Perder poder para que las reglas en Europa sean iguales para todos. Este viene a ser el planteamiento de Carlos San Basilio , presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sobre la supervisión y autorización de los proveedores de servicios de criptoactivos . La razón: que el hecho de que ahora mismo cada país de la UE sea el que vigila y da el OK a estas empresas genera coladeros en algunas jurisdicciones más laxas. Es por ello que apuesta por centralizar en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) toda esta materia. El reglamento Mica es la norma europea que regula el mercado de 'criptos' en la UE y entró en vigor a finales de 2024. Con esta legislación se pretendía regular la emisión y oferta de criptoactivos, proteger a los inversores, establecer requisitos para los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo y garantizar la estabilidad financiera y la integridad del mercado. A raíz de este reglamento, los supervisores bursátiles de cada país de la UE se convertía en el competente para autorizar a las empresas de 'criptos' a dar servicios, como la compraventa o el asesoramiento. Sin embargo, algo más de un año después esta situación se ha convertido más bien en un problema ya que no todos los países tienen el mismo nivel de exigencia para dar las autorizaciones. Eso ha provocado que haya jurisdicciones como Malta, Chipre y también los países nórdicos que se hayan convertido en una suerte de paraísos 'cripto'. Las grandes multinacionales, y las no tan grandes, están eligiendo estas jurisdicciones más pequeñas y con autorizaciones más sencillas para tener acceso a toda la UE. Porque la autorización en un país viene a suponer también un pasaporte para todo el Viejo Continente. San Basilio quiere acabar con este problema. «Somos partidarios de centralizar la supervisión y autorización de los proveedores sistémicos», ha señalado en un evento organizado por la CNMV para hacer balance del primer año de Mica. Esos proveedores sistémicos vienen a ser los grandes actores del ecosistema 'cripto' y que operan en una gran cantidad de países. El presidente del supervisor español se muestra a favor del nuevo paquete regulatorio que está preparando Europa, de cara a «avanzar en la eliminación de barreras y conseguir que el mercado financiero de la UE sea lo más único posible». En su caso, no duda de que la fórmula tendría que ser de una supervisión única en manos de la ESMA , en la que participarían las autoridades de cada país. Con ello cree que se evitaría el problema de que «grandes actores buscan vías de acceso menos exigentes». La realidad es que San Basilio no ha querido mencionar países concretos cuyo sistema de autorización supone un problema para toda la UE, pero a nadie se le escapa que Malta, Chipre y algunos países nórdicos han generado dudas sobre sus procesos en los últimos meses. Incluso, la propia ESMA llegó a cuestionar los estándares que utiliza Malta para dar el OK. También otros países como Francia se han quejado de la manera en que operan en su país ciertas compañías autorizadas en países nórdicos. Asimismo, los supervisores italiano, francés y austríaco emitieron un comunicado conjunto hace unos meses para reclamar la supervisión central de ESMA para frenar este tipo de prácticas. Cabe recordar que en este tipo de jurisdicciones se han registrado gigantes como Etoro, OKX, Crypto.com, Robinhood o Revolut , por señalar algunos ejemplos. San Basilio considera que esta situación genera riesgos para los inversores al haber menos control supervisor. Y aunque cree que habrá países que peleen en contra de la supervisión centralizada en ESMA, sí que desvela que la mayoría de instituciones de la UE están a favor. Esto aplicaría para los proveedores de servicios sistémicos. En cambio, para aquellas empresas que dan servicios 'cripto' solo a nivel local, San Basilio tiene más dudas de que esa supervisión haya de pasar a la ESMA. «Creemos que se puede materializar algún tipo de acuerdo con las autoridades nacionales para que no suponga una carga adicional» para aquellas empresas que solo tienen actividad local, según ha señalado.
