La cruzada de un senador de California para que las empresas fósiles paguen el aumento de los seguros por el clima extremo

Elisa Jacobs Nixon y Rasheed Ali son dos sobrevivientes del incendio de Altadena, el barrio al noreste de Los Ángeles (California) que ardió por completo el 7 de enero de 2025. Aquel fuego, exacerbado por el cambio climático, según los estudios de atribución, provocó una de las catástrofes más devastadoras de la historia de esta región estadounidense: 30 muertos, 6.746 viviendas destruidas y miles de millones de dólares en pérdidas. Elisa y Rasheed lograron salir de sus casas. Escaparon de la muerte. Pero lo perdieron todo.

Sus hogares quedaron inhabitables. Como muchos vecinos, tuvieron que empezar de cero. Un año después de aquella pesadilla, Elisa y Rasheed siguen yendo a las oficinas de sus compañías de seguros por retrasos e incumplimientos en los pagos. Las reclamaciones, explica Robert Herell, director ejecutivo de la Federación de Consumidores de California, son generalizadas. De los afectados de los incendios, por estimaciones a la baja y demoras en las reconstrucciones; y también de los propietarios que tuvieron la suerte de esquivar las llamas, pero que han empezado a recibir avisos de cancelaciones o aumentos exorbitantes en sus pólizas.

Elisa y Rasheed se han sumado a la organización Sobrevivientes de Clima Extremo, un grupo que pelea por políticas públicas de mitigación y adaptación a la crisis climática. En medio de un negacionismo que se esparce de la mano del presidente Donald Trump por casi todas las administraciones -locales, estatales y nacionales-, este colectivo ha encontrado un interlocutor, un senador que desde los incendios viene alertando del drama social que está provocando la crisis de asequibilidad de los seguros de vivienda en California y en muchos otros estados del país.

Semanas atrás, este legislador, Scott Wiener, que representa al 11º Distrito en el Senado de California, que incluye todo San Francisco, Broadmoor, Colma y Daly City, organizó una rueda de prensa en la puerta del Capitolio. Detrás de él se pararon miembros de Sobrevivientes de Clima Extremo y de otras organizaciones vecinales. “Es hora de que las grandes empresas de combustibles fósiles, responsables de estos desastres climáticos, se hagan cargo de esta problemática. Nadie debería verse obligado a abandonar su hogar por el coste del seguro”, dijo.

En su breve comparecencia, el senador anunció un proyecto de ley para que la industria fósil -las empresas de petróleo, gas y carbón- pague los crecientes costes de las pólizas. “Es una legislación pionera y con un enfoque innovador para abordar la creciente crisis de asequibilidad de los seguros de vivienda en California. Los precios están por las nubes y son cada vez más las familias rechazadas por las aseguradoras privadas”, explica Wiener.

De aprobarse, la Ley de Seguros Asequibles y Recuperación (Ley AIR) va a autorizar a los fiscales generales a llevar a estas grandes corporaciones a los tribunales por daños relacionados por eventos climáticos extremos, entre ellos el incremento de los seguros.

Para Wiener, las compañías de combustibles fósiles deben pagar los aumentos repentinos en las primas causados por fenómenos meteorológicos extremos debido a su “papel activo” en el calentamiento global, que, según la evidencia científica, aumenta la frecuencia de los desastres climáticos extremos. Es injusto, dice, que “los consumidores paguen los platos rotos”, víctimas del incremento de esta siniestralidad.

“Este proyecto de ley busca trasladar la carga de las familias, los propietarios de viviendas y los contribuyentes, y colocarla donde corresponde: en las empresas contaminadoras que causaron estos daños a sabiendas”, coincide Mary Creasman, directora ejecutiva de EnviroVoters, otra organización social de California que apoya la iniciativa.

Según el senador, “un mercado de seguros inestable pone en riesgo a los californianos comunes”. Habla de una “amenaza económica en espiral”: los inquilinos sufren aumentos de costes -los caseros trasladan los incrementos de esta factura-; los propietarios más vulnerables dejan de tener protección y los pequeños negocios no pueden afrontar las nuevas tarifas de sus locales.

El plan FAIR, la aseguradora estatal de último recurso de California, “ya no es eficaz”, agrega Wiener a la problemática. La dependencia social “crece exponencialmente” a medida que los seguros se vuelven cada vez más inaccesibles. Este programa asegura hoy un máximo de 700 mil millones de dólares en propiedades, un crecimiento del 317% desde 2021. “Incluso con un seguro de último recurso, las tarifas son cada vez más altas y ofrecen menos cobertura”, insiste el legislador.

