Una de las cosas más complicadas es admitir que algo que creemos, o hemos creído con intensidad, pueda ser incorrecto. Si una persona piensa que cierto político es un farsante o que otro es maravilloso va a ser muy complicado que cambie de opinión. Si lo hace, será probablemente por alguna imperiosa necesidad, y no desde luego por los argumentos que le esgrima su cuñado o su tío en la cena de Navidad. Por supuesto, a veces 'creer' no es más que un acto de conveniencia: hay quien cree lo que le beneficia y lo defiende como una certeza, pero en este artículo estoy más bien enfocado en cuando se cree en algo de forma genuina. Incluso en matemáticas ha habido tremendas discusiones sobre conceptos, como el del infinito, que han llevado a acaloradas discusiones entre grandes matemáticos en el siglo XIX o incluso el XX. Hace poco tuvimos una conferencia magistral en la Complutense a cargo del profesor y académico Fernando Bombal, que comentaba cómo los matemáticos de diferentes épocas y convicciones interpretaban el concepto del 'infinito' de diferentes formas (a veces diametralmente opuestas). A algunos les llegó a costar la salud física y mental, por las acaloradas discusiones que entre ellos mantenían. Si los matemáticos, que son un colectivo meticuloso y riguroso a la hora de usar conceptos, no se ponían de acuerdo respecto al infinito, la esperanza de encontrar grandes consensos en otros temas de naturaleza filosófica o ideológica es escasa, una vez que las personas involucradas asumen estos valores como parte de su actitud vital. No es imposible cambiar, lo vemos todos los días, pero es difícil, como bien saben nuestros políticos. Hay que ofrecer opciones muy jugosas en tu programa electoral para que alguien cambie de un partido que piensa representa sus valores (o los ha representado muchos años) a otro. Dicho de otro modo, es muy complicado decir a una persona que ha construido su carrera profesional o sus valores en base a unas ideas que esas ideas están mal y no sirven. Por mera supervivencia cualquiera las defendería a capa y espada. Imagínese que ha sido miembro de un grupo que cree en la existencia de algo, por ejemplo cierto fenómeno religioso que no se puede demostrar empíricamente. Y un día resulta que consiguen demostrar que en efecto, es falso. Incluso con pruebas irrefutables lo más probable es que ese grupo desestime el hallazgo diciendo que el experimento que lo desacredita no está bien hecho. Pienso que una de las cosas más importantes que podemos hacer para favorecer la capacidad de cambiar de opinión, cuando la ocasión lo merezca, es que en la conversación entren personas que están sobradamente capacitadas para hablar del tema. Por ejemplo, si en un tertulia televisiva dos comentaristas están discutiendo acaloradamente sobre un tema de gestión legal, la discusión puede no tener fin. Pero sin en ese momento el presentador da la palabra a un catedrático de Derecho Administrativo y este se posiciona en uno u otro sentido, la situación cambia radicalmente. Alguien informado y formado está hablando. Las personas suelen ser respetuosas con quienes saben que tienen conocimientos objetivos, no opiniones formadas de modo superficial. Por eso pienso que es imprescindible que los parlamentos y los lugares de debate y gestión pública no solo tengan, como creo sucede ahora en España, licenciados en Derecho o Ciencias Políticas. Los parlamentarios, por supuesto, tienen asesores y especialistas en todos los temas. Pero no es lo mismo ir a la tribuna de oradores a defender un tema médico si eres abogado que si eres catedrático de Medicina, por muchos catedráticos de Medicina que te hayan asesorado. No tiene ni mucho menos una credibilidad comparable. Lo mismo si alguien va a hablar sobre motores de coches o sobre el cambio climático. Es crucial que los parlamentos se llenen de matemáticos, químicos, veterinarios, literatos, ingenieros (agrónomos, civiles, informáticos, de telecomunicaciones...), biólogos, sociólogos, economistas o periodistas. Debe haber una representación amplia de personas con altos conocimientos técnicos en todos los parlamentos (y partidos), no solo abogados o especialistas en política, que son imprescindibles, por supuesto. Con una representación de expertos amplia, es más fácil tomar buenas decisiones. Al fin y al cabo, si cualquiera de nosotros va al médico, no estaríamos contentos con que un administrativo consulte con unos médicos que le asesoran sobre nuestra prognosis y que luego el propio administrativo nos traslade su veredicto, ¿o si? Dudoso. Pues la gestión pública, donde se toman decisiones trascendentales para la vida de muchas personas, debería tener esta pluralidad de conocimientos técnicos. Probablemente, por la propia naturaleza de la profesión, debería haber más abogados y expertos en leyes (y políticos profesionales) que otros colectivos, pero de ahí a que sean la inmensa mayoría hay una diferencia sustancial.
