El dueño de Forestalia acusa a la Fiscalía de hacer una investigación "prospectiva" y a la Guardia Civil de tomar como "indicios" datos de prensa

El dueño de Forestalia, Fernando Samper, ha acusado a la Fiscalía y al juez instructor del caso, Juan José Cortés, de emprender una "investigación prospectiva" contra él. El que fuera presidente hasta hace poco más de una semana de la compañía que hoy se encuentra en el ojo del huracán ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel para pedir la nulidad del caso, alegando distintas irregularidades procesales.

El recurso de reforma al que ha tenido acceso este periódico va dirigido, en concreto, contra cuatro resoluciones: tres autos de prórroga de instrucción y el auto de entrada y registro de las oficinas del expresidente de Forestalia en Zaragoza, Madrid y otra decena de localizaciones.

La defensa del investigado además de alegar que las irregularidades expuestas en la denuncia que dan origen al caso son "inexistentes", detalla que se han dictado por orden judicial medidas cautelares contra su cliente y una serie de registros en base al contenido de una denuncia distinta a la que dio lugar a la investigación original.

Hay que recordar que en este procedimiento hay dos denuncias: por un lado, la originaria de la causa interpuesta por la Asociación de Apoyo a Teruel Existe y, por otro, una denuncia posterior relacionada con el Clúster Maestrazgo, presentada por Vox.

La primera hace hincapié en las supuestas irregularidades del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en parques eólicos y fotovoltaicos, y la segunda a las presuntas prácticas ilícitas en un macroproyecto de hasta una veintena de parques eólicos. Para los abogados del empresario, los penalistas Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer, ambas denuncias no tienen conexión.

El instructor del procedimiento investiga una presunta trama de corrupción medioambiental ligada a la concesión y tramitación de licencias desde el Ministerio de Transición Ecológica de proyectos eólicos y fotovoltaicos, sobre todo, en Teruel a cambio de pagos o contraprestaciones ilícitas.

La causa apunta a posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal cometidos por Fernando Samper y un exalto cargo de la cartera de Transición Ecológica, entonces dirigida por la socialista Teresa Ribera.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil otorga, de hecho, en su último informe a Samper un delito de cohecho -entre otros- al asegurar que entregaba "beneficios económicos a un funcionario público para asegurar resoluciones administrativas arbitrarias a favor de sus proyectos", en alusión a Eugenio Domínguez, también investigado en la causa.

Los investigadores explican que Forestalia tuvo un trato "privilegiado" en la tramitación de expedientes ambientales, obteniendo Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables a pesar de haber eliminado un gran número de deficiencias técnicas.

El presunto beneficio entregado, permitía al funcionario -Eugenio Domínguez- participar en la propiedad de las mercantiles promotoras cuyos proyectos él mismo debía autorizar o supervisar".

Pero es que, además, los agentes explican que una vez los cargos públicos abandonaban la Administración, Samper los contrataba con cargos directivos en el Grupo Forestalia, lo que a juicio de la Guardia Civil se interpreta como "una recompensa por los tratos de favor otorgados".

Hay que puntualizar también que el holding Fernando Sol y sociedades ligadas han compartido domicilio y operaciones con vehículos de la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo y con estructuras conectadas a Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

A través de sociedades como Sumelzo SA y otros vehículos eólicos, intercambian participaciones y cargos con Forestalia y empresas del entorno de Samper, configurando una red de sociedades pantalla para proyectos de parques en Aragón. La vinculación entre Forestalia y la familia Sumelzo se remonta, de hecho, al año 2017.

Los argumentos de la defensa de Samper

Aún con todo, la defensa del empresario solicita el archivo de la causa y, en caso de que el magistrado no lo decida así, al menos la suspensión del procedimiento hasta que se resuelvan determinados varios contenciosos-administrativos sobre los que tiene que decidir el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Consideran que ya se ha cumplido el plazo legal de un año de instrucción, que expiró en junio del año pasado, y que por tanto no está "justificado" que se mantenga más allá de esa fecha el procedimiento y, por ende, que se den por válidos los registros que se efectuaron después.

Sobre las presuntas irregularidades procesales, la defensa de Samper asegura que cuando el Ministerio Fiscal pidió la declaración de complejidad y la prórroga, en la causa no estaba incorporada ninguna diligencia pre-procesal, al margen de la denuncia inicial y que, además, lo hizo agarrándose a una legislación ya derogada tras la reforma del artículo 321 de la LECrim.

"No existía ningún motivo para decretar la prórroga de la instrucción, máxime cuando ésta se hace tan sólo 9 días después de la incoación", expresan mientras detalla que no había, por el momento, "ningún indicio" hallado sino meras "vaguedades y generalidades".

También expone que se han incorporado al procedimiento una serie de "diligencias e informes que no alcanza conclusión alguna, presentando las mismas un marcado carácter prospectivo" y que el Ministerio Público ha pedido a la Guardia Civil que investigue genéricamente "todos y cada uno de los aspectos relativos" a las licencias de Declaraciones de Impacto Ambiental sin ningún tipo de "concreción".

Para los penalistas de Samper, la Fiscalía y, por ende, el juez instructor han ordenado a los agentes que se investigue "todo (hasta los planes de pensiones y el consumo eléctrico) a ver qué sale".

La defensa mantiene, en cualquier caso, a lo largo de las más de 50 páginas del recurso, que la instrucción no ha obtenido "nada", solo "conjeturas y elucubraciones". Y todo ello, a "espaldas" de los letrados.

Así, sostienen que ninguno de los informes de la Guardia Civil aportó un indicio concreto suficiente para justificar una medida tan "invasiva", en referencia a los registros, que asegura va en contra de las garantías de seguridad jurídica.

Incluso, arremeten contra el Instituto Armado al alegar que pretenden justificar unos indicios en base a noticias periodísticas aparecidas en medios de comunicación y que ello no puede justificar "el allanamiento judicial de su domicilio particular ni profesional".