Consumo exige a varias plataformas retirar anuncios de alojamientos turísticos en los asentamientos israelíes en Palestina

El Ministerio de Consumo ha ordenado a siete multinacionales la retirada de sus plataformas de más de un centenar de anuncios de alojamientos de uso turístico ubicados en territorios palestinos ocupados por Israel. El departamento que dirige Pablo Bustinduy se acoge al real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que en su artículo 4 establece como “ilícita” la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

En total, este ministerio ha detectado 138 anuncios, publicados en siete plataformas, a las que ha enviado ya un primer requerimiento en el que “se les ha instado a la inmediata retirada o bloqueo en España” de las páginas identificadas, bajo la advertencia de que “si no lo hacen, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones” por parte de este departamento, indican desde Consumo en un comunicado difundido este martes.

Aunque el ministerio no señala el nombre de las compañías, para proteger las actuaciones, sí indican que “Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino”.

Esta organización publicó en septiembre un informe en el que señalaba a aquellas compañías que “facilitan el genocidio, la ocupación y el apartheid de Israel”. Aunque el documento hacia hincapié en empresas de defensa o infraestructuras, como Boeing, Lockheed Martin o la vasca CAF, también apuntaba que compañías del sector turístico online “han contribuido al mantenimiento, la consolidación y la expansión de asentamientos ilegales israelíes”.

Amnistía Internacional citaba en su informe a Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor, a quienes habían pedido ya en 2019 “que se desvincularan responsablemente de hacer negocios” allí, pero que seis años después “siguen teniendo anuncios en ellos”.

“Estas empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos o sufrir las consecuencias de sus actos”, señaló en septiembre la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, quien advirtió que sus responsables “deben asegurarse de que no están implicadas en forma alguna en la ocupación ilegal y los crímenes de derecho internacional de Israel”, ante el “riesgo de incurrir en responsabilidad civil y, en algunos casos, incluso de posible responsabilidad penal por complicidad en los crímenes de Israel”.

En julio, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, elaboró otro informe en el que enumeraba a las empresas que colaboran con la ocupación de Israel, en el que incluía un apartado sobre el “turismo de ocupación”. “Las principales plataformas de viajes en línea, utilizadas por millones de personas para reservar alojamiento, se benefician de la ocupación vendiendo un turismo que sostiene las colonias, excluye a los palestinos, promueve las narrativas de los colonos y legitima la anexión”.

“Una comunidad cálida y amorosa”

Albanese menciona específicamente a dos: Booking y Airbnb. Estas compañías, señala el informe, “anuncian propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes” y figuran en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2020. Ambas habrían ampliado sus anuncios en la zona en los últimos años, en algunos casos con mensajes que “blanquean la violencia de los colonos”. El informe cita un anuncio de Airbnb en Tekoa, que promociona el enclave ocupado como una “comunidad cálida y amorosa”.

El Ministerio de Consumo no indica el nombre de las plataformas a las que ha enviado este primer requerimiento, pero si señala que los alojamientos que anuncian en ellas “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial ilegal bajo el derecho internacional”. En el comunicado, recuerda que “en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law presentó una demanda en Francia contra un famoso servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada”.

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado publicó el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, para facilitar el cumplimiento del artículo 3 del real decreto-ley de medidas contra el genocidio, que prohíbe la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes. Consumo se acoge también a este listado, de más de 200 códigos, donde están ubicados los alojamientos que las plataformas deberán retirar de sus páginas en España.

Desde este ministerio recuerdan que según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, “los Estados tienen la obligación de tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”, algo que perseguía el real decreto-ley aprobado por el Gobierno en septiembre y cuya medida más relevante fue el embargo de armas.

La investigación abierta por el ministerio sobre estas siete multinacionales llega apenas una semana después de que el último Consejo de Ministros aprobase la transferencia de “material de defensa y doble uso” israelí para el gigante aeronáutico Airbus, empresa de la que el Estado español tiene un 4%, aplicando la excepción en nombre de “intereses nacionales” que permitía el real decreto-ley. En concreto, el Gobierno justifica esa excepción alegando que el material es fundamental para varios proyectos que tienen un “importante efecto arrastre para el sector [aeroespacial], que se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción” y para “preservar miles de empleos de alta cualificación en España”.

Esta decisión no sentó bien al socio minoritario del Ejecutivo. En la reunión del gabinete del pasado martes, donde se aprobó la medida, los ministros de Sumar, entre los que se encuentra el de Consumo, Pablo Bustinduy, registraron una serie de objeciones como forma de protesta. Esta es la única vía formal que tienen para expresar su rechazo a las decisiones que se firman en el Consejo de Ministros.