Frenos políticos para electrificar el transporte pesado
El sector de la movilidad eléctrica reclama liderazgo, incentivos y coherencia regulatoria para descarbonizar de uno de los pilares del transporte en España
La electrificación del transporte pesado en España avanza muy por debajo de su potencial, lastrada por la falta de liderazgo político, gobernanza, planificación adecuada, incentivos a la demanda y coherencia regulatoria. Este ha sido el dictamen del ecosistema empresarial vinculado a la movilidad eléctrica que se ha reunido en la IV Jornada de la Plataforma PIRVEP, celebrada el 14 de enero en Barcelona.
El encuentro, organizado por AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) en colaboración con el ICAEN (Institut Català de l’Energia), tuvo como objetivo recoger las necesidades y propuestas del sector empresarial para elaborar un documento que será remitido a la secretaría general de Industria, a cargo del impulso del Plan Auto 2030.
Cerca de un centenar de profesionales, entre ellos fabricantes de vehículos, OEMs (fabricantes de equipos originales), operadores de recarga, empresas energéticas y representantes institucionales, participaron para analizar los retos y oportunidades del vehículo eléctrico pesado en el marco del Reglamento europeo AFIR.
Entre las principales conclusiones del sector destaca la ausencia de una autoridad claramente responsable dentro del Gobierno para liderar la electrificación del transporte pesado, lo que impide “articular una estrategia público-privada coherente y activar incentivos eficaces para la adquisición de camiones y autobuses eléctricos”.
“La electrificación del transporte pesado no es un problema tecnológico, sino regulatorio, fiscal y de planificación. Sin decisiones urgentes, España corre el riesgo de quedarse atrás en uno de los pilares de la descarbonización y de la competitividad industrial”, ha afirmado en el foro Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.
Este riesgo es especialmente relevante en un país donde el 95-96% del transporte de mercancías se realiza por carretera, y donde el sector está altamente atomizado, con un predominio de pymes y micropymes.
Otra de las conclusiones del debate apunta a la debilidad de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos pesados. Mientras países de nuestro entorno como Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia o Bélgica despliegan programas de incentivos ambiciosos y estables, “España sigue perdiendo atractivo para fabricantes, operadores y flotas”.
El sector alerta también del cuello de botella que se aprecia en la red eléctrica, con una ocupación media del 88% en la red de distribución y con los nudos de red completamente saturados en un tercio de las provincias, lo que frena nuevos proyectos de recarga de alta y muy alta potencia. A ello se suma un marco regulatorio que, según los participantes, desincentiva la inversión privada.
Transición y rentabilidad
En este contexto, los operadores de puntos de recarga (CPOs) afrontan importantes dificultades para desplegar infraestructura para el transporte pesado, más allá de iniciativas puntuales como el programa Moves Corredores del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El ecosistema empresarial relacionado con la electrificación coincide en señalar una incongruencia estructural entre los objetivos de descarbonización y la política fiscal vigente: así, el gasóleo profesional mantiene ventajas fiscales mientras que la electricidad soporta sobrecostes que penalizan la electrificación. Con una fiscalidad coherente, argumenta, la electricidad podría llegar a ser hasta un 35% más barata, lo cual favorecería la competitividad del transporte eléctrico pesado.
La jornada contó con la apertura institucional de Anna Camp, directora general del ICAEN, quien destacó el esfuerzo realizado en Cataluña para el despliegue de infraestructuras de recarga y la agilización de los procedimientos administrativos.
Por su parte, Assumpta Farran, jefa de la Unidad de Transporte del Institut, detalló el plan de inversiones anticipadas en la red eléctrica catalana, que suman 1.540 millones de euros adicionales anuales entre 2026 y 2030 con los que se prioriza la descarbonización del transporte y la gestión administrativa de proyectos de recarga de alta capacidad. Farran subrayó que “la transición energética no puede ir en contra de la rentabilidad de las empresas”.
La jornada incluyó además una mesa redonda titulada Retos y oportunidades del vehículo eléctrico pesado, moderada por Ferran Menescal, delegado de AEDIVE en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En ella se abordaron proyectos reales de autobuses eléctricos en Cataluña, la llegada de nuevos modelos de camiones eléctricos al mercado, la necesidad de anticipar inversiones en redes, la evolución de la recarga de megavatio (MCS) y la falta de agilidad administrativa.
Una de las lecturas más claras que se obtuvieron fue que la electrificación del transporte pesado es técnicamente viable y económicamente rentable, siempre que se acompañe al sector “en lugar de imponerle soluciones sin un marco estable y previsible”.