La banca alerta de un cambio que afectará al crédito familiar
El acceso al crédito al consumo afronta un escenario de cambio en España tras la aprobación del anteproyecto de ley promovido por el Gobierno. La norma, impulsada desde el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, introduce límites más estrictos a los intereses y nuevas exigencias de control que, según la banca, tendrán un impacto directo en la concesión de préstamos a los hogares. La medida se apoya en datos y análisis recogidos por el Banco de España, organismo supervisor del sistema financiero.
Las entidades han trasladado su preocupación a través de la Encuesta de Préstamos Bancarios, un informe periódico en el que participan los principales bancos del país. En esta edición, el sector anticipa un endurecimiento moderado de los criterios de concesión de crédito al consumo como consecuencia directa de la nueva regulación.
Un marco legal con dos regímenes diferenciados
El anteproyecto establece una distinción clara entre los créditos al consumo tradicionales y los denominados microcréditos rápidos o de alto coste. Esta diferenciación marca el núcleo de la reforma y condiciona la estrategia futura de las entidades financieras.
El límite a los créditos rápidos
En el caso de los microcréditos, la normativa fija un tope al interés mensual del 4%, además de una comisión máxima del 5% con un límite absoluto de 30 euros. El periodo mínimo de devolución se sitúa en tres cuotas mensuales, salvo amortización anticipada por parte del consumidor. El objetivo declarado del Ejecutivo es frenar prácticas consideradas abusivas y reforzar la protección del cliente financiero.
Estas condiciones afectan especialmente a un segmento de financiación que había crecido al margen de la banca tradicional y que ahora quedará sujeto a supervisión y autorización obligatoria.
Topes variables para el crédito general
Para el resto de préstamos al consumo, el sistema será distinto. El límite máximo de interés se calculará a partir del tipo medio del mercado en un periodo determinado, al que se añadirá un margen adicional en función del importe y la duración del crédito. Este mecanismo introduce un marco más flexible, pero también reduce el margen comercial de las entidades.
Impacto en un mercado en plena expansión
El cambio regulatorio llega en un momento de fuerte crecimiento del crédito al consumo. A cierre del último ejercicio, el volumen total superaba los 116.000 millones de euros, con un incremento interanual cercano al 12%. La financiación para bienes duraderos, reformas del hogar o gastos extraordinarios había recuperado ritmos previos a la pandemia.
Desde el sector bancario se advierte de que la combinación de límites de precio, mayores exigencias de solvencia y obligaciones adicionales de transparencia podría reducir el flujo de crédito hacia determinados perfiles de clientes, especialmente aquellos con mayor riesgo.
La respuesta del sector financiero
Las entidades sostienen que muchas de las obligaciones incluidas en la norma ya forman parte de sus procedimientos habituales. En particular, subrayan que la evaluación de solvencia, la renegociación de deudas y las políticas de apoyo a clientes en dificultades se aplican desde hace años bajo una estricta supervisión.
No obstante, consideran que la intervención del Gobierno en la fijación de precios introduce rigideces que no siempre reflejan el coste real del riesgo crediticio. Esta preocupación es compartida por asociaciones sectoriales que representan tanto a establecimientos financieros de crédito como a empresas de microfinanciación y fintech.
El papel del Banco de España
Uno de los aspectos mejor valorados por la banca es la reserva de actividad incluida en el anteproyecto. A partir de su entrada en vigor, todos los prestamistas deberán estar inscritos y autorizados en los registros del Banco de España, lo que permitirá una supervisión homogénea y un mayor control del mercado.
El sector considera que esta medida contribuye a igualar las reglas del juego y refuerza la protección del consumidor frente a operadores no regulados.
Riesgos de exclusión financiera
Las patronales financieras advierten, sin embargo, de un posible efecto indeseado: la reducción de la oferta formal de crédito. Si determinados productos dejan de ser viables bajo los nuevos límites, algunos consumidores podrían verse empujados hacia canales no supervisados.
Este riesgo ha sido trasladado al Ejecutivo junto con la petición de mayor seguridad jurídica y de un diseño de límites más ajustado a la diversidad de productos existentes en el mercado.
Un cambio estructural en la relación con las familias
La nueva ley del crédito al consumo redefine el equilibrio entre protección del consumidor y acceso a financiación. Para las familias, el impacto se traducirá en procesos más exigentes y previsiblemente en una selección más estricta de los perfiles financiables.
En este contexto, la banca asume que el crédito al consumo seguirá siendo un motor relevante de la economía doméstica, aunque bajo reglas más restrictivas marcadas por el Gobierno y supervisadas por el Banco de España, en una etapa que transformará la relación entre entidades y hogares.