La CNMC abre expedientes sancionadores por el apagón tras detectar posibles incumplimientos en el sistema eléctrico
Cuando se acerca el primer aniversario del apagón del pasado 28 de abril, aún colea la asunción de responsabilidades. Tras el fundido a negro de hace un año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del denominado "cero eléctrico" y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica.
Como resultado de las investigaciones, el organismo ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Aunque no se han detallado públicamente las empresas afectadas, las pesquisas apuntan a fallos operativos y de supervisión que, en conjunto, habrían debilitado la estabilidad del sistema.
En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso formal para investigar dichos indicios mediante la incoación de expedientes sancionadores. Estos procedimientos se enmarcan dentro del análisis global del apagón, considerado uno de los mayores incidentes energéticos recientes en España. No obstante, el regulador subraya que los hechos objeto de estos expedientes no implican por sí mismos la atribución directa del origen o causa del apagón a las compañías implicadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.
El proceso se encuentra en una fase inicial y que la apertura de expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación. La duración de estos procedimientos puede oscilar entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de las posibles infracciones detectadas. Durante este periodo, las partes interesadas tendrán la posibilidad de presentar alegaciones y proponer pruebas en su defensa, conforme a la legislación vigente.
El apagón del 28 de abril dejó sin suministro eléctrico a amplias zonas del país durante varias horas, afectando a infraestructuras críticas, servicios sanitarios y redes de transporte. Desde entonces, tanto autoridades como operadores han intensificado la revisión de los protocolos de seguridad y respuesta ante incidencias de gran escala.
El conjunto del sector eléctrico coincide en que el incidente evidenció vulnerabilidades estructurales en la gestión del sistema, especialmente en un contexto de transición hacia energías renovables y mayor complejidad operativa. En este sentido, las investigaciones de la CNMC buscan no solo depurar responsabilidades, sino también contribuir a reforzar el sistema.
La decisión de Competencia coincide con las crecientes críticas cruzadas entre el Gobierno, organismos reguladores y operadores del sistema. La cuestión ha sido objeto de análisis en distintas comisiones parlamentarias, donde se han examinado tanto los aspectos técnicos como las decisiones políticas relacionadas con la planificación energética.
La comisión del Senado de España que ha investigado el apagón del 28 de abril de 2025 ha concluido que el Gobierno fue el principal responsable del incidente debido a una deficiente supervisión de la empresa pública Red Eléctrica de España (REE) y a su política energética. El informe aprobado apunta también a responsabilidades compartidas con la propia REE y con la CNMC, aunque exonera a las compañías eléctricas privadas.
Según el documento, el apagón "no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación". Esta conclusión refuerza la idea de que existían señales previas que no fueron atendidas adecuadamente por las autoridades competentes.