"¿Quién garantiza que las mascarillas son válidas?": los correos de Transportes evidencian dudas sobre la empresa del "caso Koldo"
En el seno del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la época del exministro socialista José Luis Ábalos hubo dudas respecto a la calidad y las características técnicas de las mascarillas que compraron a la empresa del «caso Koldo».
En un correo electrónico, del 20 de marzo de 2020, dirigido al subsecretario Jesús Manuel Gómez (ahora imputado en la Audiencia Nacional), el entonces director general de organización del ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, le preguntó, preocupado: «¿Quién nos garantiza que esas mascarillas son válidas para el Covid?».
Este alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez sugirió, como solución, a su superior el «mandarle» al Ministerio de Sanidad «exclusivamente las características de las mascarillas para que les asesorase» sobre su validez.
Este y otros «mails» están ya en manos del Tribunal Supremo como material probatorio que se tendrá en cuenta en el primer juicio a la «trama Koldo» en que se sentarán en el banquillo por los contratos sanitarios, además de Ábalos, el que era su asesor de cabecera, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
Entre la documentación remitida al alto tribunal también figura la carta con la que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía del entramado, mostró «su interés» por suministrar a la Administración estos elementos de protección frente al virus de la pandemia.
La mercantil vinculada al comisionista Aldama reivindicó en esa misiva su «competencia técnica y económica» para llevar a cabo el encargo y se vanaglorió ante Transportes de su «éxito nacional e internacional, en países en difíciles condiciones de desarrollo», tales como los africanos «Angola y Mauritania».
Soluciones aseguró que tenía «una experiencia contrastada en proyectos sanitarios» e, incluso, se mostró en posición de «garantizar» en este proyecto un «nivel de calidad» en el resultado.
En otro «mail» previo, del 19 de marzo, Mercedes González Álvarez, que ejercía como responsable de transporte terrestre en el ministerio, comentó que era «muy grosero» el cálculo que había realizado para trasladar por carretera dos millones de mascarillas en un periodo de 15 días.
González se mostraba segura de que «la situación se prolongaría más» y, por ello, abría la puerta a «aumentar esa cantidad» de material y así pedir hasta «cuatro millones».
«Al fin y al cabo, seguro que se acaban utilizando de alguna u otra manera o por otras necesidades», apostilló en el mensaje dirigido a María José Rallo, que era en aquella época secretaria general del ministerio y que ahora preside la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta última en su contestación señaló la posibilidad de que desde Transportes se hiciese «una compra masiva de mascarillas» y, a partir de ahí, se repartiese el excedente «al sector privado de transportes». «No deis muchas esperanzas por si luego se trunca», le recomendó Rallo a su interlocutora.
Esta misma González en un correo de idéntico día, pero en el que figura como destinatario Sánchez Fuentefría, advierte de que «parecía que había algún tipo de mascarilla que no está certificada para uso sanitario», dado que en las que son aptas para este grupo «los requisitos son mucho más exigentes, lógicamente».
Esta directora ministerial planteaba su aprovechamiento para «prevenir riesgos en el desempeño de algunas profesiones no sanitarias que no tienen contacto directo con personas positivas, pero que pueden estar más expuestas».
Asimismo, aquel 19 de marzo, el responsable de seguridad de Renfe, Jerónimo Robledo, trasladó a Transportes sus necesidades relativas a las mascarillas para que fueran tenidas en cuenta a la hora de organizar la compra de esos recursos sanitarios.
La ferroviaria pública necesitaba equipar con mascarillas a un total de 10.300 trabajadores internos y también a otros 10.050 empleados externos de Renfe. Por parte de Transporte se advirtió a este y otros organismos dependientes de que, pese a que se tenían en cuenta todas las peticiones de mascarillas recibidas, veían que «iban a exceder en gran cantidad la capacidad de las que podían conseguir».
Por su parte, desde la dirección de explotación de Puertos del Estado tildaron de «excesivo en algunos casos» el consumo semanal que preveían de medios de autoprotección que incluye, además de mascarillas, guantes de gel y buzos, entre otros. En ese momento, no se había analizado aún el volumen de recursos que había solicitado cada uno.
Solo días después, el 21 de marzo de 2020, Puertos, ente público dependiente del departamento de Ábalos, adquirió a Soluciones de Gestión ocho millones de mascarillas, a cambio del pago de un total de 20 millones de fondos públicos.
Apenas una semana después hizo lo mismo Adif –entonces presidida por Isabel Pardo de Vera, que, de igual forma, está siendo investigada en la AN por el magistrado Ismael Moreno–. El 27 de marzo desembolsó 12 millones y medio de euros para la adquisición de cinco millones de mascarillas. Le siguieron Interior, Canarias, Baleares y una UTE de Ingesa con Ferrovial.