El SMI, un muro para el empleador: hasta 6.000 € más al año por trabajador
El aplazamiento de la negociación del nuevo salario mínimo interprofesional entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales esconde la negativa de Hacienda a indexar los contratos públicos a la subida del SMI, como reclama la patronal y apoyan los sindicatos. Pero de fondo se encuentra también que Yolanda Díaz lleva años elevando este límite salarial con el apoyo único de los sindicatos, algo que quiere cambiar ahora, logrando que ya no se tenga en cuenta la Ley de Desindexación vigente. Pero necesitará algo más para convencer a empresarios y autónomos. Trabajo ha propuesto un incremento del SMI del 3,1% para 2026, manteniendo la exención de tributación, mientras que la CEOE se mantiene en el 1,5% y los sindicatos presentan su brindis al sol del 7,5%, aunque aceptarían sin dudarlo el 3,1% ofrecido.
Fuentes consultadas por LA RAZÓN confirman que Díaz aprobará la subida propuesta aunque no logre arrancar la indexación a María Jesús Montero, titular de Hacienda, que se sigue negando. Por tanto, si se confirma la subida del 3,1% y el Gobierno decide mantener la exención del IRPF, el SMI pasaría de los 1.183 euros de salario base al mes actuales en 14 pagas a situarse en casi 1.221 euros, lo que elevaría el sueldo anual en 513 euros, desde los 16.562 euros actuales hasta aproximadamente 17.075 euros, 42 euros al mes.
Este último incremento significaría que, desde 2018, Yolanda Díaz ha elevado el SMI un 53,57%, que se traducen en 485 euros más al mes. Una cifra que se queda aún muy por debajo del coste real que deben afrontar empresarios y autónomos, ya que si a la parte de la nómina que pagan de más se le añaden los costes que se generan, el coste adicional que deben afrontar se dispara hasta el 67,67%, es decir, una diferencia de 807 euros por cada trabajador desde 2018, incluida la subida del 3,1% que se quiere aprobar en 2026.
Si finalmente Montero tampoco accediera a que no tributara el SMI en el IRPF, la cuenta se dispararía aún más, ya que la subida real sería entonces del 4,7%, que situaría la cuantía mensual en torno a 1.239 euros y un salario anual cercano a los 17.340 euros. Pero esto sin contar con las cotizaciones sociales que debe asumir el empleador, a lo que hay que añadir la equivalencia de las pagas extra y demás costes asociados. Por tanto, un empleador, ya sea un autónomo o una pyme, tendría que soportar un coste total por empleado que superaría los 23.000 euros anuales, aunque con la cotización del 4,7% la cifra final se iría por encima de los 24.000 euros anuales, es decir, entre 700 y 1.050 euros extras al año por cada trabajador contratado con el salario mínimo, al sumar al sueldo base de 1.221 euros los 203,4 de pagas extras, 469,5 euros de Seguridad Social EMPSA, 92 euros de Seguridad Social del tramo del trabajo.
Según el último barómetro de perspectivas del ATA, uno de cada tres autónomos vio descender su actividad en 2025 respecto al año anterior, uno de cada cuatro cree que su actividad descenderá a lo largo de este 2026 y casi el 82% afirma que los gastos que afectan a su actividad han aumentado en el año que acaba de cerrar, un aumento que cifran por encima del 16% y que se multiplicaría este año con una nueva subida del SMI.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha vuelto a advertir de que elevar el salario mínimo un 3,1% es «inasumible para el eslabón más débil de los empleadores del país. Tenemos menos autónomos empleadores y menos empleo generado por ellos. Es decir, que un total de 950.000 autónomos generan empleo, la mayoría entre 1 y 2 trabajadores, son el único segmento del sector empresarial que lleva dos años destruyendo empleo. Hoy hay trabajadores que ganan más que su propio autónomo empleador y más de la mitad de los autónomos no llegan al SMI, según sus ingresos fiscales».
Por ello, ATA presentó esta semana un decálogo con las reclamaciones que han presentado de nuevo al Gobierno, que se resumen en la exención de cotizaciones desde el primer día durante las bajas por enfermedad que impidan continuar la actividad; la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año; recortar las declaraciones fiscales de cuatro a dos o incluso a una anual; compatibilizar el trabajo con cobrar el 100% de la pensión de jubilación; clasificar e incrementar las deducciones de gastos, para ofrecer mayor seguridad jurídica; mejorar el acceso al cese de actividad; establecer un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones; sumar dos semanas de baja por maternidad correspondientes a la lactancia, y devolver el exceso de cotización de oficio a los autónomos en pluriactividad.
Por su parte, desde UPTA defienden que el salario mínimo debe subir de manera razonable, pero también que se deben atender las demandas que desde hace décadas reclama el colectivo. Por eso ha vuelto a denunciar que la prestación por cese de actividad del colectivo es un «gran fiasco», ya que seis de cada diez solicitudes son denegadas. Su presidente, Eduardo Abad, alerta de que esta prestación no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo y es «un mecanismo ineficaz y profundamente restrictivo, ya que el 58,8% de peticiones son rechazadas». En este sentido, subraya que se está «expulsando» del sistema de protección a miles de autónomos que cesan su actividad de manera involuntaria en sectores con mayores dificultades de continuidad. «No es de recibo que, tras cotizar durante años por esta prestación, más de la mitad de las solicitudes sean rechazadas».