Josep Maria Bartomeu ha tenido que declarar este jueves como investigado ante un juez, tras la denuncia que el Barça formalizó en su contra por supuesta administración desleal en tres operaciones, cuando presidía el club. Al respecto de una de ellas, el pago de 1,7 millones de euros a quien fuera su abogado personal, José Ángel González Franco, el exmandatario ha explicado que obedeció a un acuerdo verbal con el propio club, tras encargar al letrado alcanzar un acuerdo de conformidad en el denominado caso Neymar, que rebajase la multa por las irregularidades en el fichaje del brasileño. «Inicialmente se pedían 22 millones, que al final quedaron en 5. González Franco pidió cobrar 2 millones, pero Bartomeu le dijo que lo máximo que cobraría sería el 10 por ciento» de lo que ahorrase a las arcas del Barça, ha detallado a las puertas de los juzgados José María Fuster Fabra, que ejerce la defensa del expresidente azulgrana. Es decir, ese acuerdo ahorró 17 millones al equipo, y por eso González Franco recibió un pago de 1,7 millones. Así lo ha defendido el propio Bartomeu ante el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, que lo investiga por un delito continuado de administración desleal respecto a tres operaciones. Además de la del citado letrado, también por el fichaje de Malcom, y los pagos de 1,5 millones al El Club Esportiu Laietà (CEL) y su fundación privada, por las obras en 'Espai Barça'. Según el Ministerio público, el exdirigente azulgrana «omitiendo los deberes de diligencia y lealtad en la gestión del patrimonio» del Barça, «infringió conscientemente las obligaciones inherentes a su posición». Algo que niega su defensa. Respecto al Laietà, Bartomeu ha apuntado en sede judicial que de toda la negociación con el club se encargó Jordi Moix, y que en todo momento estuvo asesorado por el despacho Garrigues. «Se ha explicado todo, el problema está cuando se pretende que un presidente de un equipo de fútbol; un señor que no cobra [por ese cargo] y que trabaja en su propia empresa, conozca todos los detalles» de la actividad del club, ha indicado su letrado. Durante su declaración, Bartomeu ha contestado a todas las preguntas de la Fiscalía, a las defensas del resto de investigados -entre los que se encuentra el propio González Franco-, pero no a la representación del Barça que fue quien impulsó la causa en su contra. A pesar de estar investigado también por el fichaje de Malcom, nadie le ha preguntado al respecto, según ha detallado su defensa. En su queja, tal y como detalló este diario el pasado septiembre, el Ministerio público sostiene que Bartomeu, junto a otros directivos entonces, como Óscar Grau, «acordaron el abono a intermediarios, con los que el club no había contratado, determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para el fichaje del brasileño, causando, en consecuencia, un perjuicio económico» al Barça. Dichas comisiones habrían ascendido a 10 millones de euros. En cuanto al denominado caso Neymar I, la Fiscalía de Delitos Económicos apunta que en mayo de 2017, Bartomeu indicó a los miembros de la Junta que la gestión del despacho de abogados González Franco «había sido muy favorable para el club» -al haberse reducido la cantidad de peticiones económicas de las acusaciones y alcanzar una conformidad- y por eso explicó que había decidido «acordar el pago de unos honorarios fijos de 50.000 euros y una variable del 10 por ciento sobre las diferencias entre las peticiones consignadas en los escritos de acusación» y el total que había tenido que asumir finalmente el club. Por lo que, tras dicho acuerdo, se realizó un primer pago de 950.000 euros más IVA, restando pendiente de abonar más de 769.000 euros. Ese primer pago se realizó en julio de 2016, pero la junta no fue informada del mismo hasta la citada reunión de mayo del año siguiente. Reitera así la Fiscalía que Bartomeu omitió los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando, además, una capacidad de decisión que le correspondía a la junta directiva, «a quien habría ocultado la realidad de los aspectos de la operación». en connivencia con los ahora también investigados, Grau, y de quien fuera jefe de los servicios jurídicos del Barcelona Roman Gómez Ponti. Los pagos a González Franco «se realizaron sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad» que se pactó en el caso Neymar, indica la denuncia. El tercer hecho que recoge la queja de la Fiscalía es sobre la modificación del plan general metropolitano para las obras del Camp Nou. Aunque dicha modificación no afectaba al Club Esportiu Laietà (CEL) y su fundación privada, cuando ambas trasladaron al Barça su intención de «realizar ciertas apreciaciones» sobre el plan, algunos dirigentes azulgranas llegaron a un acuerdo para abonar «unas determinadas cantidades» al Laietà como consecuencia de las obras del Espai Barça. En una junta de noviembre del 2017, Bartomeu informó de la existencia de un problema en los límites con la finca adyacente del Laietà -a pesar de que la modificación no afectaba a esos terrenos-, defendiendo así el acuerdo alcanzado, para que gracias al pago no se retrasasen las obras. El importe era de 1,5 millones. Finalmente, el Barça pagó dos facturas al CEL. De 421.925 euros y otra de 516.000 euros.