Por tanto, reflexiona Herell, titular de la Federación de Consumidores, “otorgar a California la autoridad de obligar a pagar a las compañías causantes de este daño económico es una responsabilidad económica fundamental y una gestión inteligente de riesgos para los contribuyentes”.

Un drama nacional

Un informe de la organización de comunicación estratégica Climate Power publicado en diciembre revela que la problemática tiene un alcance nacional. Desde 2021, 6.000.000 de asegurados en Estados Unidos han sufrido aumentos en las primas de sus pólizas de seguro de propiedad. En paralelo, las compañías han cancelado al menos 1.400.000 pólizas.

El cambio climático está provocando una crisis nacional de seguros de vivienda que aumenta los costos y pone el sueño de ser propietario de una vivienda fuera del alcance de muchos estadounidenses

En muchos casos -explica este estudio- las empresas citaron los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres climáticos como factores que influyeron en la decisión de aumentar las tarifas o cancelar pólizas. Todos los datos del mercado apuntan a que la crisis se agravará en las próximas décadas. Más de 36 aseguradoras en siete Estados han anunciado planes de pausar la emisión de nuevas pólizas. Otras firmas, las más pequeñas, han decidido abandonar este mercado debido a riesgos climáticos crecientes.

“El cambio climático está provocando una crisis nacional de seguros de vivienda que aumenta los costos y pone el sueño de ser propietario de una vivienda fuera del alcance de muchos estadounidenses, y Trump y los republicanos en el Congreso solo están empeorando las cosas”, lamentan los autores del informe.

Otro epicentro de esta crisis es el estado de Florida, donde las inundaciones repentinas han dejado de ser un fenómeno estacional para convertirse en una molestia cada vez más habitual. Climate Power calcula en más de 850.000 las pólizas canceladas en los últimos años -la mayor cifra del país-, con precios que se siguen elevando a niveles sin precedentes.

El informe pone en duda el relato de las grandes aseguradoras de una supuesta reducción en las ganancias por el aumento de la siniestralidad climática. “Mientras suben las tarifas y dejan a propietarios e inquilinos varados al salir del mercado, las aseguradoras han obtenido enormes beneficios y han engordado los bolsillos de sus directores ejecutivos”, describe el informe. En 2024, las 22 aseguradoras que cotizan en bolsa reportaron beneficios superiores a los 36.000 millones de dólares.

La problemática en España

Pese al aumento de los fenómenos extremos, en España la subida de los seguros de viviendas es, por el momento, moderada, según coinciden todas las fuentes del sector.

Hay reajustes en las pólizas, pero sin zonas de exclusión o cancelaciones, como está ocurriendo en Estados Unidos. ¿La explicación? El sistema de reaseguro español, un paraguas protector que no existe del otro lado del océano Atlántico. En España funciona una entidad pública de financiación privada -el Consorcio de Compensación de Seguros- que se hace cargo de los daños causados por los fenómenos más virulentos. La dana de Valencia, por ejemplo. El Consorcio pagó indemnizaciones por un total de 290 millones de euros por esta tormenta, cifra récord en los 70 años de existencia de la entidad.

A grandes rasgos, las aseguradoras privadas cubren daños por heladas, tormentas, nieve, granizo e incendios. El fuego récord del verano de 2025 no se tradujo en un gran número de viviendas afectadas, aclaran las compañías, aunque reconocen que es un “tema de preocupación” por el riesgo de que los incendios sean cada vez más frecuentes y destructivos.  

“Es un hecho que el cambio climático deriva en una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos y que esto se traduce en un aumento de la siniestralidad en el ramo de hogar. Solamente una parte de estos eventos está cubierta por el Consorcio de Compensación de Seguros o por mecanismos de reaseguro. La actualización de las primas refleja, por tanto, este incremento de la siniestralidad”, admiten desde SegurCaixa Adeslas

¿Qué cubre este consorcio? Inundaciones, temporales con vientos de más de 120 kilómetros, terremotos y erupciones volcánicas. Es decir, los daños del último tren de borrascas serán absorbidos por esta entidad pública. Eso sí: para poder cobrar, los damnificados tienen que tener contratada una aseguradora privada. Las compañías transfieren al Consorcio un pequeño porcentaje de las pólizas. En el caso de las viviendas, se paga un promedio de 7 euros al año por cada 100.000 euros asegurados.

Este esquema, explica Flavia Rodríguez Ponga, directora del Consorcio, permite que España tenga una “cobertura generalizada a precios asequibles” y que el panorama de Estados Unidos, con costes inasumibles y viviendas que dejan de estar aseguradas, sea, por el momento, lejano.