El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Administración General del Estado al pago de una indemnización de 3.600 euros a un agente de la Policía Nacional por las lesiones sufridas durante una intervención policial en acto de servicio, tras haber rechazado la tesis de la prescripción. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, estima íntegramente el recurso interpuesto por Jupol y respalda la labor del sindicato en la defensa jurídica de los policías nacionales frente a resoluciones administrativas «injustas». Además, confirma, una vez más, que la Administración no puede desentenderse de su obligación de proteger y resarcir a los agentes que resultan lesionados en el ejercicio...
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