Después de que el Gobierno anunciara la desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F, hasta la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, celebra en el Congreso esta decisión. Lo celebra, pero pide a Sánchez que desclasifique también los documentos de «torturas, desapariciones, los GAL o el señor X» porque aún sigue «todo bajo secreto y bajo un manto de impunidad»: «Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre». Aizpurua habla de libertad; EH-Bildu hablando de libertad y de secretos. El argumento suena impecable, pero la paradoja es evidente, y difícil de ignorar. Resulta chocante escuchar apelaciones a la libertad y a la transparencia por parte de quienes aún no han realizado una condena clara del terrorismo que asoló este país durante décadas. Más desconcertante aún, cuando en su propio ámbito político siguen existiendo silencios, ambigüedades y ausencias de responsabilidad sobre ese pasado. Los mismos que siguen sin condenar la violencia de ETA, los mismos que pretenden borrar su pasado como brazo político de la banda terrorista que más dolor ha causado a este país durante más de 50 años, los mismos que llevan en sus listas electorales a condenados por delitos de terrorismo, esos se permiten el lujo de dar lecciones de democracia. Cada vez que escucho discursos cargados de grandilocuencia –pero vacíos de autocrítica– se hace más difícil aceptar esa llamada a la 'normalización' que tantas veces se exige a quienes hemos vivido de cerca las consecuencias del terrorismo etarra. Mertxe reclama que se abran los documentos que existen sobre los GAL o las supuestas torturas. Pero Mertxe y los suyos no quieren que se sepa quienes son los responsables de los más de 300 asesinatos de ETA que quedan sin resolver y sin juzgar. Eso nos convierte a las víctimas de ETA en seres vengativos y odiadores profesionales. Parece que hay partes del pasado que conviene iluminar… y otras que aún deben permanecer en penumbra. Una democracia madura exige lo contrario: exige luz para todos, sin excepciones. Porque conocer el pasado no nos hace necesariamente más libres, pero ocultarlo selectivamente, desde luego, nunca lo hará. Almudena Blanco Martín. Hija del Tte. Col. Pedro Blanco García, asesinado por ETA el 21 de enero de 2000 Tenga para mí que un buen homenaje a la Constitución Española de 1978 podría ser el siguiente: que el Gobierno del doctor Pedro Sánchez se deje ya, por el amor de Dios, de reuniones secretas. No más reuniones secretas, ni con Oriol Junqueras ni con nadie. Si el Gobierno se niega a parar las reuniones, propongo que 35 diputados le exijan responsabilidad, invocando la Constitución, por tantas reuniones secretas. Y también por dejar en manos de una mujer, denunciante de graves delitos, el cese del ministro del Interior, ya que no le corresponde a dicha mujer proponer el cese de un ministro. Todo el mundo sabe que las propuestas al Rey relativas a los nombramientos y ceses de ministros competen, en exclusiva, al presidente del Gobierno (artículo 100 de la Constitución). José Luis Gardón. Madrid.
