La dolorosa tragedia del 18 de enero en la que un tren Iryo, a su paso por Adamuz, descarriló e invadió la vía paralela por la que circulaba en sentido contrario un tren Alvia, que no pudo evitar la colisión, trae a la memoria el caso del descarrilamiento del Alvia en Angrois. Ocurrido el 24 de julio de 2013, supuso uno de los accidentes (mal llamado así desde el momento en que interviene el ser humano con una conducta imprudente o negligente) más graves de nuestro país por el número de fallecidos y heridos, ya tiene, casi trece años después, sentencia firme. Condenados en julio de 2024 por el Juzgado de lo Penal 2 de Santiago de Compostela el maquinista y el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif a una pena de prisión de 2 años y 6 meses, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña mantiene la condena del maquinista, y absuelve, aunque con el voto particular de una de las tres magistradas, al exdirector del administrador. Para quien es lego en leyes, puede parecer poca pena de prisión la del maquinista por la muerte de 79 personas y los 143 heridos . La responsabilidad penal es una responsabilidad personal y subjetiva, que se haya informada por el principio «No hay pena sin dolo o imprudencia». El dolo es la intención, y matar a alguien intencionadamente puede acarrear una pena, si se trata de un homicidio, de hasta (tipo básico) 15 años. Por el contrario, cuando la muerte de otra persona se produce por imprudencia o negligencia, la pena puede llegar, en el grado más alto de la imprudencia (grave) y antes de la reforma de 2019, hasta los 4 años. Precisamente el caso de Angrois con múltiples fallecidos y otros casos con similar desvalor de resultado en seguridad vial motivaron un cambio legislativo importante en la regulación del homicidio por imprudencia grave. La reforma de 2019 permite a los jueces imponer una pena privativa de libertad de hasta 9 años si el número de fallecidos fuere muy elevado, pena máxima que podría ser fijada en el caso del descarrilamiento de Adamuz . El nuevo marco penal del artículo 142 bis tiene también repercusión en el órgano encargado de enjuiciarlo, pues ya no será un Juzgado de lo Penal sino la Audiencia Provincial de Córdoba (el homicidio por imprudencia, a diferencia del homicidio doloso, no es competencia del Tribunal del Jurado), y el recurso de apelación lo resolverá la Sala de lo Civil y Penal del TSJA. Dice nuestro Código Penal que son delitos las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley. Por omisión también se delinque. Para que una conducta omisiva sea equiparable a una conducta activa, en lo que se llama comisión por omisión, nuestro Código Penal exige una serie de requisitos. Además de que la omisión sea relevante, la no evitación del resultado debe ser equivalente, según el sentido del texto de la ley, a su causación, lo que acontecerá cuando el autor infrinja un especial deber jurídico (lo que se denomina posición de garante) que puede proceder de la ley, de un contrato o de un actuar precedente o injerencia. En el descarrilamiento de Adamuz estamos todavía en una fase muy incipiente de la investigación . La parte más penosa (recuperación de los cuerpos, identificación y autopsias) ya ha sido llevada a cabo por los profesionales pertinentes. Queda ahora investigar la causa del descarrilamiento. Hace unos días se hizo público un informe preliminar de seis páginas de la CIAF ( Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ) en la que, por las muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los vagones 2, 3, 4 y 5 del Iryo descarrilado, el carril de la vía estaba fracturado por rotura de una soldadura. El mantenimiento de las vías corresponde a Adif, entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes. Si bien en las conductas omisivas la relación de causalidad con el resultado no se da con absoluta certeza, sino como probabilidad, aunque sea rayana en la certeza, la problemática en el descarrilamiento de Adamuz estará, a efectos penales e identificados quienes tienen posición de garante ( guerra dialéctica entre el presidente de CIAF y el ministro , contra el que ya se han abierto diligencias en la Audiencia Nacional), en examinar si se han cumplido (o no) los protocolos de mantenimiento vigentes y el resto de la normativa aplicable. Todo responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños y perjuicios. En todo caso, la ausencia de responsabilidad penal por sobreseimiento o sentencia absolutoria no implica la ausencia de responsabilidad civil . Aunque ya se puede pedir las indemnizaciones a las aseguradoras, la prudencia aconseja esperar, dado que los tribunales suelen fijar importes más altos. Así ha ocurrido en el caso de Angrois, donde la Audiencia Provincial de A Coruña subió, haciendo caso a la petición de las acusaciones populares y particulares, las cuantías fijadas en primera instancia, elevándolas hasta los 22 millones de euros, por considerar, a diferencia del órgano «a quo», cuyo criterio fue muy restrictivo, que debió tenerse en cuenta la reforma del 2015 sobre el baremo utilizado en accidentes de tráfico, que amplía el número de familiares con derecho a indemnización. Herminio Padilla es profesor de Derecho Penal de la UCO
