PP y Vox lanzan una ley para proteger "símbolos oficiales": delación de funcionarios y despidos por colocar banderas “partidistas” como la palestina

PP y Vox han lanzado en el Senado una ley para “proteger símbolos oficiales” que esconde en su articulado sanciones administrativas al margen del Código Penal que pueden ir hasta el cese y la inhabilitación a altos cargos o funcionarios públicos por el mero hecho de tener en sus despachos distintivos considerados “partidistas” y que el texto no define, pero que la ponente de la norma, María del Mar Blanco, ha identificado con banderas como la de Palestina.

“No podemos permitir que los edificios públicos se conviertan en meros escaparates de ideologías”, ha sostenido Blanco durante la defensa de la norma, registrada en 2023 y que ha esperado en un cajón al momento adecuado. El PP ha desempolvado el texto, similar a otros presentados en el pasado, cuando la pugna de las derechas está en su punto álgido, con Vox rozando el 20% de estimación de voto en las encuestas.

Tras el fiasco de Extremadura y con las elecciones de Aragón a punto de celebrarse, el PP redobla la apuesta derechista con una norma dirigida a “quienes ocupan altos cargos”, pero también a quienes “trabajan” en la administración.

La ley, que inicia ahora su trámite parlamentario, recoge sanciones que podrían conllevar el “cese”, la pérdida “de la indemnización” legalmente establecida al dejar un cargo e incluso la prohibición de “ser objeto de nuevo nombramiento como autoridad o cargo público durante un periodo de cuatro años”.

En su defensa de la norma, la también diputada de la Asamblea de Madrid ha asegurado que “el Gobierno renuncia a defender el Estado, mientras sus socios usan las instituciones para atacar los fundamentos de la convivencia”. Pese a que el Código Penal ya recoge expresamente un delito, Blanco ha asegurado que “cuando un Gobierno permite el ultraje de la bandera, el himno o la imagen del rey desde cargos públicos”, no se convierte en “tolerante”, sino en “cómplice”. 

“No es diálogo, es rendición”, ha sostenido. “No es neutralidad, es cobardía”, ha añadido.

“Esta iniciativa no persigue ni censura a nadie”, ha dicho María del Mar Blanco. “No se imponen ideas, se fijan límites como el respeto, la decencia y la neutralidad”, ha sostenido, porque “no es libertad de expresión que un cargo público ataque símbolos oficiales o que se humille a España desde un despacho oficial”. Algo que, ha espetado, “no puede quedar impune”. 

El inconcreto texto de la ley no precisa a qué se refiere el PP con “simbología partidista”. De hecho, desde el grupo parlamentario se soslaya esa responsabilidad y se le endiña al Poder Judicial porque, explican, tendrán que ser los jueces los que “interpreten” los límites de la norma. 

Pero Blanco sí ha dado en su discurso algunas pistas de cuáles son los objetivos del PP, qué significa “humillar a España desde un despacho oficial”. “En Catalunya, más del 80% de los ayuntamientos se niegan a poner la bandera donde corresponde”, ha asegurado sin explicar de dónde sale el dato. Solo existe una referencia: una asociación llamada Impulso Ciudadano. Blanco también ha criticado que en ayuntamientos de Navarra se exhiba la ‘ikurriña’.

Pero la senadora del PP ha ido más allá y ha hablado del “boicot a himnos en actos oficiales” e incluso las “pitadas en la final de la Copa del Rey”. “Como si humillar los símbolos de todos fuera una mera expresión cultural”, ha lamentado. Blanco también ha señalado que “desde tribunas se desacredita al jefe del Estado” o se “cuestiona la legitimidad de la Corona” con un “Gobierno obsesionado por borrar las señas de identidad nacional”. Todo, “mientras la gente no puede hacer la compra”.

Obsesión con Palestina

Blanco ha procurado hacer pocas menciones expresas a símbolos concretos. Pero sí ha hecho varias referencias a una bandera en concreta que obsesiona a su ‘jefa’ en Madrid, Isabel Díaz Ayuso: la de Palestina.

La senadora ha asegurado que Pedro Sánchez “es capaz de excluir la bandera española en el día de la hispanidad en uno de sus vídeos como muestra del desprecio a la nación”. “Eso sí”, ha añadido, apareció “protegido por una inmensa bandera palestina”.

También se ha referido al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernada por IU y uno de los principales puntos de oposición a Ayuso y al PP de Madrid desde hace décadas, y que se implicó en la defensa simbólica de la causa palestina durante el genocidio israelí. 

