Japón y su costoso aporte tecnológico a estos 4 países de América Latina para vigilar sus aguas y frenar la pesca ilegal china
Japón anunció un ambicioso plan de asistencia a cuatro países de América Latina para enfrentar la creciente presencia de flotas pesqueras chinas que operan de forma irregular en las aguas de la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés destinó 300 millones de yenes (aproximadamente 1,9 millones de dólares) para proveer equipos de vigilancia marítima, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para también controlar sus zonas económicas exclusivas ante actividades pesqueras no declaradas o ilegales.
La asistencia japonesa se produce en un contexto regional marcado por la preocupación por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que afecta la sostenibilidad de recursos marinos clave. Expertos y medios de comunicación internacional han reportado que muchas embarcaciones pesqueras asiáticas, con especial protagonismo de flotas chinas, operan cerca de las costas de esas naciones latinoamericanas, a menudo con sus transpondedores GPS apagados para evadir la detección.
¿Cuáles son los 4 países de América Latina que recibirán drones de Japón para frenar a China?
Los cuatro países latinoamericanos que recibirán el respaldo japonés para enfrentar la pesca ilegal china son Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Estos gobiernos serán los principales beneficiarios de los equipos y tecnología proporcionados por Tokio para reforzar sus sistemas de vigilancia marítima.
La asistencia incluye drones de vigilancia marítima, botes patrulleros inflables y software de análisis de imágenes aéreas que permiten identificar con mayor precisión el registro de las embarcaciones, el tamaño de sus tripulaciones y las rutas que siguen, incluso cuando los buques intentan evadir los sistemas de rastreo tradicionales apagando sus transpondedores. Con estas herramientas, las autoridades locales podrán mejorar la detección y respuesta ante actividades INDNR, fortaleciendo la protección de sus recursos naturales y la soberanía marítima.
Alerta en América Latina por la pesca ilegal china
La presencia de buques pesqueros chinos en aguas latinoamericanas ha generado alarma por la ilegalidad china, que afecta la sostenibilidad de especies marinas y la economía de las comunidades costeras. La pesca INDNR abarca actividades que violan leyes nacionales o internacionales, no son reportadas o se dan en áreas sin medidas de gestión adecuadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta actividad puede representar hasta un 30% de algunas capturas globales, con impactos ambientales y económicos graves.
Organizaciones como Global Fishing Watch, formada por Google, SkyTruth y Oceana, han destacado la importancia de la transparencia y el monitoreo satelital para observar la actividad de miles de embarcaciones en tiempo real, lo cual ayuda a revelar patrones de pesca sospechosa, incluidas aquellas que operan en alta mar cerca de las zonas económicas exclusivas de los países de la región.
La pesca ilegal china en Perú y regiones específica
En el caso de Perú, la pesca de especies altamente demandadas como el calamar gigante (Dosidiscus gigas) fue especialmente afectada por la presencia de buques pesqueros extranjeros, entre ellos muchos de bandera china, que faenan a gran escala en áreas del Pacífico Sur. En 2021, seguimiento satelital mostró que cientos de embarcaciones chinas estuvieron activas cerca de las zonas de pesca peruanas y ecuatorianas, lo que causó preocupación por el agotamiento de recursos y la competencia desleal con flotas locales.
Además de la pesca en alta mar, en Perú y otros países latinoamericanos también se reportaron incidentes de pesca ilegal en la "Milla 201", una zona sin regulación internacional frente a la costa argentina donde operan más de 300 buques asiáticos, incluidos muchos chinos, asociados a la captura de calamar y otras especies. Esta situación contribuye a la presión sobre los ecosistemas marinos y ha motivado respuestas diplomáticas y operativas de los gobiernos regionales.