El decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea, ha reclamado este martes la revocación del decreto de comarcalización de los asuntos de violencia sobre la mujer que traslada estos procedimientos desde Lucena, Cabra o Pozoblanco a Córdoba, una medida impulsada por el Ministerio de la Presidencia , Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños y que, según ha denunciado a ABC, está generando «un auténtico desastre» en su aplicación práctica. Egea ha criticado que la decisión se adoptara «sin contar con jueces ni abogados», y ha asegurado que lejos de mejorar el servicio, ha complicado su funcionamiento. «En lugar de tener una tramitación fluida, ahora es todo más complicado», ha señalado. A su juicio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba se encuentra «colapsado», lo que agrava la situación tanto para las víctimas como para los profesionales que intervienen en estos procedimientos. El decano ha expuesto que uno de los principales problemas es el traslado de detenidos desde el partido judicial de Lucena —que abarca municipios como Encinas Reales, Rute o Benamejí , entre otros— hasta la capital cordobesa. «La Policía Nacional tiene un problema evidente de desplazamiento de detenidos», afirma, señalando que los recursos humanos y materiales son limitados. Según ha explicado, el inspector jefe debe organizar vehículos y agentes para estos traslados, lo que supone una carga añadida para un cuerpo con medios «escasos». Además, el decano lucentino ha denunciado situaciones que califica de «insostenibles». En una sola jornada, el juzgado de Córdoba puede recibir hasta 11 víctimas y 11 detenidos antes de las 13.00 horas. «Eso es imposible de gestionar», ha asegurado. El problema se agrava cuando los detenidos llegan fuera del horario de atención. «Ha ocurrido que el detenido ha llegado a Córdoba a las 13.05, junto con el abogado y el policía, y han tenido que darse la vuelta para regresar a Lucena», ha relatado. Egea también ha advertido de que, cuando los hechos se producen en horario vespertino o nocturno, los juzgados de Lucena o Cabra —que ya no tienen competencia en violencia de género— no pueden atender estos casos, lo que deja a detenidos «sin nadie que los atienda» y ha obligado a prolongar su estancia en dependencias policiales durante la noche. El malestar, ha asegura, es generalizado entre abogados y víctimas. «Las víctimas tienen que desplazarse a Córdoba, y muchas no pueden», ha afirmado, recordando que en el turno especializado de violencia de género participan unos 60 letrados del turno de oficio en la zona, que ahora deben asumir constantes desplazamientos. El decano se muestra «muy descontento» con una medida que considera improvisada y cuya legalidad está pendiente de pronunciamiento del Tribunal Supremo . «¿Cómo se le ocurrió al señor Bolaños adoptar esta decisión?», se ha preguntado. Frente a este modelo, Egea ha explicado que existe un movimiento por parte de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que la comarcalización tenga como sede Lucena, junto a Cabra, Puente Genil y Priego, mediante la creación de un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en el sur de la provincia. «Las distancias serían menores y se descongestionaría Córdoba», ha defendido. De igual modo se haría otra comarcalización que abarcara toda la zona norte, que podría estar en Pozoblanco. La idea que mantiene la Junta de Andalucía que ha defendido siempre que no era buena idea y no estaba justificada esa comarcalización marcada así en la capital piensa que sería mejor aglutinar por proximidad la violencia de los juzgados de Posadas, Montoro y Aguilar por ejemplo en Córdoba. Mientras tanto, ha insistido, la situación actual está generando retrasos, sobrecarga institucional y perjuicios tanto para víctimas como para profesionales, más de cuarenta del turno de oficio de Violencia -algunos de ellos se cuestionan incluso si continuar en él- en una comarca donde en una sola semana pueden registrarse hasta «seis o siete casos» de violencia de género. Estas declaraciones se unen a la petición lanzada este mismo martes por el Partido Popular que exige al Gobierno que rectifique la centralización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y defienda la atención cercana a las víctimas en la provincia de Córdoba. Este asunto ha sido abordado en una reunión de trabajo mantenida entre el coordinador de Justicia del PP de Andalucía y presidente de honor del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en la que se analizó la situación generada tras la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia. El Partido Popular de Córdoba reclama al Gobierno de España que rectifique de manera inmediata su decisión de agrupar en la capital los asuntos de violencia sobre la mujer procedentes de partidos judiciales como Lucena, Cabra o Pozoblanco , una medida que perjudica gravemente a las víctimas y sobrecarga los órganos judiciales de Córdoba. Es incomprensible, han señalado, «que el Gobierno de Sánchez y Montero haya aprobado por decreto una reorganización que rompe la lógica territorial de la provincia y que va en contra del criterio de la Junta de Andalucía, del presidente de la Audiencia Provincial, del fiscal jefe y del propio TSJA». Nieto ha advertido en varias ocasiones que la capital ya soporta una carga de trabajo «por encima de lo razonable» en materia de violencia de género, por lo que asumir los casos procedentes de otras comarcas no solo tensiona aún más el sistema, sino que aleja a las víctimas de su entorno más cercano, obligándolas a desplazamientos innecesarios en momentos especialmente delicados.
