Tomás Gálvez archiva investigación contra Patricia Benavides y miembros de la JNJ
El fiscal supremo Tomás Gálvez resolvió archivar la investigación seguida contra Patricia Benavides y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que promovieron su fallido retorno al Ministerio Público el 16 de junio de 2025. La medida alcanza a quienes suscribieron la resolución 231, considerada ilegal por diversos sectores del sistema de justicia.
La disposición fue emitida cuando faltaban solo dos días para que Delia Espinoza enfrente una audiencia decisiva ante la JNJ, en un proceso que podría terminar con su destitución como fiscal suprema. Dicha audiencia se realizó este 22 de enero en la sede de la JNJ, donde sucedieron altercados entre la presidenta María Teresa Cabrera y Espinoza.
Con el archivo, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia involucrados en la resolución quedan liberados de cualquier responsabilidad penal por los hechos ocurridos durante el intento de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, pese a las cuestionadas irregularidades del procedimiento.
Archivo libera de responsabilidad penal a los miembros de la JNJ que intentaron reponer a Patricia Benavides
La disposición fiscal concluye que no existen elementos suficientes para continuar con la investigación por los hechos del 16 de junio, cuando el pleno de la JNJ aprobó la resolución 231 con el objetivo de restituir a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Con ese pronunciamiento, el caso queda cerrado en el ámbito penal.
El archivo beneficia a todos los magistrados que votaron y firmaron dicho documento, quienes quedan liberados de cualquier imputación por el intento de revertir la destitución de Benavides. La decisión fiscal elimina así la posibilidad de que se evalúe en sede penal la legalidad de una actuación que generó una grave crisis institucional.
El archivo alcanza también a Benavides en su condición de beneficiaria directa del intento de reposición, cerrando cualquier posibilidad de indagación penal sobre su rol en esa operación institucional.
La resolución de Tomás Gálvez opera como un blindaje para la actuación de la Junta Nacional de Justicia en ese episodio, al descartar de plano que la aprobación de la resolución 231 pueda ser considerada como una conducta punible, pese a que su ejecución fue detenida y cuestionada por distintos órganos del sistema de justicia.