Contra la derecha, defensa radical de la inmigración

 'Vox defiende abiertamente deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos' (El País).

A continuación, una breve recopilación de textos ya publicados por organizaciones de extrema derecha. 

“Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”. España está “en un momento de no retorno”, que exige “una transformación sin precedentes” debido al “reemplazo demográfico” que “está cambiando la configuración de la sociedad”. “Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete, o más de siete, ocho millones, son personas que han venido de diferentes orígenes en muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”, lo que ha originado “que las calles en muchas ocasiones no sean de los españoles, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas no sea la misma”.

“Estamos perdiendo España”, los musulmanes “no forman parte de la nación española”.“ Los ciudadanos necesitan volver a sentirse seguros”, “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar la igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”. “No queremos gente así en nuestro país: les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”.

“Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad y provocando la desesperación de nuestro pueblo. ”Que la inmensa mayoría de los españoles está a favor de las deportaciones masivas de los ilegales y de los legales que cometen delitos“. Llegan a España, ”a ocupar, a violar, a robar o a matar“, o a ”imponer religiones extremas que buscan acabar con la mujer“, ”sí importamos barbarie, vamos a tener barbarie“.

Frente a estas arengas tan ofensivas, nos ha parecido necesario recuperar la Ley de Partidos Políticos -LO 6/2002- para conocer su grado de cumplimiento por dichas organizaciones políticas. Es significativo que, ya en la Exposición de Motivos, se afirme lo siguiente :“El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático (…) impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia (…)”.Y añade: “La Ley opta por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad”. Continúa, afirmando, que dicha Ley “se sitúa en una posición de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al máximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia”.

A partir de estos principios, la Ley considera, como fundamento de la actividad de los partidos, el respeto a “los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”. Y describe como causa de su posible suspensión o ilegalización “(...) la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”. Y para “apreciar y valorar” dichas conductas pueden tenerse en cuenta “las resoluciones, documentos y comunicados del partido”, así como “el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas” y “las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”. Y se precisa que corresponde al Ministerio Fiscal velar por “el ajuste [de los partidos] a los principios democráticos en su funcionamiento y actividad”. Una relevante responsabilidad.

Además de estas previsiones legales de obligado cumplimiento, la protección de los migrantes requería de una protección penal, expresada el al artículo 510 del Código penal con la tipificación de los delitos de “odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo o persona perteneciente al mismo por “motivos racistas” u otros referentes a la “ideología, religión o creencias ” o a la “pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional”. O, además, cuando “entrañen humillación, menosprecio o descrédito”. Con circunstancias agravantes cuando a través dichas conductas “se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos”.

Ante estos instrumentos legales, es evidente que la respuesta institucional presenta unas bases sólidas para garantizar el pleno respeto a la inmigración, particularmente a la que procede del norte de África. Así resulta de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Afirma, en la Exposición de Motivos, que dicha Ley se propone “establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales” y “reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración…que apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas”.

Y describe, como ejes de las políticas migratorias, las siguientes: “La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía” .“La igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, “La efectividad del principio de no discriminación”, “La garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes reconocen a todas las personas”, “La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas”, “La persecución de la trata de seres humanos” y “La igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social”.

Es evidente que el rigor y trascendencia de este marco normativo, complementado por otras disposiciones, no podrá ser afectado por normas que limiten o impidan los objetivos y medios descritos para garantizar una inmigración admitida y acogida con una normativa rigurosamente democrática. Máxime, cuando la situación real no es especialmente satisfactoria.

Basta con repasar algunos de los datos de las organizaciones especializadas en el estudio y atención de la realidad inmigratoria. Según el Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, en 2024 se registraron 1.102 situaciones de discriminación, un 27,4% más que en el año anterior. “El racismo y la xenofobia representan el principal motivo de discriminación por séptimo año consecutivo, 314 incidencias, representando un 30% (...), el derecho que se ha vulnerado más ha sido la integridad moral”, señala el informe. “Con respecto a las personas que denuncian situaciones de discriminación, el 55% son mujeres, y la franja de edad mayoritaria es la que se encuentra entre los 40 y 64 años”. Asimismo, dicha organización monitoriza “discursos públicos de figuras políticas y mediáticas para identificar posibles delitos de odio”.

Y óomo no citar el Informe de Fedea (24/3/2025), que concreta en un 18,2% el porcentaje de la población de España nacida en el extranjero. Respecto al empleo, destaca que, de los 5,2 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral español entre 2002 y 2024, “un 75% tienen nacionalidad doble o extranjera”. Y, añade, que en España “la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral es valorada positivamente por una holgada mayoría”. Y una breve referencia al dato que consta en el Informe de SOSRacisme sobre 2024, en el que las Oficinas de Información, Atención y Denuncias recogieron un total de 544 denuncias relacionadas con incidentes racistas y/o discriminatorios. Otorgando una especial atención al que denominan “racismo institucional”, por denegación de accesos a prestaciones de servicios públicos.

Y, finalmente, no podemos desconocer la gravísima situación de la inmigración ante el problema de la vivienda. El acceso a la misma, ya muy difícil para los ciudadanos españoles, en su caso, desborda cualquier previsión.El ejemplo reciente más significativo fue el desalojo, el pasado 17 de diciembre, de 400 inmigrantes de un antiguo Instituto de Badalona donde estaban viviendo desde hacía mucho tiempo. La orden de desalojo fue dada por el alcalde de Badalona, del PP. Como dijo con acierto SOSRacisme, fue “el desalojo más grande de la historia reciente, en el que alrededor de 400 personas fueron expulsadas de su lugar de vivienda sin ninguna alternativa residencial, dejándolas literalmente en la calle”. Muchos de ellos/as parece que aún viven bajo un puente. Pero la realidad cotidiana alcanza niveles gravísimos. Cáritas advertía que en el área metropolitana de Barcelona está consolidándose el “alquiler más precario y el aumento del hacinamiento en los hogares”. Así lo reflejaba un estudio que describía como vivían, en una habitación de un piso de Trinitat Vella, los padres y sus tres hijos menores. Es uno de los grandes retos que continúa planteando la inmigración.

Ante esta realidad, estimo que deben cesar, ya, los discursos despiadados y excluyentes sobre la inmigración. Son, esencialmente, inhumanos y antidemocráticos.