La dirección del PP de Madrid presionó a una concejala para que no denunciase acoso sexual del alcalde de Móstoles

El relato es calcado al de Nevenka Fernández en Ponferrada. Una mujer joven y cualificada de una familia conservadora que vio en el PP, el partido con el que simpatizaban sus padres, el camino para implicarse en política y mejorar la vida de sus vecinos de Móstoles. Empezó muy joven a acudir por la sede y en vísperas de las últimas municipales, el candidato, Manuel Bautista la reclutó para las listas electorales. La convenció alabando su tenacidad, su capacidad para gestionar equipos y la forma que tenía de trabajar.

De aquellos comicios, en mayo de 2023, Bautista salió alcalde. Ella, mucho más joven que él, tomó posesión del acta de concejala y fue presentada como el fichaje estrella del nuevo gobierno. El alcalde empezó a pedirle que lo acompañase a todo tipo de actos y reuniones. Y ahí, el mismo mes de los comicios, empezaron las insinuaciónes del regidor, las alusiones al físico de la edil, las invitaciones para quedar fuera del marco de trabajo, las conversaciones de índole sexual. Y también las negativas de ella a mantener cualquier relación ajena a la política o el trabajo del ayuntamiento.

Según la documentación aportada en la denuncia interna presentada ante el PP que ha adelantado este miércoles El País, el alcalde hizo correr el rumor en el Ayuntamiento de que tenían una relación con la nueva concejala. Cuando ella se enteró, quiso zanjarlo todo hablando directamente con su jefe. Le insistió, como había hecho otras veces, en que su relación era profesional y política, que nunca habría vínculos sentimentales ni de ningún otro tipo. Según relata la mujer en la documentación aportada al partido, entonces arrancó otro tipo de acoso, el laboral: desplantes, faltas de respeto, desconsideraciones. El regidor le hizo el vacío. No le dejaba intervernir en los plenos municipales. Su trabajo dejó de contar.

Fue entonces cuando decidió pedir auxilio a la dirección regional de su partido. Escribió a Isabel Díaz Ayuso una primera carta el 26 de febrero de 2024. Y en los meses siguientes buscó la ayuda del PP madrileño hasta en seis ocasiones: tres cartas, dos reuniones y una cita que no se llegó a producir. Nadie hizo nada. Le pidieron silencio. No solo eso, según el escrito que cita El País, personas de la máxima confianza de Ayuso, como su número dos en el PP regional, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, la presionaron varias veces para que no denunciase.

El País ha reunido a varios testigos que corroboran la versión de la denunciante. Cita a trabajadores municipales que dicen haber visto los desplantes y el cambio de actitud del alcalde con la que había sido su fichaje estrella en el Gobierno municipal. Esas voces, que según el periódico piden mantener su anonimato, igual que la denunciante, aseguran que todo era vox populi en el ayuntamiento. Según la información, el alcalde no ha querido hacer comentarios y se escuda en el comité de garantías. El comité de garantías del PP nacional cerró el caso sin entrevistar a los testigos que proponía la denunciante.

Pero antes de acudir al PP nacional, la concejala trató durante varios meses que le ayudase la presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le escribió al menos dos cartas relatándole el infierno que le había hecho sufrir el alcalde. Ayuso nunca la recibió y tampoco contestó a sus escritos. Sí lo hicieron dos de las personas de su máxima confianza: el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, también vicepresidenta de la Asamblea regional.

Según el relato que hace la denunciante de las reuniones, ambos dirigentes le recomendaron callar y trataron de disuadirla, de que bajo ningún concepto acudiese a los tribunales.

“El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, añadió la número tres del PP en Madrid en una cita que mantuvieron el 11 de marzo de 2024, apenas 15 días después de que la denunciante escribiese a Ayuso.

Según las citas que se recogen de ese encuentro, Millán admitió que se trataba de un caso de “acoso de manual”, pero desaconsejó varias veces que se presentase una denuncia y le pidió: “Quítatelo de la cabeza”. La secretaria de Organización, actualmente imputada en un caso de corrupción, invocó el daño que podrían sufrir sus padres, y su familia.

Cuando se incorporó a la cita, Alfonso Serrano aseguró a la edil que estaban ahí para ayudarla pero también le desaconsejó la denuncia: Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti, le dijo el número dos de Ayuso, según figura en la documentación presentada. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”, advirtió en ese encuentro el secretario general del PP, quien preguntó a la mujer qué podía hacer el partido, dejando claro que la denuncia no era una opción.

Nadie decidió nada. El secretario general del PP de Madrid y la responsable de Organización se comprometieron a volver a sentarse con ella, pero pasaban los días y no lo hicieron. El 22 de marzo, once días después de esa cita, la mujer volvió a dirigirse al gabinete de Ayuso solicitando la apertura de un protocolo de acoso. Tres semanas más tarde, el 16 de abril Ana Millán volvió a sentarse con ella e insistió en que no debía denunciar. “La denuncia judicial que luego se haría pública no te beneficiaría, yo no sé que entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte, vete a casa, habla con tu marido”.

Millán, una de las personas más cercanas a Ayuso en el PP de Madrid, le dijo que no podría seguir trabajando en el Ayuntamiento de Móstoles tras denunciar, subrayó que muchas mujeres han “aguantado muchas cosas en política” y que tal vez le convendría “dar un paso atrás”.

Otra dirigente del PP madrileño, Lucía Paniagua, presente en este segundo encuentro llegó a aconsejarle buscar “un acuerdo amistoso” con el alcalde. Y ambas le dijeron que no podían abrir el protocolo de acoso porque no se trataba de una empleada del PP, sino que se circunscribía al ámbito del Ayuntamiento, pese a ser tanto la denunciante como el denunciado militantes del Partido Popular y compartir candidatura en la lista de Móstoles.

El 17 de junio de ese mismo año, 2024, escribió de nuevo al gabinete de Ayuso, tras haber pasado dos meses sin recibir noticias del partido. La citaron en julio, con solo un día de antelación, y la mujer no pudo acudir. Dejó pasar el verano, y el 23 de septiembre ya escribió su abogado para interesarse por las medidas de protección que el partido había implementado. En octubre de 2024, volvieron a citarla y al acudir con sus abogados, ya no la recibieron.

Decidió dimitir de sus cargos y solicitar la baja en el PP. El 10 de octubre el comite de afiliación del PP confirmó la baja y, pese a que en la petición constaban los motivos, descartó adoptar alguna medida. Alegó que no podía considerar su escrito una denuncia y subrayó que además los hechos se habían producido en la corporación municipal y no en el Partido Popular.

Ya sin el acta de concejal, la mujer denunció en el juzgado una intromisión en el correo electrónico desde el que había enviado las solicitudes de amparo al gabinete de Díaz Ayuso.

Entre noviembre y diciembre de 2024, la exconcejala y su abogado presentaron un escrito de 20 páginas ante el Comité de Garantías del PP nacional. Adjuntaba documentación y citaba a testigos a los que se podía preguntar por la situación que vivió en el Ayuntamiento, y que define como más de un año de acoso sexual y laboral. Según El País, el comité de garantías del PP no interrogó a nadie. Y un portavoz autorizado confirmó que el caso se había cerrado porque no había “elementos probatorios”.

La concejala está ya fuera de la política. Manuel Bautista sigue como alcalde y presidente del PP de Móstoles.