Hazte Oír da la batalla para investigar el hackeo al móvil de Sánchez: "Fue un archivo prematuro"
Hazte Oír da la batalla para que la Audiencia Nacional reabra la investigación por el hackeo del móvil de Pedro Sánchez con el programa informático de Pegasus. La asociación, que litiga como acusación popular, considera que el archivo es "prematuro" y que se tendrían que activar los mecanismos de cooperación a través de Eurojust para que Israel responda a las cuatro comisiones rogatorias que libró la Justicia española.
La acusación así lo plasma en su recurso de reforma, subsidiario de apelación, en el que refuta las tesis de la Fiscalía y también del magistrado instructor, acerca de que la investigación no puede prosperar si Israel se niega a colaborar. En concreto, la Fiscalía avisó que no se pueden perpetuar "instrucciones infinitas" y el magistrado José Luis Calama, por su parte, precisó que sin la ayuda del país que comercializa este software no se puede averiguar quién fue el autor y, por lo tanto, no se puede avanzar en la causa.
"Frente a su argumentación debemos insistir en que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige, cuando existen hechos con apariencia delictiva, agotar todas las posibles diligencias de investigación. Y si bien es cierto, como apunta el Ministerio Público, que el Juzgado no puede ordenar al Gobierno la emisión de quejas diplomáticas por una cuestión de separación de poderes, esta premisa no exime al órgano jurisdiccional de agotar los mecanismos de cooperación e impulso procesal estrictamente judiciales e institucionales a su alcance", responde ahora Hazte Oír en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
"El CNI depende del Ejecutivo"
Al respecto, alega que la falta de respuesta de las comisiones rogatorias libradas a Tel Aviv "no debe conducir a un archivo prematuro", toda vez que se trata de hechos que "afectan a la seguridad nacional de un Estado miembro". "La tutela judicial efectiva exige que los órganos judiciales agoten las posibilidades de investigación antes de acordar el archivo, especialmente en delitos de especial gravedad y repercusión social", reiteran.
Del mismo modo, inciden en que el juzgado encargue una nueva pericial independiente para sumarla a los trabajos realizados por el CNI. El Juzgado Central de Instrucción número 4 recabó varios informes de los servicios de inteligencia sobre la infiltración del teléfono de Pedro Sánchez (a quien le hackearon 2,7 gigas de información entre 2020 y 2021) y también de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Dichos trabajos determinaron que era "imposible" determinar quien era el autor de los hechos a partir de este análisis. De ahí que el juez solicitara sin éxito a Israel autorización para interrogar a los responsables de NSO Group, la empresa que comercializa el programa Pegasus.
Sin embargo, Hazte Oír insiste en que la gravedad de los hechos requiere un nuevo análisis independiente. "El Centro Nacional de Inteligencia, orgánicamente, rinde cuentas al Ejecutivo; precisamente al mismo Ejecutivo cuyos miembros son las víctimas directas de los delitos investigados. La exigencia de una pericial independiente no nace de una impugnación caprichosa de la pericia técnica de los funcionarios del CNI, sino del mandato constitucional de garantizar la imparcialidad objetiva e institucional en la obtención y valoración de la prueba en un asunto de extrema sensibilidad política y de Seguridad Nacional", responde la asociación.
La investigación en Francia
Finalmente, se apoya en la investigación abierta en Francia también por un hackeo masivo a miembros de Gobierno, periodistas y activistas, para mantener vivas las diligencias de la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el magistrado instructor reabrió esta causa en abril de 2024 tras recibir una Orden Europea de Investigación (OEI) de las autoridades galas, para intentar aunar esfuerzos en aras a identificar al autor de estas infiltraciones. El magistrado encargó entonces nuevos informes al CNI para cotejar posibles coincidencias en ambos casos y poder abrir una nueva vía de investigación.
Sin embargo, las pesquisas tampoco arrojaron conclusiones determinantes. Pese al criterio de la Fiscalía, que sostiene que las diligencias en Francia no pueden justificar la apertura de este procedimiento, Hazte Oír dice que "en casos análogos de investigaciones internacionales, el mantenimiento de la causa abierta permite una agilidad indispensable para emitir o recibir de forma inmediata Órdenes Europeas de Investigación (OEI)". Además, sostiene que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido que la pendencia de investigaciones en otros Estados aconseja evitar cierres procesales irreversibles.
Un programa de Amnistía Internacional
El magistrado Calama acordó el sobreseimiento provisional de esta causa, lo que permite una futura reapertura del asunto en caso de que aparezcan nuevos indicios que así lo permitan o de que hubiera colaboración por parte de Israel. Con todo, en la documental remitida por Francia al juzgado y que desveló este medio, se apuntó a la posibilidad de que Marruecos estuviera detrás de este espionaje. En el intercambio de correos se señaló que la comparación de datos franceses y españoles permitió identificar "dos marcadores idénticos", lo que dejaba suponer "autores comunes". Ante ello, uno de los magistrados franceses encargados del asunto escribió en un correo: "¿Los servicios marroquíes?".
Este medio desveló igualmente que Francia utilizó hasta quince programas para investigar el hackeo. La Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) trasladó a la Audiencia Nacional que usaron entre otros, el software israelí Cellebrite (también empleado en España por la Policía y la Guardia Civil), la herramienta GrayKey, que permite recuperaciones completas de archivos, y el programa Mobile Verification Toolkit (MTV) desarrollado por Amnistía Internacional, que detecta si un teléfono móvil tiene trazas de Pegasus.