Cuatro meses después de la detención del entonces presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, Javier Aureliano García Molina , el denominado Caso Mascarillas sigue creciendo y consolida la hipótesis de una presunta trama de corrupción estructural en torno a la contratación pública. Lejos de limitarse a un contrato puntual durante la pandemia, la investigación refleja un entramado que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría funcionado durante años mediante adjudicaciones irregulares, cobro de comisiones y movimientos de dinero en efectivo. Un nuevo informe de la UCO destapado hace unos días apunta a que García Molina habría utilizado dinero de origen presuntamente ilícito para pagar la hipoteca de una vivienda en Almerimar (El...
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