas", en función de su valor. Las entregas se produjeron antes de las elecciones generales de 2019.
Por estos hechos, el magistrado Moreno ha citado a Úriz para el 20 de enero. Anticorrupción sostiene que aparecen indicios de un presunto delito de blanqueo sobre la mujer de Koldo, que ya figuraba imputada en estas diligencias desde el inicio de las mismas por haberse beneficiado y haber participado presuntamente "en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos".