Brisa ya esperó demasiado: la Ley 010 es una deuda con todas
Brisa de Angulo tenía 16 años cuando su primo, un hombre de 26 que vivía en su propia casa en Cochabamba, comenzó a violarla sistemáticamente durante ocho meses. Ella se animó, denunció, y el Estado boliviano la abandonó: la justicia, en lugar de protegerla, la revictimizó. Pasaron 24 años y el violador sigue en libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia por negligencia, por haberle negado el acceso a la justicia y por haber incurrido en violencia institucional. De las once medidas que ordenó ese fallo vinculante, el Estado apenas ha cumplido dos. ¿Cuántas Brisas más tienen que callar? ¿Cuántas niñas más tienen que cargar con el peso del silencio mientras el sistema les dice “no alcanza”, “no será mentira”, “no se pudo”, “prescribió”?
Hoy, el Proyecto de Ley N° 010 –conocido como Ley Brisa– está sobre la mesa de la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado en el Senado en abril de 2024, repuesto en diciembre de 2025 y pasó por mesas técnicas donde se depuraron los puntos ajenos a la sentencia de la Corte IDH. Ya no hay excusas, solo falta voluntad política. Y aquí no se trata de colores partidarios, sino de si somos capaces de dejar de mirar para otro lado. Porque la pregunta que debería incomodarnos a todas y todos es la misma de siempre: ¿cuántas Brisas más tienen que callar mientras los legisladores miran para otro lado?
La historia de Brisa no es una excepción, eso lo sabemos de sobra. Es el espejo de lo que viven miles de niñas y adolescentes en Bolivia cada día. En 2025, el país cerró con 10.816 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Casi treinta denuncias por día. Y estas cifras ya son aterradoras. Pero el verdadero horror está en lo que no se denuncia, porque solo el 17% de las sobrevivientes de violencia sexual en Bolivia se animan a poner el caso en manos de la justicia. El 63% de las víctimas de violencia sexual en el país son menores de 18 años.
La norma propone cuatro transformaciones profundas. Primero, modifica el delito de violación para que el eje central sea el consentimiento, no la prueba de violencia física o intimidación; porque cuando el cuerpo entra en estado de terror, se paraliza, no grita, no se defiende, estas circunstancias pasan a considerarse parte de una gama más amplia de circunstancias coercitivas. Segundo, elimina la figura del estupro –ese eufemismo miserable que históricamente disfrazó el abuso de adolescentes– y lo incluye en el delito de «violación de infante, niña, niño o adolescente», protegiendo hasta los 18 años a las víctimas no solo hasta los 14 años como sucede ahora. No, no despenaliza nada: al contrario, le pone el peso real a la conducta.
Sigamos. Tercero, tipifica la violación incestuosa contra niñas, niños y adolescentes como delito autónomo, no sólo una agravante como se considera ahora, porque cuando el agresor es el tío, el padrastro, el primo o el padre, no es un hecho más: es una traición al vínculo de cuidado. Y cuarto, establece la imprescriptibilidad de estos delitos. Una niña violada a los 10 años por su padre no puede denunciar a los 11. Muchas veces necesita 15, 20 o 30 años para procesar el trauma, para independizarse, para romper el miedo que ha tomado su palabra.
Entonces, ¿qué esperamos? La Ley Brisa no es un capricho de feministas radicales, ni una ocurrencia legislativa; es el cumplimiento obligatorio de una sentencia de la Corte Interamericana; es una herramienta concreta para cerrar las grietas por donde se escurre la justicia, es la oportunidad de mirar a los ojos de cada niña y decirle que no está sola; es la posibilidad de que una adolescente que hoy no se anima a hablar, porque el violador es el hombre que pone la comida en su casa, sepa que, cuando cumpla 18, todavía va a estar a tiempo; es dejar de ser un país que entierra a sus víctimas bajo montañas de papeles y plazos vencidos.
Brisa ya esperó 24 años, como esperan Carmen, o Silvia, o Ana, o tantas otras que sabemos y queremos. No las hagamos esperar un día más. Aprobar esta ley es urgente; cada día el sistema penal boliviano sigue diciéndole a una niña violada que su silencio vale más que su palabra, que su miedo no es prueba suficiente, que su agresor puede dormir tranquilo. Las y los legisladores tienen el proyecto sobre la mesa; las sobrevivientes, el miedo en el cuerpo.
Cecilia Terrazas Ruiz
Comunicadora social y poeta feminista
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