Blanco ha calificado de “indigno” al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, (diana predilecta de Ayuso y sus huestes) de quien ha dicho que “es siempre locuaz contra la Comunidad de Madrid o Ayuso”, pero que guardó silencio “cuando Rivas o Casarrubuelos [gobernada por Más Madrid] convirtieron sus edificios en escaparates ideológicos colgando banderas extranjeras”. El enfrentamiento entre Rivas y Ayuso llegó a los colegios.

“Quien ocupa un cargo público no puede actuar como militante desde una institución, mezclando despacho, pancarta, poder y activismo”, ha dicho Blanco, quien ha señalado que “no se puede esconder bandera de España ni retirar imagen del rey de un despacho oficial”.

La también diputada autonómica de Madrid no ha olvidado tampoco el comodín de ETA. La hermana del concejal asesinado en 1998 Miguel Ángel Blanco ha acusado al Gobierno de “blanquear a Bildu” y de querer “borrar a ETA como organización terrorista en Europa”. Y ha asegurado que las víctimas del terrorismo murieron por “defender los símbolos oficiales, la bandera y la libertad”.

Críticas generalizadas a la ley

El resto de grupos, a excepción de Vox, ha criticado tanto el fondo como la forma de la proposición de ley que inicia ahora su trámite parlamentario.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha acusado al PP de “buscar bronca” y “división”, y ha avanzado que la norma “es inconstitucional”.

Espadas ha hecho hincapié en que la norma afecta a los empleados públicos, a los que obliga tanto a denunciar como a actuar para impedir que se incumpla esta ley que, de ser aprobada, abrirá la puerta a la delación anónima no solo contra cargos públicos, también contra el personal contratado.

Sin embargo, ha reprochado el portavoz socialista, “la misma ofensa de un cargo público al titular de la Presidencia del Gobierno no les merece el mínimo reproche”. Una referencia a la normalización de los insultos contra Pedro Sánchez proferidos por una concejala del PP que el partido ha evitado condenar.

Espadas también ha ironizado con que el PP quiera “neutralidad de los empleados públicos evitando cualquier identificación de interés partidista” mientras mantiene a sueldo en el mismo Senado al que fuera abogado de Manos Limpias en el proceso contra el fiscal general del Estado y “cuya neutralidad entra en conflicto directo con su actividad privada”.

Desde el PSOE se ha puesto en duda la ley porque no identifica a qué “otros símbolos” se refiere. Espadas ha recordado que las “banderas de colectivos”, como la lgtbiq+, están protegidas por la doctrina del Tribunal Supremo.

La misma referencia ha hecho la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, quien ha preguntado desde la tribuna a Blanco si la bandera Lgtbiq+ estaría afectada por esta norma, sin que la representante del PP haya respondido.

Antonelli ha acusado al PP de actuar por venganza e ideología, y ha recordado que el partido “quitó la calle Justa Freire” para dársela a “Millán Astray”. O que “sacaron a martillazos la placa de Largo Caballero” y “destrozaron los versos de piedra de Miguel Hernández y los nombres de los fusilados en la cárcel de Carabanchel”.

“Por suerte el Congreso les parará los pies en seco”, ha avanzado Antonelli, quien ha advertido al PP: “Dejen de luchar con Vox a ver cuál es más de derechas o de ultraderecha. Al final no se sabe dónde comienza uno y termina el otro”.

Los partidos nacionalistas también han arremetido contra el PP. Desde el PNV, Estefanía Beltrán de Heredia les ha acusado de “hacer un uso partidista” de las instituciones “una vez más y para generar conflicto”. Desde Junts, Francesc Ten también ha acusado al PP de intentar “atrapar a los compañeros de Vox”, pero ha advertido de que “por más Ayuso o arengas ultras” que hagan, al final “los ganadores filofascistas son los de Vox”.

Ten ha protagonizado la única intervención del presidente del Senado, Pedro Rollán, durante todo el debate de la ley. El senador ha asegurado que “molesta la discrepancia”. “A usted y al jefe del Estado”, ha añadido en referencia al rey. “Por más leyes que hagan”, ha añadido, “no borrarán la herida del 1O y la parcialidad de Felipe VI. Porque el rey se puso de parte en su maldito discurso del 3 de octubre”.

Rollán ha advertido a Ten de que iba a retirar esas palabras del Diario de Sesiones. El senador ha insistido y Rollán le ha llamado al orden, un aviso de que puede ser expulsado del Pleno.

Desde ERC, Joan Queralt también ha tachado la norma de “inconstitucional” y de “proposición esotérica” ante la nula concreción de su articulado. “Va en contra del Constitucional, que dijo que en España no hay una Constitución militante, y esta ley es militante”, ha añadido, para espetar: “¿No se les ocurre otra cosa que proteger banderas e himnos españoles?”.