Los problemas de salud mental se cuelan en las aulas

Como en otras profesiones, la salud mental del profesorado ha pasado de ser algo de lo que no se hablaba a ser uno de los puntos de más preocupación en el sistema educativo.

Los docentes reconocen tener que atender cada vez más problemas emocionales del alumnado mientras arrastran su propio desgaste psicológico, con niveles elevados de estrés, ansiedad y depresión que ya no se pueden despachar como malestar individual pasajero. Se demandan más recursos profesionales (incluidos psicólogos) pero la duda es hasta qué punto su mera presencia en los centros sería suficiente para revertir una dinámica que tiene tanto que ver con la organización del trabajo como con las condiciones en las que se enseña.

Un aula emocionalmente saturada

En los últimos años se han multiplicado los estudios sobre salud mental y salud laboral docente, hasta el punto de que, según el psicólogo e investigador Javier Rodríguez Fragoso, «2022 fue el año con mayor número de publicaciones científicas sobre este tema, superando los 900 artículos» y en el último lustro se han publicado «alrededor de 700 estudios anuales». Esa producción científica converge en un mismo diagnóstico: el malestar de los docentes no aparece aislado, sino que configura redes de síntomas donde el burnout se enlaza con la ansiedad, el estrés y la depresión, reforzándose mutuamente.

El estudio «El estado de la salud mental en el aula 2025», impulsado por Fundación MAPFRE y Siena Educación, revela que casi la mitad del profesorado valora su propia salud mental como buena o muy buena, pero un 27,6% la sitúa en un terreno regular y cerca de un 11% la considera mala o muy mala. Detrás de esa valoración relativamente positiva late, sin embargo, un amplio malestar: el signo de agotamiento más señalado es el estrés (31,2%), seguido de la falta de motivación (24,5%) y la irritabilidad (21,1%), mientras que solo un 1,1% dice no percibir ningún signo de desgaste.

Ese desgaste se alimenta de varios frentes: sobrecarga de trabajo, carga burocrática, síntomas físicos y cognitivos (agotamiento, olvidos) y tensiones relacionales con familias o alumnado que los docentes describen como fuentes constantes de erosión emocional. «Cuando estas conexiones se consolidan, el malestar no solo aumenta en intensidad, sino que también tiende a mantenerse en el tiempo», advierte Rodríguez Fragoso, lo que convierte la salud mental del profesorado en un problema estructural y no solo clínico.

Ansiedad, bajas y otros síntomas

El propio estudio de ANPE pone cifras al impacto emocional: en el curso 2024‑25, un 71,3% de los docentes que acuden al Defensor del Profesor manifiestan ansiedad, un 17,3% están de baja y un 11,7% refieren depresión. Los porcentajes se mantienen elevados y relativamente estables desde hace tres cursos, con ligeras variaciones, lo que sugiere un problema persistente más que un pico coyuntural.

Los datos muestran diferencias por etapa: los docentes de Primaria son quienes declaran mayor proporción de ansiedad (75%), mientras que los de más de 15 años de experiencia concentran más bajas laborales (22,4%) y más síntomas depresivos (15,1%). Según Rodríguez Fragoso, entre los perfiles más vulnerables aparecen con frecuencia mujeres de entre 30 y 40 años que ejercen en Secundaria, una etapa que combina la complejidad evolutiva del alumnado con fuertes demandas del sistema.

En su investigación, este psicólogo general sanitario describe un patrón de síntomas en el profesorado con burnout donde ocupan posiciones centrales el miedo, la irritabilidad y la autodevaluación personal. Signos que «suelen reflejar un desgaste emocional que, si no se aborda a tiempo, puede cronificarse», subraya.

Los docentes, además, perciben que los factores de riesgo para la salud mental del alumnado (estrés académico, problemas familiares, presión social y redes sociales) no dejan de intensificarse. El informe de 2025 señala que un 97,9% del profesorado considera que las redes sociales impactan negativamente en el bienestar de los estudiantes, por delante incluso de la presión académica.

Psicólogos, pero ¿cómo y para qué?

La idea de reforzar la presencia de psicólogos en los centros educativos aparece de manera casi automática en las propuestas del profesorado. La mayoría reclama más servicios especializados, protocolos claros y recursos estables, y ve con buenos ojos la incorporación de profesionales de la salud mental como apoyo estructural, no solo para el alumnado, sino también para los docentes.

Rodríguez Fragoso, sin embargo, cree que la presencia de psicólogos en los centros educativos «podría facilitar la detección temprana del malestar y ofrecer espacios de apoyo emocional para los docentes», pero «por sí sola no resolvería el problema». Recuerda que en muchos centros ya trabajan psicólogos de la educación, centrados sobre todo en las dificultades de aprendizaje del alumnado y a menudo «claramente desbordados por la demanda existente».

A su juicio, si se quiere abordar de verdad la salud mental del profesorado habría que pensar en «recursos específicos orientados a la salud laboral docente», que incluyan intervención psicológica pero también cambios en la organización del trabajo: ratios más bajas, menor carga burocrática y un apoyo institucional que reduzca la sensación de estar solos ante el conflicto diario.

El psicólogo y psicoterapeuta Ramón Oria de Rueda, especializado en supervisión de equipos y en prevención del acoso escolar, se muestra aún más escéptico sobre el impacto de colocar un profesional de la psicología dentro del claustro. «La solución no es poner un psicólogo en el centro», sostiene con rotundidad, y añade que «no ha funcionado cuando se ha intentado». Su experiencia trabajando en protocolos contra el acoso le lleva a defender que los agentes que forman y certifican esos procedimientos sean externos al colegio, precisamente para garantizar independencia y eficacia.

Oria de Rueda propone mirar hacia modelos ya asentados en otras profesiones sanitarias. «Los psicólogos y los psiquiatras solemos (debemos) buscarnos una supervisión profesional», explica. Algo que debería existir para el profesorado: espacios de supervisión, individuales o grupales, que no dependan jerárquicamente del centro ni de la administración educativa. «En el caso de profesores y personal sanitario, deberían tener un supervisor; la supervisión puede ser individual o en grupo, y en mi opinión debería ser privada», plantea. La clave, señala, está en la independencia del profesional respecto al sistema en el que se producen los conflictos: cuando el experto en bienestar forma parte de la plantilla o depende de la misma administración, se convierte en «parte y parte», lo que dificulta que pueda certificar o evaluar de forma imparcial protocolos de convivencia o de salud mental.

Su desconfianza se extiende a la eficacia de la atención psicológica pública, ya que «no tiene la misma efectividad que desde medios privados»,, atribuyéndolo a factores como el compromiso, las listas de espera, el formato de las sesiones o la propia percepción de gratuidad por parte de los usuarios. Sin negar el papel de la sanidad pública, insiste en que el apoyo al profesorado debería cuidar esas condiciones de forma específica si se busca un impacto real sobre su bienestar.

Rodríguez Fragoso insiste en que «mejorar la salud mental del profesorado requiere un enfoque compartido»: administraciones, centros, familias y alumnado deben implicarse en construir un clima de respeto y colaboración en el aula. Desde su perspectiva, cuidar la salud mental de quienes enseñan «no es solo una cuestión individual o clínica», sino «una responsabilidad educativa y social, porque el bienestar de los docentes está directamente relacionado con la calidad del sistema educativo».