¿De qué acusan a Julio Iglesias? Empleadas denuncian agresiones en ‘la casita del terror’ del cantante

Esta vez el cantante Julio Iglesias no es noticia por los memes de cada año en redes sociales, sino por asuntos más delicados: dos mujeres que trabajaron para él lo acusan de presuntos delitos de acoso y agresión sexual.

Los señalamientos contra Julio Iglesias se hicieron públicos a partir de una investigación periodística elaborada por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias, cuyos hallazgos motivaron la apertura de diligencias por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

De acuerdo con la información difundida este 13 de enero, las denunciantes (bajo los nombres ficticios de Laura y Rebeca para cuidar su identidad) relataron hechos ocurridos en 2021, cuando se desempeñaban como empleada del hogar y fisioterapeuta del cantante en distintas propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Ambas mujeres aportaron documentación y testimonios que, según los medios que realizaron la investigación, respaldan su relación laboral con el intérprete y describen conductas que podrían constituir delitos.

Esto sabemos de la denuncia contra el cantante Julio Iglesias

Las dos extrabajadoras denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional hechos que, según el escrito al que tuvo acceso eldiario.es, podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, así como “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”.

La denuncia también menciona posibles lesiones y delitos contra los derechos laborales por la imposición de condiciones abusivas.

Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021, cuando ambas mujeres trabajaban en las residencias de Julio Iglesias. Según sus relatos, las agresiones incluyeron penetraciones sin consentimiento, tocamientos, bofetadas, humillaciones físicas y verbales, así como un ambiente de intimidación constante.

Una de las mujeres describió la residencia del cantante en Punta Cana, República Dominicana: “A esa casa hay que llamarle ‘La casita del terror’, de verdad, porque es un drama, un terror, una cosa horrible”.

En ese mismo contexto, ambas denunciantes aseguraron que estaban obligadas a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Julio Iglesias es señalado como el principal responsable, pero la denuncia sostiene que no actuó solo, ya que dos mujeres habrían colaborado con él en el reclutamiento de las trabajadoras y en la imposición de las condiciones en las que vivían y trabajaban dentro de las viviendas.

Por ello, argumentan que los hechos deben entenderse como parte de una estructura organizada o “grupo criminal”, orientada a la comisión del delito de trata y no como conductas aisladas, detalla eldiario.es.

Abren investigación preprocesal contra Julio Iglesias

Tras hacerse públicas las acusaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen bajo secreto. Según informaron fuentes fiscales a EFE, la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y tiene como objetivo determinar el alcance de los hechos y la posible competencia de la Audiencia Nacional para investigarlos.

Las fuentes consultadas no precisaron qué delitos concretos se investigan, debido al carácter reservado de las diligencias. No obstante, la legislación española permite que los tribunales del país conozcan de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean ciudadanos españoles, como es el caso de Julio Iglesias.

Gobierno español condena presuntos delitos de Julio Iglesias

El Gobierno español manifestó su postura de llegar “hasta el final” en la investigación. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declaró tras el Consejo de Ministros: “No vamos a mirar hacia otro lado”, al tiempo que pidió que no exista “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”.

En tanto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en la red social X que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema” y confió en que “se investigue y se llegue hasta el final”.

Redondo añadió: “Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión”.

Las denuncias también generaron reacciones encontradas en el ámbito político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su apoyo al cantante en un mensaje publicado en X, en el que defendió su trayectoria artística.

Estas declaraciones fueron criticadas por representantes de la izquierda española, entre ellos la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien calificó el mensaje como una expresión de “machismo” y cuestionó la defensa pública del artista.

Julio Iglesias se niega a hablar sobre la denuncia en su contra

Según la investigación periodística, Julio Iglesias no respondió a ninguno de los intentos de contacto realizados por eldiario.es y Univisión Noticias, ni tampoco a los realizados por la Agencia EFE.

Tras la publicación de las informaciones, la editorial española Libros del Asteroide anunció una próxima edición “revisada y actualizada” del libro El español que enamoró al mundo, biografía de Julio Iglesias escrita por Ignacio Peyró. En un comunicado, la editorial y el autor expresaron su “profunda consternación” por los hechos difundidos y señalaron que la obra original se elaboró con base en la información pública disponible antes de conocerse la investigación.

“Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer, en cuanto sea posible, una nueva edición revisada y actualizada”, indicaron, al tiempo que condenaron “de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso” y expresaron su solidaridad con las víctimas.

Por ahora, las diligencias de la Fiscalía continúan en una fase preliminar y bajo reserva. Las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para judicializar la denuncia y, en su caso, definir la competencia del tribunal que conocería del caso.

Con información de EFE