Ingresos y subvenciones de los hogares

Kofi Annan (1938-2021), que fue Secretario General de la ONU y el primer africano en alcanzar ese puesto, decía que «la dignidad humana no se puede lograr sin un estado asistencial que asegure el bienestar de todos».

Hay pocos que lo discutan, pero ya es más peliagudo alcanzar un acuerdo sobre hasta dónde debe llegar ese estado asistencial. El debate, por supuesto, también existe en España, donde se da una extraña coincidencia entre la derecha y la izquierda, incluso entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Todos los partidos, incluso los que se intitulan liberales, defienden un amplio estado asistencial –del bienestar–, aunque discrepen sobre hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos asistenciales.

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), uno de los «pensaderos económicos» –think tank– más prestigiosos del país, acaba de publicar un informe exhaustivo que, entre otras cosas, detalla las prestaciones asistenciales y la cuantía que reciben los hogares españoles.

El informe ha sido coordinado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, con la participación de los economistas Carmen Marín (Fedea), Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid y Fedea).

Titulado «Cuentas etarias de los miembros de los hogares, 2022», pretende «comprender mejor cuánto ingresan y en qué gastan los miembros de los hogares españoles, así como dar a conocer qué reciben y aportan al sistema público según su edad y género, aspectos clave para anticipar los desafíos económicos y sociales de las próximas décadas (...) y otras cuestiones clave para garantizar el estado del bienestar».

El estudio es exhaustivo y debería servir de referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, incluida sobre todo su vicepresidenta en retirada, Yolanda Díaz. También tendría que tenerlo en cuenta la oposición de Núñez Feijóo y el resto de fuerzas políticas, por muy «indepes» que sean, sin olvidar a las extremas, izquierda y derecha.

Es, sobre todo, una radiografía económica de los hogares, de los votantes en definitiva. Hay muchos datos muy significativos, que llaman la atención y que quizá son bastante ignorados.

En 2022, el último ejercicio del que hay datos disponibles, cada persona «gestionó» –lo que no quiere decir que ingresara de forma directa– 32.391 euros, que procedían de su trabajo, de rendimientos del capital, de las prestaciones públicas y del uso de los servicios públicos. Los detalles indican que algo más de un tercio –11.942 euros por persona, un 36,5% más o menos– procede de prestaciones públicas, ya sean monetarias o no.

En términos macro, los recursos totales de los hogares sumaron en 2022 un total de 1,53 billones de euros, cifra equivalente al 111% del PIB. Y de ellos, nada menos que 565.454 millones de euros correspondieron a prestaciones públicas, algunas evidentes para todo el mundo, aunque otras pasan más inadvertidas para la inmensa mayoría de la población.

Los españoles reciben dos tipos de prestaciones del Estado: unas de carácter monetario –reciben dinero de forma directa– y otras en especie –disfrutan de una serie de servicios–, ya sean de tipo individual o colectivo.

Las prestaciones monetarias suman 215.058 millones de euros y corresponden a pensiones –162.663 millones–, invalidez –17.863 millones–, desempleo –20.917 millones– y otra serie de prestaciones de más difícil clasificación, pero que suman otros 13.615 millones de euros.

Además, están las prestaciones en especie, que representan 165.396 millones. De ellos, 84.357 se destinan a sanidad, 51.041 millones a educación y 29.602 millones a otro tipo de prestaciones también en especie.

Por último, hay que contabilizar el llamado «consumo público colectivo», que supone 185.396 millones de euros. En ese capítulo hay que incluir los servicios públicos generales, el gasto en defensa, en orden público, en los denominados asuntos económicos, en medio ambiente, en vivienda y en ocio, cultura y religión.

Son recursos de los que disponen los ciudadanos de forma habitual, aunque quizá muy pocos los consideren así, tal vez en la tradición de la exministra y exvicepresidenta Carmen Calvo y su famosa y equivocada sentencia: «el dinero público no es de nadie».

Es de los ciudadanos y, como acaba de constatar otra vez Fedea, se puede calcular con bastante precisión cuántos recursos, procedentes del erario público, disfrutan los españoles y cómo.

La cuantía total e individual y su distribución son discutibles y generan discrepancias sobre su obtención –impuestos– y su reparto, y son gran parte esencial del estado asistencial que asegura el bienestar de todos, como explicaba Kofi Annan.