Se quejan en Marruecos de que sus nacionales en España sufren un acoso para ser detenidos y expulsados
Los marroquíes en situación irregular en la Península Ibérica están abandonando los espacios públicos en las ciudades españolas, especialmente en la capital, Madrid, para no exponerse a mayores riesgos de controles de identidad, detención o incluso expulsión.
Esta estrategia encubierta busca contrarrestar la reciente represión de las autoridades españolas, que han deportado a decenas de inmigrantes indocumentados, según el diario "Assabah". Según fuentes del periódico, no menos de 120 ciudadanos marroquíes, identificados como personas en situación irregular y registrados, están sujetos a medidas de extradición a Marruecos.
Además, varios ciudadanos marroquíes implicados en casos penales están actualmente sujetos a procedimientos de deportación desde territorio español. Los procedimientos requieren una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes, dada la gravedad de los crímenes cometidos en España y los casos que aún se están tramitando ante los tribunales de la península.
Estas intervenciones preceden a la entrada en vigor, prevista para el 20 de abril, de un programa masivo de regularización en España. De acuerdo con el decreto de 2026, la medida afecta a no menos de 500.000 personas indocumentadas, entre ellas una parte importante de la comunidad marroquí.
La operación excepcional de regularización, dirigida a inmigrantes residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, se desarrollará del 1 de abril al 30 de junio de 2026. Para ello, la misma fuente indica que los ciudadanos marroquíes afectados recurren a despachos de abogados especializados en inmigración para presentar sus solicitudes cumpliendo estrictamente con la legislación vigente y obtener un permiso de residencia o trabajo de un año.
Esta excepcional operación de regularización, impulsada por el gobierno del presidente del Gobierno, no fue del agrado del comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien expresó su desaprobación, temiendo que la medida fomentara los cruces ilegales a la UE y fuera incompatible con la política migratoria común establecida por los europeos. La operación también fue duramente criticada por el Partido Popular, que planteó la cuestión ante las instituciones de la UE, recuerda el periódico.