El 26 de junio de último de 2022 el Auditorio Rocío Jurado de la isla de la Cartuja acogió su último concierto. Fue el de Sebastián Yatra . Días más tarde, el Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por Antonio Muñoz, rescindió el contrato por el que TCM Audivisión gestionaba este recinto, atribuyéndose a dicha entidad una deuda de casi 1,5 millones de euros con las arcas municipales por las rentas e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) repercutidos de los años 2016 a 2020. De esta manera se iniciaba un litigio por el que la promotora trataba de recuperar su licencia. Aunque TCM logró la suspensión cautelar de la rescisión de su contrato mientras se prolongase la resolución del litigio, la Justicia acabó dando la razón al Ayuntamiento, que recuperaba así el control del inmueble en octubre de 2024, ya con José Luis Sanz en la Alcaldía. En este nuevo escenario administrativo, el gobierno municipal impulsó un procedimiento para recuperar este espacio, legado de la Expo 92 , tras años de abandono, que tendrían su culmen con el incendio del 30 de noviembre de ese mismo año y que afectaría a parte del inmueble. El Ayuntamiento cuenta encima de la mesa con un proyecto de reforma y recuperación del Auditorio Rocío Jurado impulsado por Pro Venue Gestión de Instalaciones y Eventos, gestora del Movistar Arena de Madrid , y Rusvel, que supone una inversión por encima de los 35 millones para conseguir el recinto cerrado mayor del Sur de España con más de 15.000 espectadores. El siguiente paso que debe dar el Ayuntamiento es la licitación del otorgamiento de la concesión para dicha explotación, para ello la junta de gobierno local, en la reunión de este viernes, admitirá a trámite la iniciativa privada para la obtención de concesión administrativa de este espacio, que incluye la reforma del auditorio. En dicha propuesta, a la que ha tenido acceso ABC, además de incluir todas las actuaciones para la reforma integral del auditorio, contemplando la cubrición superior y cierre total de las cuatro fachadas, se expone el impacto económico que un recinto de estas características tendrá para la ciudad. Los promotores, que ya gestionan en Madrid el Movistar Arena, señalan estudios que les lleva a afirmar que la aportación total de esta actividad al Producto Interior Bruto de la comunidad andaluza es, «nada más y nada menos, que de más de 220 millones de euros , cifra que multiplica por cinco el presupuesto del Ayuntamiento para cultura en 2025 (46,38 millones)». Este impacto, como continúa la propuesta encima de la mesa del Ayuntamiento, es generado por los asistentes debido a los flujos económicos generados por su visita (transportes, alojamiento, restauración y compras), seguido por el generado por las productoras. Además, la futura actividad en el Rocío Jurado influye en actividades satélites de la explotación como montaje, sonido, iluminación, seguridad, etc. De otro lado, recoge la propuesta que la actividad contribuirá a generar 1.427 empleos directos primarios, 276 empleos indirectos secundarios y hasta 386 empleos inducidos. Por último, el planteamiento que hacen los Pro Venue y Rusvel es que, debido a la naturaleza jurídico-administrativa de los bienes de dominio público, la concesión para su uso privativo debe ser temporal, asegurando que el bien revierta al Ayuntamiento, que decidirá sobre su reutilización. Por ello es «imprescindible» establecer un p eriodo de concesión adecuado para que el concesionario recupere la inversión realizada y obtener una rentabilidad razonable. En este caso la inversión inicial es de 35 millones, por lo que el periodo de amortización de la inversión de 59 años y dos meses. «Estaría justificado que el plazo de duración de la concesión ascendiese a 59 años y 2 meses, sensiblemente inferior al máximo previsto por la normativa aplicable (75 años)».
