El escándalo generado, con amplio eco a nivel nacional, por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas del entorno municipal, que desveló este diario el pasado jueves, podría no quedarse en una polémica de carácter político, con las dimisiones ya confirmadas de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman.
