Indra y el intervencionismo del Gobierno
El intervencionismo del Gobierno en el tejido empresarial español ha dejado de ser una anomalía puntual para convertirse en un patrón preocupante. Lo ocurrido en Indra en los últimos años constituye un caso paradigmático de cómo la acción política, lejos de limitarse a garantizar un marco institucional estable, se ha orientado a influir de manera directa en la gobernanza de compañías estratégicas. Y no se trata solo de una cuestión de formas, sino de consecuencias profundas sobre la seguridad jurídica, la confianza inversora y, en última instancia, el crecimiento.
El episodio más reciente –la salida de Escribano de Indra– no puede analizarse de manera aislada. Es, más bien, el último eslabón de una cadena de decisiones en las que el poder político ha intervenido activamente en la configuración de los órganos de dirección de Indra. Primero se impulsó su llegada, en un movimiento que ya generó dudas sobre la independencia de la compañía. Ahora, su salida vuelve a evidenciar que los criterios empresariales han quedado subordinados a decisiones de naturaleza política. La empresa, en lugar de regirse por la lógica del mercado, se convierte en un instrumento más dentro de una estrategia gubernamental.
Pero el problema no se circunscribe a Indra. El traslado de Murtra a Telefónica, acompañado de la forzada destitución de Álvarez-Pallete –según diversas informaciones, en la propia Moncloa–, amplía el perímetro de este intervencionismo. Se dibuja así un patrón en el que el Gobierno no solo influye, sino que decide activamente quién dirige compañías clave del Ibex-35. Este tipo de actuaciones no son neutras: erosionan los principios básicos de una economía de mercado, donde la asignación de recursos y la gestión empresarial deberían responder a criterios de eficiencia y creación de valor, no a intereses políticos coyunturales.
Estas actuaciones no son neutras: erosionan los principios de una economía de mercado
La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta cualquier economía desarrollada. Cuando los inversores perciben que las reglas del juego pueden alterarse en función de decisiones políticas discrecionales, el riesgo país aumenta. Y con él, el coste de capital. España no es ajena a esta dinámica. El creciente intervencionismo transmite una señal inequívoca: la propiedad y el control empresarial pueden verse condicionados por la voluntad del Ejecutivo. En este contexto, la previsibilidad desaparece, y con ella, la confianza.
A ello se suma un entorno regulatorio y fiscal cada vez menos favorable. La presión tributaria efectiva sobre empresas y rentas del capital ha aumentado de forma significativa en los últimos años, en un contexto donde otros países compiten por atraer inversión con marcos más estables y competitivos. La combinación de inseguridad jurídica e incremento de la carga fiscal genera un efecto disuasorio claro. No es casualidad que el ritmo de llegada de inversión extranjera haya mostrado signos de importante desaceleración en comparación con otros periodos.
La inversión no es un elemento accesorio en la economía; es su motor. Sin inversión, no hay acumulación de capital, ni innovación, ni aumento de la productividad. Y sin productividad, el crecimiento económico se resiente. España corre el riesgo de entrar en un círculo vicioso: menor inversión implica menor crecimiento potencial, lo que a su vez reduce la capacidad de generar empleo de calidad y eleva la dependencia de políticas redistributivas. Es decir, una economía menos dinámica, más subsidiada y, con ello, más pobre.
El intervencionismo, además, introduce distorsiones en la asignación de recursos. Las empresas dejan de competir en igualdad de condiciones cuando algunas cuentan con el respaldo implícito o explícito del poder político. Esto no sólo perjudica a sus competidores, sino que también reduce los incentivos a la eficiencia y la innovación dentro de las propias compañías intervenidas. A largo plazo, el resultado es un tejido empresarial menos competitivo, más dependiente y menos capaz de generar valor añadido.
Provocan que todas las empresas dejen de competir en igualdad de condiciones
El problema surge cuando se traspasa la línea que separa la supervisión del control directo, y cuando las decisiones empresariales se convierten en extensiones de la acción política. En ese momento, la economía deja de operar bajo principios de mercado y comienza a deslizarse hacia un modelo donde la discrecionalidad sustituye a la norma.
España necesita, más que nunca, reforzar su credibilidad como destino de inversión. En un contexto global marcado por la competencia entre jurisdicciones, los países que ofrecen estabilidad, seguridad jurídica y marcos fiscales razonables son los que captan el capital. Persistir en una estrategia de intervención creciente, acompañada de una política fiscal cada vez más exigente, es apostar por el camino contrario.
Los casos de Indra y Telefónica no son meros episodios corporativos; son síntomas de un problema estructural. Si no se corrige esta deriva, el coste no será sólo reputacional. Será económico, tangible y sostenido en el tiempo: menos inversión, menor crecimiento, menor empleo y, en definitiva, un empobrecimiento progresivo de la economía española. La pregunta no es si este modelo es sostenible, que no lo es, sino cuánto tiempo puede mantenerse sin que sus efectos se vuelvan irreversibles.